El constituyente “indignado”

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO




Es muy temprano. Las calles de Santiago recién comienzan a mostrar su actividad habitual. Nuestro convencional constituyente aún duerme placenteramente en su escritorio del Palacio Pereira. Sabe que debe ir a las oficinas del ex Congreso Nacional para la sesión de la Comisión de Ética.

Se están discutiendo temas importantes y no quiere llegar atrasado. Se lleva consigo las carpetas con los aportes de la tía Pikachu y del dinosaurio azul…. ¿Cómo se llamaba? Ah sí, el “Dino Azul”.

Mientras camina rumbo al hemiciclo, nuestro constituyente medita su calidad de representante del PUEBLO. Se siente la encarnación misma de la lucha social, de la democracia, de los valores trascendentes acuñados por la humanidad desde los inicios de la Revolución Francesa. Robespierre, Marat, Danton… qué podemos envidiarles. Nosotros también tuvimos nuestra propia “toma de la Bastilla”, sí señor, cuando quemamos el quiosco que estaba al costado izquierdo de la “Plaza Dignidad”. ¡Qué momento! Y el asalto al Palacio Real de las Tullerías, ¿con qué lo podríamos comparar? Ah sí, cómo no, cuando quemamos el Museo de Violeta Parra. ¡Qué lucha más heroica!

Sin embargo, un recuerdo amargo interrumpió las ensoñaciones de nuestro convencional constituyente. Seguía molesto por la marcha atrás que habían protagonizado los “compañeros” al retractarse de la exclusión del almirante Arancibia de las sesiones de la Comisión de DD.HH. y la prohibición de asistir a la comisión de los centros de estudios de la derecha recalcitrante y antidemocrática representada por la Fundación Jaime Guzmán y Acción Republicana.

¿Cómo puede existir gente así?, se preguntaba nuestro afiebrado e incontinente convencional. Estaba horrorizado por descubrir cómo la derecha antidemocrática y represora podía tener derecho a participar en la Convención. Está bien, salieron electos y podían estar en la sala de sesiones, pero…. ¿hablar? ¡Dios mío!, en qué se ha convertido nuestra democracia.

La sesión de la Comisión de Ética se había iniciado cuando nuestro convencional constituyente entró a la sala. Sin embargo, bastaron solo cinco minutos para darse cuenta cómo las fuerzas del mal intentaban nuevamente… ¡hablar! Y lo que es peor, ¡emitir opinión!

“Perdón”, exclamó, conteniendo a duras penas su indignación moral. “¿Estás negando que en el estallido social de octubre 2019 se cometió genocidio, exterminio, holocausto, matanza, masacre, hecatombe y aniquilación del PUEBLO? ¿Escuché bien, señores?”.

Mientras hablaba no despegaba la mirada de aquella convencional de derecha a quien había escuchado decir que “hubo carabineros lesionados en el contexto del estallido social”.

Era suficiente. ¿Cómo puede ser que se intente comparar a un carabinero con un ser humano? El pobre y heroico perro matapacos se revolcaría en su tumba escuchando tamaña barbaridad.

Era el momento de tomar medidas. Después de una breve pausa para buscar su medicamento, solicitó se extendiera la sesión, pues tenía una nueva propuesta de Artículo 23 para el reglamento por el cual propuso sancionar “toda acción u omisión que justifique, niegue o glorifique” los abusos a los derechos humanos en tres circunstancias: en el periodo del 11 septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990; en el estallido social de 18 de octubre de 2019 y siguientes y los abusos cometidos a los pueblos originarios y al pueblo afrodescendiente.

Qué importancia pueden tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos instrumentos internacionales que aseguran y defienden la libertad de expresión, o la opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha señalado expresamente que las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con la libertad de expresión garantizada en dichos instrumentos internacionales.

Pero, en realidad, qué importa lo que digan los tratados internacionales, la tradición republicana o incluso el sentido común. Nuestro constituyente está convencido de que el único criterio legítimo de su actuación política -ese criterio irrenunciable y superior, luz que ilumina el camino de su conciencia y que le permite distinguir claramente el bien del mal- es su indignación moral.

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