¿Cabildos en el Ministerio Público? La idea de Abbott que los fiscales regionales resisten de cara al proceso constituyente

“Desarrollar un proceso informado y de carácter participativo para alcanzar una postura institucional sobre las principales materias que deberían modificarse, mantenerse o incorporarse en la nueva Constitución”, se lee en una de las láminas de la presentación que la Fiscalía Nacional hizo algunos días y que busca consensuar una postura institucional del Ministerio Público, a través de cabildos en que participen fiscales y funcionarios, sobre las principales materias que deberían mantenerse o incorporarse durante el proceso constituyente y que atañen al organismo responsable de la persecución penal en Chile.

La iniciativa de inmediato generó ciertos resquemores en los fiscales regionales. Uno de los primeros en levantar la mano y expresar su preocupación fue el jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, quien expresó que en instituciones jerarquizadas, como es el caso, es necesario que haya una sola voz institucional y esa es la del fiscal nacional Jorge Abbott. Este último, dicen fuentes consultadas, apoya la idea de recoger las inquietudes de todos los estamentos de la Fiscalía de Chile, en el entendido que se trata de una discusión histórica que no se puede hacer de espaldas a todos los integrantes de la institución que dirige.

Campos, en un correo a sus pares, profundizó en su análisis y expresó que “sin perjuicio de agradecer las instancias de diálogo que se puedan crear y aperturar, es necesario dejar en claro que estas como otras materias son propias del Consejo General”, en la que “cada uno de los fiscales regionales pueden formular sus planteamientos y observaciones a su respecto, a objeto que el señor Fiscal Nacional adopte lo que en derecho corresponda y lo mejor para nuestra institución y su funcionamiento”. En ese sentido, expresó el fiscal regional de Magallanes, “el planteamiento que se nos invita a opinar se debe mirar con cuidado y cautela, creemos de justicia que no es adecuado para un órgano autónomo como lo es el Ministerio Público”. Sus razones, sostuvo, es que primero son “un organismo autónomo cuyos funcionarios públicos, no deben hacer análisis público sobre la contingencia nacional. Sin perjuicio, que a nivel institucional pueda existir una opinión o una postura ante consultas realizadas por la Asamblea Constituyente”. Agregó que a su juicio “nuestro sistema procesal penal es muy noble y recién hemos alcanzado la mayoría de edad, es decir, es una de las instituciones del país más joven, que muchos y muchas durante varios lustros discutieron sobre la materia y del Ministerio Público, con Fiscales Nacionales anteriores como de toda la institución con posturas que han sabido mantenerse hasta la actualidad. Creo necesario que eso no se debe perder y lo debemos fortalecer”.

En una línea similar, el fiscal regional de la zona metropolitana Oriente, Manuel Guerra, se manifestó, en esa reunión, de acuerdo con la postura de Campos en el sentido de criticar la metodología, no el que en alguna instancia se pueda recoger inquietudes del resto de los estamentos. Quienes estuvieron presentes sostuvieron que el investigador cuestionó que la discusión se lleve a una especie de “asambleísmo” en que después una mayoría va a querer que el fiscal nacional respete lo acordado en las bases, una especie de democratización de la postura institucional que a su juicio no se condice con lo que expresa la propia ley orgánica que los rige. De hecho, quien es la voz ante los proyectos legislativos y entrega las posturas del Ministerio Público es Abbott asesorado por el consejo general de fiscales regionales. Muchas veces, advierten al interior del organismo, las posturas del fiscal nacional han sido muy diferentes a la de los gremios ante diversas discusiones en el Congreso, por lo que abrir esta idea de “los cabildos” es una postura que ha encontrado pocos apoyos en el consejo general del Ministerio Público.

Otras de las voces líderes al interior del consejo es el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien sostuvo, según algunos presentes, que era bueno el fondo de la idea, pero no a través de un sistema llamado “cabildos”. Sus razones fueron similares a las de sus pares en el sentido de que el Ministerio Público es un órgano jerarquizado en el que solo habla el fiscal nacional y en el que cualquier deliberación debe ser vista con un insumo para que él tome la decisión final que estime pertinente. Armendáriz es de la idea de hacer una ronda de consultas breve y solo una vez que ya estén elegidos los constituyentes, pero hacer entender que cualquiera sean las conclusiones de ese ejercicio serán para ponerlas a disposición de Abbott para que él determine la posición del Ministerio Público que será las definitiva y la única.

Otro que reaccionó fue el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien a través de un correo expresó que “frente al proceso de discusión interna que se propone, por el presente acto vengo en manifestar nuestros reparos a fin de que se tengan en consideración, previo a adoptar cualquier decisión al respecto. Efectivamente, nuestro país se encuentra dentro de un tránsito fundamental en su vida republicana con miras a la redacción de una nueva Constitución Política, instancia en que por cierto el Ministerio Público debe tener un rol fundamental en aquellos aspectos de rango constitucional que lo involucran. Sin embargo, nos parece que los objetivos generales propuestos en este proceso exceden el marco y la forma en que se deberían abordar dichos aspectos por parte de nuestra institución”. En ese sentido, reflexionó, no era la primera vez que se les requiere una opinión frente a aspectos claves de su servicio, “las cuales se han canalizado a través de las distintas fiscalías regionales, pero siempre bajo la supervisión del Fiscal Nacional a través de sus Unidades especializadas y asesorías, quienes con dichos insumos han sabido representar con éxito los intereses del Ministerio Público en las instancias respectivas, por lo que no vemos el sentido de variar incorporando aspectos que no se condicen con nuestro carácter jerárquico ni con el objeto de nuestras funciones, como por ejemplo la realización de cabildos. La actividad del Ministerio Público es estratégica y sensible, y por tanto debe estar ajena a cualquier interés que no sea la eficiencia y eficacia de la persecución penal y protección a víctimas y testigos”.

Tras el debate en la reunión de Abbott y sus fiscales regionales, el 15 marzo, se decidió seguir recibiendo las propuestas y comentarios de las regiones sobre cómo concretar la participación, por lo que aún el tema “cabildos” no estaría zanjado. Se espera que la próxima semana ya haya una determinación al respecto.

Ante la controversia, desde la Asociación Nacional de Fiscales sostuvieron que “no somos indiferentes a la discusión constitucional que se avecina, por lo que desde el año 2020 ya hemos hecho actividades internas convocando a académicos y asociados para profundizar en los temas relevantes para nuestro gremio y seguiremos haciéndolo para consensuar la postura de los fiscales adjuntos en materia constitucionales”.

En ese sentido dicen que lo que a ellos les importa es “la independencia del Ministerio Público, la prescindencia política y la autonomía de los fiscales para llevar adelante sus investigaciones. Además de adherir a otros como el respeto y fortalecimiento de la carrera funcionaria”. Agregaron que “en los planes a mediano plazo está la organización de actividades e instancias de discusión que nos permitan tener un planteamiento desde las bases del Ministerio Público traducido en un documento oficial con lo que esperamos del proceso constituyente”.

Al interior de la ANF se encuentra en desarrollo una encuesta a cargo de una reconocida consultora para establecer con precisión cuáles son las necesidades de nuestros casi 700 asociados. “Estas medidas que tomamos como ANF son esenciales para tener una evaluación que incluya los intereses, propuestas y opiniones de todos los fiscales que integran la Asociación”, dijeron.