El destino político de Katia Guzmán, la polémica seremi de Salud de la Araucanía que quiso ser senadora

Hoy decidió extender su licencia médica recién vencida, opción que parlamentarios prefieren en vez de retomar su puesto de inmediato, pero el sumario interno y la investigación de la Fiscalía que enfrenta podría suspenderla temporalmente. Más dudas para una carrera política que hace poco más de dos años se truncó al fracasar en ser candidata a senadora por esa zona.




Una de las decisiones que se despejó esta mañana luego del comité de emergencia que lidia con la dramática situación de La Araucanía fue que siete de los ocho secretarios regionales ministeriales quedaron fuera de combate por la cuarentena -Desarrollo Social, Economía, Hacienda, Trabajo, Energía, Subdere y Cultura- y seis directores de servicio vuelven hoy a sus funciones. Lo que no quedó claro es la situación de la número ocho, la seremi de Salud Katia Guzmán Geissbühler (RN): al despuntar la tarde se supo que extendió la licencia médica que se le vencía hoy, medida que por ahora solo le permitiría ganar un poco de tiempo para no tener que renunciar a su cargo en medio del complejo cuadro que encara.

La enfermera nacida en Angol, militante hace 15 años y que también tuvo cargos en el primer cuatrienio piñerista, enfrenta dos investigaciones para determinar su responsabilidad en la propagación de uno de los focos de contagio que azotan a la región. Éste descabezó al aparato estatal local y motivó que La Moneda interviniera designando a Andrea Balladares como delegada presidencial en la zona que acumula más muertes por el coronavirus. Guzmán -que se ha mantenido en silencio y ha rehusado comentar su caso al ser contactada- ha sido acusada de negligencia por funcionarios de la misma secretaría regional y por periodistas de medios apostados en la zona, que fueron los que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público.

Allá el caso lo lleva desde el 22 de marzo Carlos Hoffmann Flandes, fiscal preferente para delitos en el contexto de la pandemia en la zona, quien además pesquisa el que protagoniza Tomás León Marinkovic, el joven que violó la cuarentena pese a haber sido diagnosticado en Santiago, viajó a la IX Región y se reunió con más personas. Apoyado por la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente (Bridema) de la PDI, Hoffmann busca precisar -para lo cual ya se ofició al Ministerio de Salud- si Guzmán cumplió o no con los protocolos del caso cuando supo que tenía personal contagiado en su misma unidad.

Hasta ahora, se sabe y sigue siendo la versión que maneja el gobierno en la zona, que el virus lo llevó a la seremi de Salud un funcionario que había regresado de Brasil y que no hizo cuarentena pese a que entonces ya regían normas que obligaban a dichos cuidados si se había visitado un país que registraba casos de COVID-19. Durante la semana del 16 al 20 de marzo, a esta persona se le hicieron exámenes que dieron positivo.

La versión que impera en la Araucanía es que el test se le practicó un miércoles, que el resultado estuvo el viernes, y que ese día la seremi informó de nuevos casos de contagiados, incluyendo ese. Pero en el intertanto Guzmán ya había estado en contacto con él a sabiendas que debía haber guardado cuarentena: ese mismo viernes participó en varias actividades sin guardar distancia ni tomar medidas, y después se viralizaron imágenes en que saludaba de beso a los presentes.

Como también siguió reuniéndose con autoridades locales, el contagio alcanzó al intendente Víctor Manoli, a otros siete seremis y jefes de servicio. De hecho, hoy sigue grave la directora regional de la Onemi. Y también sufrieron las consecuencias los medios de prensa locales, varios de los cuales debieron desarticular sus equipos. El 22 de marzo se anunció que ella había arrojado positivo: se fue a cuarentena y tomó licencia médica que vencía hoy.

Con la alarma y la molestia de parlamentarios de oposición que piden su renuncia y la inquietud de algunos de gobierno que estiman que es mejor que no retome sus funciones de inmediato, una primera decisión -trascendió esta mañana- está en manos de la subsecretaría de Salud que lidera Paula Daza, que tendría la última palabra sobre el sumario que también pesa sobre Guzmán. Una opción es que éste determine una sanción: si es suspensión del cargo (que puede ser por un o más meses, con o sin goce de sueldo), eso permitiría aplacar la presión a la espera de lo que diga el Ministerio Público.

Aunque en fuentes de gobierno señalaban que era posible que una medida como esa se conociera hoy, finalmente la fórmula fue otra: Guzmán extenderá su licencia. Eso quiere decir que de momento no retomará sus funciones y seguirá siendo subrogada por Felipe Moraga.

En RN, su partido, se toman esto con cautela. Guzmán milita allí hace cerca de unos 15 años, y en La Araucanía le atribuyen cercanía con distintos próceres locales. Unos al hoy ministro de Defensa, Alberto Espina, que fue senador y diputado por décadas allá; otros, con el senador José García. Su carrera en el aparato sanitario público se cruza con sucesivos intentos por escalar a peldaños más altos de la pirámide política local, pero hasta ahora el cargo del que parece pender quirúrgicamente de un hilo es lo más lejos que ha llegado.

La seremi es enfermera de la Universidad de la Frontera y magister en administración hospitalaria de la Universidad Autónoma. En el primer gobierno de Piñera fue directora del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Araucanía Norte y luego directora suplente de este último durante los últimos nueve meses de dicho cuatrienio.

Después fue de asesora del departamento de Salud de la municipalidad de Angol, entre mayo del 2014 y marzo del 2015, y luego asumió como directora del Cesfam de Huequén. En eso estaba cuando comenzó la carrera parlamentaria versión 2017: como Espina no postuló a la reelección, eso desató variados cálculos, y RN la incluyó entre sus apuestas por la zona para el Senado. Ya había ganado una elección para concejala de Angol con unos 2 mil votos, cupo al que había renunciado el 2010 para asumir un cargo sanitario.

En la zona recuerdan que Guzmán tenía ciertas posibilidades de postular, sumado a que se necesitaba a gente de la zona y sobre todo mujeres. Pero que solo llegó a ser precandidata y que sus aspiraciones fracasaron cuando Felipe Kast (Evópoli), después de varios vaivenes y dudas por dónde competir (incluso evaluó ser candidato a diputado por Las Condes), decidió ir al Senado por la región, llevando de compañera de lista a otra mujer, Carmen Gloria Aravena.

Entre los hombres de RN de la IX Región difieren las versiones en este punto: unos sostienen que el cargo de seremi fue una compensación por lo anterior, y otros que no. Pero sí insisten en que profesionalmente no han tenido objeciones con ella. Una segunda posibilidad se le abrió en marzo de 2018, cuando se especuló que ella o Víctor Manoli (hoy intendente recién salido de licencia médica por cuarentena) podrían llegar a la Gobernación de Malleco. Rompiendo la regla de “no quemarse", Guzmán hizo declaraciones diciendo que “para nadie era un secreto” que estaba en la lista de posibles, y que “estaba disponible". No la nombraron.

Licencia para seguir (por mientras)

Mientras los parlamentarios de la zona dicen que el gobierno no les ha consultado su parecer sobre el destino de Guzmán, el diputado y presidente regional de RN, René Manuel García, dice oponerse “a que la crucifiquen” y cree que “lo prudente es que se haga otro examen, porque no sabemos si uno queda inmune o no, o si puede seguir contagiando”. Y que su caso “amerita una investigación profunda, creo que a ella se le debería extender su licencia. Si reasume o no, depende del Presidente".

Sebastián Álvarez, diputado de Evópoli, sostiene que lo mejor es que el seremi suborgante Moraga siga al mando del aparato sanitario local en tándem con la delegada presidencial Andrea Balladares. También es de la idea “que extienda su licencia "y que "no es aconsejable que retorne al cargo” de inmediato pero pide que “no se hagan juicios políticos”.

Jorge Rathgeb también es diputado RN y ha insistido que acá “tiene que investigarse todo, hay que buscar la transparencia". Pero, al igual como lo dijo el ministro Jaime Mañalich cuando visitó la zona el 31 de marzo, no cree que “haya ningún tipo de dolo ni intención de su parte”. ¿Qué hay que hacer con ella? “A lo más, suspenderla de su cargo mientras dure la investigación, pero no destituirla porque si después no se determina responsabilidad, ¿la vamos a restituir?”

Andrés Molina, diputado Evópoli y ex intendente, espera que “el gobierno tome una decisión lo antes posible; yo no veo hoy que ayude en nada si ella reasume, ha habido mucho daño colateral".

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