Columna de Max Colodro: Designios

Ha sido una de las familias más influyentes de la política nacional del último medio siglo. Padre e hijo, presidentes de la República, además de diversos cargos públicos y posiciones de poder ocupados por ellos y otros integrantes. Con el tiempo, el apellido Frei pasó a ser un sello de influencia, de moderación y sobriedad, en una época donde la política era arrastrada por el fervor ideológico, la división y la intolerancia. Quizá la única gran "mancha" en la historia familiar -el respaldo explícito del expresidente Frei Montalva al golpe de Estado- pudo ser finalmente atenuada por el proceso judicial que lo convirtió en víctima del primer magnicidio cometido en Chile, por la misma dictadura que en sus primeros momentos defendió con ahínco.

Ese juicio fue, sin embargo, el catalizador de profundas diferencias entre los hijos del fallecido mandatario, origen de convicciones y matices que se gestaron al calor de los antecedentes evacuados por el juez instructor. Al final, esos contrastes intrafamiliares llegaron a ser también expresión de las múltiples dudas que el fallo de primera instancia dejó en el ambiente. Un caso donde la necesaria distancia entre la verdad histórica y el interés político se fue haciendo con el tiempo peligrosamente estrecha.

Ahora la familia se ve golpeada por un quiebre de otra naturaleza, uno donde están en juego el patrimonio económico y la lealtad entre hermanos; fraude, falsificación de instrumentos financieros, estafa, apropiación indebida; conceptos que han estado demasiado cerca de la política en los últimos años y que este caso viene inevitablemente a reforzar. Para una sociedad sumida en la desconfianza y el descrédito institucional, no es muy difícil llegar a la convicción de que "aquí nadie se salva", que tarde o temprano, de un modo u otro, todas las personas vinculadas a la política lo están también a algún tipo de irregularidad en la administración de los recursos, públicos o privados.

Como toda generalización, ella carga sin duda con una buena dosis de injusticia, pero lamentablemente la opinión pública funciona en base a generalizaciones, que se nutren de hechos que tienden a repetirse en el tiempo. Es cosa de mirar lo que ocurre en la Iglesia Católica, donde la proliferación de denuncias y evidencias sobre abuso sexual tiene hoy a los sacerdotes convertidos en integrantes de una banda criminal, y donde la desconfianza hace cada día más difícil distinguir entre inocentes y pecadores.

El mismo proceso está ocurriendo en la actividad política: antecedentes que se reiteran una y otra vez, síntomas que confirman y reafirman que el espacio público inexorablemente se transforma en una cueva de piratas: ministros de corte destituidos, altos mandos del Ejército y Carabineros procesados, fiscales suspendidos, políticos y empresarios que lograron salir impunes a pesar de las múltiples evidencias de financiamiento irregular de campañas y actividades políticas. La situación vivida por el PS a raíz del caso San Ramón ha llegado todavía más lejos.

Más allá del drama y el dolor que hoy recorre a la familia Frei Ruiz-Tagle, este caso solo viene a reforzar una extendida convicción, como otro signo de un tiempo donde la política ha caído en una delicada espiral de deterioro. El daño para las instituciones y la confianza pública es aún imprevisible, pero la experiencia comparada no deja mucho margen para el optimismo.