La defensa legal de la seremi de Salud de La Araucanía investigada por eventual negligencia: “No correspondía realizar cuarentena”

En el informe enviado a la Corte de Apelaciones de Temuco, la abogada de la Seremi Katia Guzmán dijo que su representada fue informada el 20 de marzo de que un funcionario, con el que ella se había reunido cinco días antes, había sido diagnosticado con Covid-19. Pese a esto, ese mismo día la autoridad sanitaria hizo un punto de prensa. La defensora, Constanza Álamos, justifica lo ocurrido indicando que “luego de esa reunión del 15 de marzo no hubo un contacto estrecho”.


Una denuncia colectiva del Colegio de Periodistas de La Araucanía y otros profesionales de la prensa, investiga actualmente el fiscal de Villarrica, Carlos Hoffman, en contra de Katia Guzmán, la suspendida seremi de Salud de La Araucanía. El eventual delito que se le imputa está tipificado en en artículo 318 del Código Penal: infringir las reglas de salubridad y de higiene que son impartidas por la autoridad, en tiempos de pandemia.

Los profesionales la acusan de un presunto comportamiento negligente. Según denuncian, en conocimiento de que en la seremi había funcionarios con coronavirus, Katia Guzmán -quien también fue diagnosticada con la enfermedad- no activó el protocolo para evitar contagios y siguió participando en conferencias de prensa y reuniones con diversas autoridades del gobierno y del Ejército, para enfrentar la crisis sanitaria.

A raíz de lo anterior, el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, y el jefe de la Defensa Nacional de la región, el general Patricio Mericq, además de varios otros seremi de la región, también dieron positivo en el examen de coronavirus y debieron dejar sus funciones.

También se contagiaron al menos dos funcionarios que estaban trabajando en la sala de crisis de la seremi y dos de los encargados de prensa que trabajan con Guzmán.

En paralelo a la denuncia penal, el Colegio de Periodistas -en representación de 32 profesionales de medios de comunicación de La Araucanía- ingresó el pasado 23 de marzo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco, en contra de Katia Guzmán, el ministro de Salud Jaime Mañalich y el director del hospital regional de Temuco, Heber Rickenberg.

En el documento denuncian la negación a realizar exámenes que permitieran diagnosticar Covid-19 a los periodistas que asistieron a las conferencias de prensa que dio Guzmán.

El escrito fue declarado admisible el 25 de marzo. Luego, el 1 de abril se aceptó la orden de no innovar solicitada, instruyéndose al hospital a que realizara el examen de coronavirus a las personas que lo pidieron en el recurso. Además, se ofició al hospital, al Minsal y a la seremi para que entregaran un informe con sus explicaciones.

Oficio de respuesta

Así, Katia Guzmán, a través de su abogada, la defensora penal pública Constanza Álamos, ingresó ayer a la corte el oficio con su repuesta.

En el documento de 17 carillas, la abogada entregó al tribunal las circunstancias que fundamentarían -según su visión- las razones por las cuales “nuestra representada no estaba en obligación de permanecer en cuarentena, por no constituir un contacto estrecho de un caso confirmado con Covid-19”.

En el documento se señala que “a diferencia de lo que plantea la recurrente (el Colegio de Periodistas), no existió por parte de nuestra representada una vulneración a los derechos fundamentales que se indican en el respectivo recurso de protección, toda vez que al momento de recibir la información pertinente se activaron todos los protocolos publicados conforme a derecho”.

Para sustentar esto, Álamos indica que no es verdad, como dice el Colegio de Periodistas en su recurso, que el jefe de la Unidad de Residuos del Departamento de Acción Sanitaria, Pablo Cabezas del Campo, sea un cercano colaborador de la Seremi de Salud.

Según el recurso, Cabezas había llegado de sus vacaciones en Brasil y se incorporó a sus funciones habituales el 16 de marzo pasado, sin ser puesto en cuarentena preventiva, tomando en cuenta el riesgo de contagio (este funcionario fue el primero en ser diagnosticado positivo de coronavirus en la Seremi).

Sin embargo, de acuerdo a la abogada de Katia Guzmán, “no se trata de un colaborador directo y cercano de la Seremi de Salud, sino que de un funcionario que cumple funciones asignadas a su cargo, quien tiene dos jefaturas”. De hecho, sostiene que sus vacaciones (días de feriado legal) fueron autorizados por el jefe del Sub Departamento de Salud Ambiental y no por la Seremi de Salud de manera directa.

Feriado legal

De acuerdo a la abogada de la seremi, “Cabezas usó su feriado legal por 15 días, desde el 17 de febrero hasta el 6 de marzo de 2020, retornando a sus funciones de trabajo el 9 de marzo, información que la Seremi de Salud obtuvo el 7 de abril, a través del jefe del Departamento de Acción Sanitaria, Alex Olivares Vega. De acuerdo con la información de la PDI, pues es una de las preguntas que se pretendía efectuar (en el cuestionario que se le remitió en calidad de imputada y para el cual hizo uso del derecho a guardar silencio en los términos legales), Cabezas salió del país con destino a Brasil el 28 de febrero de 2020 retornando el 6 de marzo a Chile”.

Además, señala que “no es efectivo que el funcionario comenzara labores el 16 de marzo de 2020, sino que retornó a sus funciones el 9 de marzo, una semana antes a la que se indica en la acción constitucional”.

También, según Álamos, se le reprocha a su representada “no haber activado el protocolo preventivo de cuarentena de 15 días para los funcionarios de salud que estuvieron en contacto con Cabezas". Y agrega el informe que "se sostiene por los recurrentes que era de conocimiento de la Seremi para el 19 de marzo de 2020 que el funcionario había dado positivo para Covid-19. Tal hecho no es efectivo”.

De acuerdo a Álamos, Cabezas se hizo el examen el 19 de marzo y los resultados fueron entregados el 20 de marzo en la madrugada “y no como lo señalan los recurrentes, errando en el día y la secuencia de hechos que relatan. Por ende, al 19 de marzo -fecha de una de las conferencias de prensa en la cual se pretende atribuir un actuar negligente de la Seremi de Salud- Pablo Cabezas no había sido diagnosticado con Covid-19 y solo existía una ausencia laboral de éste, pues el 18 de marzo trabajó normalmente”.

En el recurso de protección, el Colegio de Periodistas también le cuestionó el “haber dado conferencias de prensa el 19 y 20 de marzo, exponiendo a diversos periodistas, sin tomar las medidas de seguridad, esto es, no usó mascarilla durante la conferencia, no mantuvo una distancia mínima de 1 metro, no evitó saludar ni dar besos a los periodistas asistentes”.

La defensora de Katia Guzmán asegura, en el informe enviado a la Corte de Apelaciones, que fue el 20 de marzo a las 10.00 horas cuando se entregaron los resultados del test a Pablo Cabezas.

Alex Olivares Vega y José Luis Ferreira Rebolledo, jefe de la Subunidad de Salud Ambiental y directo de don Pablo Cabezas, concurrieron a una reunión en la sala de crisis de su edificio y en ese lugar son informados por parte de Nadaliet Venegas (UE) que Pablo Cabezas Del Campo dio positivo al COVID 19. Conocida esta información por parte de nuestra representada (Katia Guzmán), se ordenó indicarle al funcionario la respectiva cuarentena según protocolos, así como también a todos los funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria”, se indica en el informe.

Sin embargo, según Álamos, ese mismo día que se diagnosticó el caso de Cabezas (20 de marzo), la seremi de Salud realizó una conferencia de prensa (sin especificar hora), pese a que el 15 de marzo había tenido una reunión con Cabezas. De acuerdo a los periodistas que asistieron a esa pauta, el hecho ocurrió cerca de las 19.30 del 20 de marzo.

“Según la recurrente (Colegio de Periodistas), ese 20 de marzo de 2020 nuestra representada habría realizado un punto de prensa teniendo ya conocimiento del contagio de Pablo Cabezas y de otros funcionarios más, imputándole que pese a ello no habría guardado cuarentena producto de que estuvo en contacto directo con Pablo Cabezas”, indica la abogada defensora.

En ese punto, Álamos vuelve a destacar que Cabezas “no es un cercano colaborador de nuestra representada, ni tampoco es efectivo que se realizaron diversas reuniones en las cuales hayan participado en conjunto. Luego de esa reunión del 15 de marzo de 2020 no hubo un contacto estrecho entre mi representada y Cabezas; por tanto, al no ser mi representada un contacto de alto riesgo o estrecho respecto del funcionario ya individualizado, no le correspondía o no le era obligación guardar la cuarentena”.

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