Columna de Héctor Soto: Contra el tiempo

Barricadas en Valparaiso. FOTO: SANTIAGO MORALES/AGENCIAUNO

La teoría de que la violencia iba a ceder si el país era capaz de abrirse a una agenda social poderosa y a acuerdos políticos significativos terminó haciendo agua.


En las últimas semanas, al menos en tres ocasiones, el país ha estado al borde del abismo. Pueden haber sido más, y no sabemos. La crisis, no obstante que el sistema político salió del inmovilismo en que estuvo por años, sigue descontrolada en lo que toca al orden público, y lo cierto es que ni los partidos ni el grueso de la población están reaccionando con mucha alarma ante el deterioro de la situación. Es cierto que algo se movieron las agujas esta semana. Ocho senadores de la centroizquierda se unieron a la bancada oficialista del Senado en una declaración que en la práctica le recordó al Presidente las facultades que el orden constitucional le confiere para mantener el orden público. Sin ser muy enérgico, el pronunciamiento al menos admite que en ese plano hay problemas. Por otro lado, también es verdad que son cada vez más los ciudadanos abrumados por la violencia, aunque la mayoría, hasta donde se sabe, todavía les sigue brindando un apoyo atendible si no mayoritario a las protestas.

¿Significa esto que el país podría ir camino de normalizar sus actividades, verbo muy aporreado en estos días, tanto por el buenismo como por la corrección política en algunas de sus expresiones más nauseabundas? No, no está claro. El problema es que estos dos cambios -el de la política y el de la percepción social- han sido lentos. Lentos, sobre todo, en relación a la dinámica de la violencia, que no solo va más rápido, sino que, a la inversa de las manifestaciones pacíficas, sometidas al desgaste, se nutre de sus propios furores. Así las cosas, mientras la oposición apenas reacciona, en gran medida porque los políticos solo quieren salvarse ellos, y mientras la gente se demora en pasar de la complicidad emocional al rechazo categórico, la alianza establecida entre vándalos, narcos y lumpen con el anarquismo político se soba las manos, porque significa que la cancha seguirá estando libre para la impunidad.

Es comprensible que el gobierno haya querido comprometer al Parlamento en la decisión de apelar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de la infraestructura crítica. Se entiende menos que los parlamentarios hayan preferido lavarse las manos en esta pasada con subterfugios de fondo o forma. Hay ciertamente algunos riesgos asociados a esta decisión. En estas materias -huelga decirlo- nadie tiene la suerte comprada y nada impide que aquello que fue pensado para mejor pueda terminar empeorando las cosas. Nadie lo puede saber de antemano. Lo que sí se sabe -y con frecuencia se olvida- es que si no se corren riesgos y no se hace nada, el país entero puede quedar expuesto al riesgo ciertamente mayor de la violencia y el caos.

Hoy por hoy, el gobierno está con muy poco margen para prevenir ese escenario. Es más: sube y sube el costo de no actuar a tiempo. Es verdad que cuando se llama a los militares después ya no quedan muchos otros recursos. La sensatez agradeció que el pasado martes 19 de noviembre el Presidente no reimplantara el estado de emergencia, porque eso dio espacio a que el mundo político alcanzara el acuerdo por la paz social y la Constitución de la madrugada del viernes 22. Fue un acierto a la luz del resultado. Sin embargo, como la violencia ha continuado y las policías siguen sobrepasadas, el tiempo se está acabando. La Moneda sabe que tiene un costo sacar a las FF.AA. de sus cuarteles, así sea que solo para resguardar infraestructura. Pero el precio de no sacarlas podría llegar a ser en las encuestas incluso mayor, porque, como lo comienza a sentir un sector creciente de la población, no hay peor atentado que el matonaje y la barbarie contra la justicia y la convivencia democrática.

La teoría de que la violencia iba a ceder si el país era capaz de abrirse a una agenda social poderosa y a acuerdos políticos significativos terminó haciendo agua. El vandalismo y la violencia política se mueven en otra frecuencia y -que nadie se haga ilusiones- es ahí donde el Estado tendrá que contener, reprimir y aplastar, con los instrumentos de la legalidad democrática y el debido respeto a los derechos humanos, por cierto.

Se ha dicho muchas veces que de esta crisis no se sale solo con la fuerza. Pero día que pasa pone de manifiesto la otra cara de esa verdad: que sin fuerza todo el resto, por bienintencionado que esté, no es otra cosa que música. Puesto que en estas semanas se están adoptando definiciones muy comprometedoras para el futuro del país, es hora de tenerlo presente. Hasta aquí, por distintas razones, la condena a la violencia de la clase política ha sido más bien tibia. Los medios y las redes sociales se inflaman más con la violencia de la represión que con la de la sublevación. Y la acción de las autoridades para hacer cumplir la ley no está siendo efectiva. ¿Alguien cree que algo bueno para Chile podría salir de esta correlación?

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