*Esta columna está escrita en conjunto con Natalia Silva, Fundación Fútbol y Sociedad.

El pasado miércoles 5 de febrero se cumplió una semana de la muerte en manos del Estado del hincha de Colo-Colo Jorge Mora, alias el "Neco", a la salida del Estadio Monumental. Se trata del primer muerto desde que se diera inicio en el año 2011 -durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera- al Plan Estadio Seguro (PES) dependiente del Ministerio del Interior, que prometía erradicar la violencia de los estadios en 18 meses. A la luz de los hechos recientes, podemos ver cómo la gestión de la seguridad en los estadios durante el segundo gobierno de Piñera, no sólo no erradicó la violencia de los estadios, si no que la aumentó.

Durante el periodo 2014-2018 se realizó una amplia evaluación del Plan que permitió: ampliar el foco de la intervención desde el control policial, hacia la prevención; modificar la ley 19.327, que estableció funciones claras para Carabineros - resguardo de la seguridad con la colaboración de la seguridad privada-; exigir que los jefes de seguridad estuviesen acreditados; establecer coordinaciones con el Consejo de Europa para desarrollar un planteamiento integral de la protección, seguridad y servicio en los partidos de fútbol; crear el Departamento de Eventos Masivos y Deportivos (OS-13) de Carabineros; coordinar al sistema de inteligencia en una fuerza de tarea exclusiva después del escándalo Wanderers vs. Colo-Colo; crear un protocolo de derecho de admisión para que su uso no fuera discrecional por parte de los clubes; aumentar la asistencia de público en los recintos deportivos; regular la fiesta al interior de los estadios; diseñar un Plan de Formación en Ciudadanía Deportiva que tuvo como piloto a la comuna de Peñalolén -porque el fenómeno de las barras bravas nace en las comunas-; y consolidar la coordinación entre las instituciones a cargo de programar los partidos (ANFP) y de supervisar el cumplimiento de la ley (Carabineros). Todo, con el fin de prevenir, responder y responsabilizar.

Sin embargo, lo que hemos podido evidenciar esta última semana es que Estadio Seguro no previene los incidentes totalmente predecibles, no responde de manera proporcional a los riesgos, ni responsabiliza a los actores. Enorme retroceso.

¿Qué ha hecho el Plan Estadio Seguro del Ministerio del Interior en estos días? Mostrar, como responsables del Estado, indolencia frente al homicidio de un hincha. La seguridad de las personas, tanto al interior de los estadios, como en el perímetro a un kilómetro a la redonda, en el transporte, en la relación con los vecinos de los estadios, es responsabilidad política de Estadio Seguro. Para eso, el Estado destina un presupuesto anual de 714.175 millones de pesos para financiar una burocracia estatal a cargo de supervisar cada espectáculo de fútbol profesional. ¿Qué hicieron que sirviera? ¿Evaluaron que el campeonato sería escenario de protestas contra el presidente y contra la violencia institucional? ¿Qué medidas de mitigación exigieron tanto a la seguridad privada como a la seguridad pública? ¿Qué tono policial le exigió el escondido jefe del Plan, Cristóbal Lladser, al Mayor a cargo del servicio que posibilitó que un camión de traslado de caballería atravesara una masa de personas protestando?

De milagro no hubo más muertos. Tampoco hubo restablecimiento del orden público, hubo vacío en la conducción y control civil de las policías. El Jefe de este plan, al igual que sus jefes, el subsecretario del Interior y el Ministro, renunciaron a entregar seguridad al país. Ya lo vimos durante las protestas, en cómo dejaron caer la PSU y ahora en los estadios. Su silencio como responsables políticos es cómplice del aumento de la violencia incluso a costa de empujar a Carabineros a un precipicio culpándoles de la seguridad.

Urge prevenir, una vez más, los incidentes con profesionalización de la prevención policial, con más inteligencia -desarticulada por el gobierno para el caso del fútbol luego del escándalo del caso Huracán – y con mayor comprensión del fenómeno social que se tomó las calles y las canchas. Urge, una vez más, que la seguridad privada entienda que su profesionalización no pasa por privatizar el rol de Carabineros en el orden público ni disfrazarse de Fuerzas Especiales. No se trata de sustituir y copar de manera espectacular con robocops los estadios con ex funcionarios de Carabineros. Se trata de tener un dispositivo de seguridad privada por fase, que establezca diálogo y levante riesgos con los hinchas, reconozca y permita la libre expresión al interior de los estadios, medie conflictos, y en último lugar, intervenga de forma coayudante a la seguridad pública, no sustituyendo su rol. Rol que dicho sea de paso, debe ser refundado. Estos son los verdaderos problemas de gobernabilidad en el fútbol, no las bengalas por las cuales años atrás pedían renuncias por la prensa. Por mucho menos quienes hoy Gobiernan pedían la renuncia del jefe del plan durante el Gobierno de Bachelet y hoy, guardan un profundo silencio, a pesar de que hay un muerto.

Finalmente, es deber de la oposición no permitir que los partidos de fútbol se conviertan en el nuevo cementerio de la protesta social. El campeonato no debe ni puede continuar hasta que el gobierno logre ejercer control sobre los privados y sobre Carabineros. Las autoridades políticas deben salir del escondite, asumir su fracaso y dar un paso al costado. No autorizar el partido de Colo-Colo en el Estadio Bicentenario de La Florida es insuficiente. Así como tampoco es correcto y legal el bloqueo de la totalidad de las y los hinchas de la galería sur del Estadio Nacional.  Son medidas desesperadas y erróneas frente a la incapacidad de el gobierno y la ANFP. El campeonato debe ser suspendido.  Es deber moral de la oposición exigir su suspensión y no permitir otro "Neco", otro hincha muerto por la incompetencia y la decisión de un Gobierno de dejar de gobernar.