Columna de Óscar Contardo: Quién manda a quién

El 26 de enero de 2018 el general Gonzalo Blu, entonces jefe de Inteligencia de Carabineros, citó a la prensa en la escuela de la institución, allí leyó una declaración que cuestionaba el rol del Ministerio Público en la investigación de la llamada Operación Huracán. El general habló sin aceptar preguntas, mientras en Temuco, vehículos de carabineros le impedían el paso a la PDI para allanar la oficina de inteligencia involucrada en el caso. Las autoridades políticas permitieron que eso sucediera.

El general Blu hizo una deliberación pública, a contramano de cualquier lógica democrática de obediencia de la policía al poder civil. Frente a esa intervención el gobierno, en la voz del subsecretario del Interior del momento, pidió “no hacer juicios apresurados”. No hubo reconvención pública alguna al insólito discurso del jefe de inteligencia. Ninguna autoridad del entonces segundo gobierno de Michelle Bachelet censuró la puesta en escena de Blu, como tampoco lo hicieron cuando el general Bruno Villalobos le reprochó a la prensa que indagara sobre los fraudes cometidos dentro de Carabineros, una sangría de dineros públicos que ya se encumbraba en los 28 mil millones de pesos y de la que nadie se hacía responsable: “No hagan un festín” dijo Villalobos a los periodistas.

Para la policía uniformada el problema no eran las pruebas falsas, ni la chapucería mal disimulada como operaciones de inteligencia, tampoco un fraude que involucraba decenas de oficiales. Nada de eso era relevante para Carabineros. El verdadero problema eran las críticas a una institución que, cada vez más, parecía funcionar como un ente autónomo, ajeno al control civil, con una peculiar percepción de su rol en democracia y una cultura interna impermeable al escrutinio del entorno o los contrapesos de poder; una organización vacía de todo ejercicio orientado a rendir cuentas de sus actos de frente a la autoridad política y a la opinión pública.

Con el correr de los meses, tanto el general Blu como el general Villalobos debieron comparecer ante la justicia. Blu enfrenta cargos por asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y obstrucción a la investigación simple y calificada, mientras Villalobos está imputado por el delito de cómplice de aplicación de tormentos con resultado de muerte en contra de Patricio Manzano, en un caso que se remonta a la dictadura.

Desde hace décadas, frente a cada crisis en Carabineros, las autoridades repiten un mismo guion que parte por el silencio y acaba en una frase hecha que suena a punto final de cualquier discusión: Carabineros cuenta con nuestro total respaldo. Pese a todos los signos de alarma, durante el pasado gobierno en lugar de un mayor control sobre Carabineros, se les concedió más poder: el programa de entrenamiento conocido como Comando Jungla y el control de identidad preventivo fueron impulsados durante el primer y el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.

Así fue como llegamos al asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018 y a los cientos de casos de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante las jornadas de protestas que siguieron al estallido de octubre de 2019. Por cada informe de organismos internacionales que acreditaban todo tipo de abusos en contra de centenares de personas, el libreto del gobierno de Sebastián Piñera fue el habitual; primero el silencio o la negación, después el respaldo a la institución policial.

Mientras que parte de la oposición no se cansa de repetir que esto no da para más, vemos que, lamentablemente, siempre da para más. Los ejemplos están a la vista: un adolescente que, en medio de una persecución policial, cae desde un puente al lecho seco del Mapocho; un hombre que luego de un control de identidad acaba muerto con seis disparos en el cuerpo en el centro de un pueblo en donde todos lo conocían; un muchacho acaba suicidándose en un calabozo bajo la custodia de una autoridad policial que sólo sabe encogerse de hombros cuando le exigen explicaciones por no haber prevenido esa muerte.

Tal como ocurrió con el general Blu, esta semana la última palabra la tuvo nuevamente Carabineros, que en otro gesto más de su total independencia de facto del poder civil, dio a conocer públicamente su molestia por las declaraciones de una ministra que dijo en una entrevista radial que la actual policía necesita “una suerte de refundación”. En lugar de guardar silencio, como lo dispone la Constitución, la policía uniformada ventiló su “incomodidad” por las declaraciones de la ministra; lo hizo como quien advierte a los niños de la casa que deben andar de puntillas y en silencio si no quieren despertar al ogro de su siesta y enfrentarse a su furia, o como si Carabineros no estuviera al servicio de todos los chilenos y chilenas, sino sólo de aquellos que entienden su labor como una función ajena a toda crítica y blindada por la impunidad.