Juan Peribonio: “La corrupción en Chile es una pandemia que daña el alma de la convivencia social y destruye instituciones”

El presidente del CDE aborda los desafíos que ha debido afrontar el organismo tras el estallido social. Dice que si bien hay delitos de violaciones a los DD.HH., en ningún caso fueron sistemáticos y se abre a llegar acuerdos indemnizatorios con las víctimas. Sale en defensa de sus compañeros consejeros y asegura que el cargo no es botín para pagar la lealtad a los gobernantes.




“Las cuantías de los juicios que el CDE debe defender en demandas que se presentan contra el Fisco son de $ 20 mil millones de dólares, es decir, si logramos defender esos dineros del erario fiscal, eso redunda en que se puedan construir en Chile 112 hospitales de alta complejidad. ¿Se da cuenta la labor fundamental que tenemos?”, pregunta Juan Peribonio, quien desde el 14 de abril de este año se convirtió en el trigésimo primer presidente del CDE.

Con pasado como director del Sernac, acostumbrado a pautas mediáticas y a educar a los consumidores, hoy -confiesa- ha debido bajar el perfil. “No por eso hemos dejado de actuar, este año en particular, con decisión, coraje, con personalidad y sin amilanarnos frente a quienes tenemos en frente”, dice, y revela que hace pocos días decidieron querellarse contra quienes resulten responsables en la comisión de un fraude al Fisco que involucra 22 millones de dólares por sobreprecio en la adquisición de seguros en la División Chuquicamata y Radomiro Tomic. “Imagínese lo que es accionar penalmente por hechos ocurridos al interior de la primera empresa pública de producción de cobre del mundo, pero tenemos que hacerlo, la ley nos obliga”, sostiene.

A ocho meses de asumido, Peribonio analiza el estado actual del CDE y enfrenta las críticas de quienes han dicho que el organismo se ha convertido en un “premio” para pagar las lealtades a los jefes de Estado de turno.

Tuvo que asumir la presidencia del CDE en medio de una pandemia, ¿cómo le ha ido con eso?

Ha sido difícil, como para todos, un año de adaptación, pero en concreto, los funcionarios han hecho frente de forma eficiente y eficaz la defensa de los derechos del Fisco. Los ingresos de causas prácticamente no han bajado en comparación al año pasado, pese a la pandemia, se han judicializado más ciertas acciones y hemos tenido que enfrentar los litigios a distancia, las dificultades probatorias que eso implica, pero acá hay un desafío mayor y nosotros tenemos que seguir esa posta que hace 125 años, en los albores de la República, nos entregaron quienes comenzaron a defender con éxito los intereses del Fisco y del Estado. En eso nuestros funcionarios han sido vitales.

Hubo una ola de recursos de protección en contra del toque de queda, ahí el CDE ganó casi todas las acciones…

Fue así, tras el estallido, que hemos tenido que defender las potestades y atribuciones legales de las autoridades y organismos públicos cuando se presentaron recursos de protección y amparo por la declaración de estado de excepción, el toque de queda, y hemos obtenido un 98% de fallos favorables al interés del Estado. Incluso, ahora con el Covid-19 las medidas sanitarias, cuarentenas, restricciones de barreras sanitarias y otras medidas adoptadas han sido impugnadas en tribunales y el CDE ha tenido que salir a defenderlas. Hipotéticamente, si no fuera por nuestra actuación, ya que hemos ganado más del 80% de estos recursos, tal vez hoy no habría plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

En el caso del estallido social, ¿cuál es el rol que han jugado ustedes en los casos por violaciones a los derechos humanos?

Creo que hemos tenido un rol activo y relevante persiguiendo a aquellos funcionarios que cometen delitos y nos hemos querellado prácticamente desde el primer mes que ocurrieron estos hechos; en noviembre de 2019 presentamos la primera querella que fue justamente por torturas. Ahora nosotros no somos el actor principal en estos delitos, actuamos en defensa de la institucionalidad y en contra de los agentes que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, pero quien investiga es la fiscalía y el principal querellante ahí es el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Ustedes han presentado 19 querellas por violaciones a los DD.HH. y más de 60 acciones por el delito de daños a bienes fiscales, pareciera que hay un rol más activo en perseguir lo segundo. ¿Es así?

En rigor, en casos de DD.HH. hemos presentado 19 acciones criminales, ya que son 16 querellas y tres ampliaciones y que equivale al 25% de los casos que el Ministerio Público ha formalizado, y en eso yo quiero destacar la agilidad con la que hemos actuado. Ahora en el delito de daños es distinto, ya que es nuestro deber legal es ejercer la acción penal. En este tipo de delitos somos el actor principal, porque el Estado es la víctima, cuando se ataca bienes de uso público, iglesias patrimoniales, porque son de propiedad del Estado, son de propiedad de todos. Si no lo hace el CDE, no lo haría nadie, pero eso no quita que también haya un rol activo en buscar castigo para aquellos agentes que cometan delitos.

Al revisar los antecedentes, ¿qué opinión tiene? ¿Hubo violaciones a los derechos humanos? ¿Son masivas y sistemáticas como se ha planteado en un sector político?

Hay casos de delitos que pueden ser constitutivos de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, el delito de tortura. Y ese es el motivo por el cual hemos presentado querella y en esos casos se da que, estando privadas de libertad, personas son maltratadas, golpeadas, lesionadas y eso es una situación intolerable, inaceptable. Ahora, a mi juicio, no son sistemáticas, ni masivas. El criterio que hemos adoptado es intervenir en los casos más graves, cuando el delito ha tenido una consecuencia dañina para la víctima, cuando esos policías han adulterado pruebas y por eso son casos puntuales y no una generalidad, porque, además, le repito, aquí los llamados a perseguir penalmente estos actos son la fiscalía y el INDH.

Y de los antecedentes que ha revisado, ¿vislumbra una responsabilidad de mando en que el CDE se pueda querellar?

Nosotros analizamos los hechos que constan en una investigación y ejercemos la acción cuando corresponde y cuando el hechor está identificado y ahí somos implacables. Hasta el momento, nuestras acciones han sido ejercidas en base al mérito de los antecedentes de cada caso.

Se lo pregunto porque la fiscalía investiga el delito de lesa humanidad en que están imputados exministros y el propio Presidente Piñera. Si se decide imputar, ¿podría el CDE que querellarse contra el Presidente?

Técnicamente, en abstracto, el CDE nunca puede descartar a priori ningún escenario. Nosotros lo que hacemos es estudiar los antecedentes con la objetividad y con el criterio técnico que estas materias exigen. Hipotéticamente, en el evento de que nos lleguen antecedentes los estudiaremos y analizaremos con el mismo estándar que siempre lo hemos hecho. No voy a especular tampoco cuáles son los pasos que dé el Ministerio Público, pero técnicamente hablando, cualquier ciudadano de este país es sujeto pasivo de una eventual acción del CDE, y eso incluye a sus autoridades.

¿Qué va a pasar con las demandas de las víctimas de violaciones a los DD.HH. y las reparaciones a víctimas de trauma ocular?

Hasta el momento nos han notificado siete demandas civiles por daños, en el marco de esta refriega o estallido social. Nosotros, evidentemente, defenderemos los intereses del Fisco con la misma energía con la que siempre lo hacemos.

El caso Mulet

Llevándolo a otro tema, hace pocos días se conoció la condena al exsenador Jaime Orpis por fraude al Fisco y cohecho, ¿cómo evalúa ese término del juicio Corpesca?

Suena majadero, pero el CDE es un organismo técnico y debe actuar frente a un funcionario público que comete delitos sin mirar su color político, y eso es lo que venimos haciendo, y nuestra intervención fue vital. Clave, porque nuestra querella interrumpió la prescripción de los delitos y porque siempre levantamos la hipótesis de que había un fraude al Fisco reiterado, lo que fue acogido por el tribunal. A eso súmele que obtuvimos, junto al Ministerio Público la primera condena en juicio oral por Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el rol del CDE ha sido importante para combatir estos delitos.

Ahora falta la sentencia, ¿usted espera que el tribunal otorgue una pena efectiva al exsenador Orpis como una forma de dar una señal contra estos delitos?

Como todos, debemos esperar la sentencia, se trata de delitos graves y una de las funciones de la condena es justamente la disuasión, y en ese sentido hemos pedido penas acordes. Obviamente nos interesa que en este tipo de delitos, más allá de quién sea el autor y el condenado, más allá de la persona, la justicia tiene que ser muy rigurosa y, desde luego, aplicar el máximo rigor posible, porque son hechos muy graves. La corrupción en Chile es una pandemia que daña el alma de la convivencia social y destruye instituciones.

¿Cuáles son los principales casos de corrupción que tramita el CDE hoy?

Nosotros en la actualidad tenemos 1.450 causas relativas a delitos de corrupción, ya sea por cohecho, soborno, malversación, fraude, etc. La corrupción siempre ha estado, y siempre va a existir, pero lo que tenemos que hacer como sociedad es justamente robustecer el ordenamiento jurídico que la combate, como es el CDE. Ahora tenemos pendiente el juicio oral de Soquimich contra Pablo Longueira; recientemente nos querellamos contra el senador Manuel José Ossandón, por tráfico de influencias, y también lo hicimos con el diputado Jaime Mulet, que es un caso dramático, porque dice relación con un conjunto de conductas de corrupción en la Municipalidad de Tierra Amarilla. Ese caso creo que es un récord inédito que no se había presentado nunca, en un mismo periodo dos alcaldes en prisión preventiva.

¿Por qué es un récord inédito?

Ese caso hizo necesariamente que el Consejo Defensa del Estado debía intervenir. Acá lo que se determinó es que mediante la utilización de un daño ambiental real causado por una minera, se inició un proceso judicial artificial por daño ambiental, que generó el escenario propicio para exigir un pago de siete millones de dólares a cambio de terminar con el juicio. Es decir, en lugar de obtener recursos para reparar el daño ambiental, el pago fue a parar a manos particulares. Por eso, el CDE intervino en esta operación muy sofisticada, porque se hizo utilizando un daño ambiental en la Región de Atacama, y se termina mediante el pago en una transacción ilegal y abiertamente contraria al ordenamiento jurídico y constitutiva de delito, entre otros de fraude y cohecho, porque lo menos que ocurrió fue la reparación del medioambiente. Los querellados son varios, y en el caso del diputado se detectó su participación cuando era abogado asesor de la municipalidad, y estimamos que su rol fue directo y crucial desde el inicio.

En el proyecto de modernización del CDE se apunta a sus estructuras, pero no se obliga a los consejeros a tener exclusividad en su labor. ¿Cuál es su opinión?

Mi postura es que los consejeros tengan atención prioritaria, pero no exclusiva, porque el CDE se tiene que enfrentar a los más grandes estudios jurídicos del país, sofisticados, que ocupan sus mejores herramientas en litigios contra el Estado y pienso que un abogado exclusivo se puede ver anquilosado y para mí nuestros abogados deben ser los mejores, tener experiencia en el ruedo jurídico y enfrentarse de igual a igual.

Ya que menciona la experiencia, el nombramiento del exministro Alberto Espina como consejero generó molestia incluso entre los propios abogados del CDE, que reclaman que este puesto se ha convertido en un premio a las lealtades al Presidente. ¿Qué opina de eso?

Mire, el requisito que exige nuestra ley orgánica dice que tenga experiencia de 15 años de ejercicio de la profesión de abogado y la profesión de abogado es muy amplia, variada y abarca muchas materias, y todos los consejeros que han sido nombrados por distintos presidentes cumplen con ese requisito. Yo, como presidente del CDE, no tengo la atribución para cuestionar una decisión presidencial.

Pero entiende el malestar de sus propios abogados que trabajan día a día con usted…

Lo puedo llegar a entender, porque comprendo lo que se denomina la carrera funcionaria. Creo que los presidentes de la República en general han tenido la visión de incorporar a este Consejo personas con distintas miradas, con distintas especialidades, con distinta percepción o filosofía de vida, que lo que hace es precisamente enriquecer la labor colectiva. Para mí no es un premio a la lealtad, es la designación de una persona con sus propios atributos y experticia, y todos los consejeros cumplen dicho requisito.

Volviendo al tema del dinero y cómo en un año de austeridad va a ser relevante el dinero que el CDE recupere de los grandes fraudes en el Ejército y en Carabineros, ¿cómo va eso?

Estos casos son corrupción pura y dura, y se lo digo con responsabilidad; al interior de estas instituciones obraron durante muchos años en total impunidad verdaderas organizaciones criminales y en que participaron generales e incluso los comandantes en jefe. No es justo que por unos pocos se enlode el prestigio y sacrificio de miles de funcionarios que trabajan en dichas instituciones. Gracias a gestiones del CDE en materia civil en el caso de Carabineros hemos recuperado, mediante medidas cautelares reales, 3.500 millones de los 28 mil defraudados, parece poco, pero tenemos fe en que lograremos más. En el caso del Ejército, que lleva la ministra Romy Rutherford, tenemos embargados 20 inmuebles por un avalúo sobre los dos mil millones. Sé que frente a los desfalcos pueden parecer cifras discretas, pero cada uno de esos pesos que recuperamos por actos de corrupción que, se lo digo, son vergonzosos y repudiables, se logra construir un hospital, pagar una educación de un niño o niña que no puede, o darle recursos de calidad, entonces en estos 125 años y en los que vienen el CDE no claudicará en la defensa patrimonial del Fisco, de hecho, debe ser protegida con mayor fuerza, porque cada peso que se desvía del Estado producto de un delito de corrupción significa el desmedro de una política social, de una política pública que ayuda a los más vulnerables y eso no lo vamos a tolerar.D

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