Hace exactos 20 años, el 16 de enero del 2000, Ricardo Lagos Escobar ganó en una apretada segunda vuelta y se convirtió en el tercer Presidente desde el regreso a la democracia. Tres meses después, y ya con el PS-PPD en La Moneda, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicada el 19 de abril, reflejó que un 4% de los encuestados consideraba que las "reformas constitucionales" eran uno de los tres temas a resolver por ese gobierno.

En la medición siguiente, la de diciembre del 2000, aquella cifra bajó llegando a un 2%. Y se mantuvo abajo en la lista de prioridades, variando entre un 3% y un 5% (julio 2002) durante todo el gobierno de Lagos. De hecho, desde el 2005 -año de las reformas constitucionales de ese gobierno- hasta el 2014 no se incluyó el asunto "reformas constitucionales" en la pregunta sobre las tres prioridades a las que debiera dedicarse el gobierno de turno. Y es que, como comentan en el think tank, la lista de "problemas" que se le consultan a los encuestados es una lista cerrada y queda a discreción del CEP incluirlo o no.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en tanto, que ganó su elección con la promesa de una nueva Carta Magna, el tema también se mantuvo en porcentajes bajos. En 2017, en tanto, apareció dentro de las prioridades pero solo con un 5%.

Lo cierto es que en la medición publicada hoy, en la pregunta de las prioridades, el asunto "reformas constitucionales" llegó a su más alto porcentaje histórico en la medición CEP a pesar de que sigue siendo una cifra baja: un 7% lo considera relevante posicionándose así en el número 11 de temas a resolver.

Sin embargo, la inclusión de preguntas respecto al proceso constituyente y el plebiscito del 26 de abril, marcaron aún más una especie de paradoja del tema constitucional: no es prioritario como un problema a resolver pero el "Apruebo" a una nueva Carta Fundamental tiene un masivo 67% de apoyo.

Además, en la encuesta dada a conocer hoy se incluyó la pregunta: "Pensando en los problemas del país hoy, de la siguiente lista, ¿cuál diría usted que es la mejor forma de solucionarlos? ¿Y cuál sería para usted la segunda mejor forma de solucionarlos? Mediante …". A lo que un 20% de los encuestados respondió que una "nueva Constitución" es la "mejor opción" para eso. Mismo porcentaje obtuvo la respuesta "reformas a las leyes para realizar cambios estructurales".

"Una explicación posible es que la Constitución sea valorada en sí misma, por su simbolismo, en especial después del acuerdo de noviembre y la esperanza que éste trajo. Pero preguntadas por la Constitución en el contexto de otras materias más concretas y apremiantes, como pensiones o salud, las personas priorizan estas últimas. Si esto es así, significaría que las personas entienden que la Constitución y las políticas públicas son dos cosas distintas. Esto sería positivo porque reduce el riesgo de que luego de dictar una nueva Constitución, nos desilusionemos", comenta Lucas Sierra, abogado e investigador del CEP.

Lo mismo cree Sebastián Soto, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica y quien fue parte de la comisión técnica transversal que aterrizó el acuerdo del 15 de noviembre. "Es una paradoja esperable. Se entiende que la Constitución no es la forma más directa de dar solución a los problemas relevantes sino que únicamente entrega un contexto institucional para hacerlo. Es decir, las personas parecieran estar diciendo que la constitución no va a hacer la fuente directa de los cambios pero si permitirá mejorar el contexto en que éstos se deben hacer. Eso, en otras palabras, muestra que la Constitución nunca será capaz de suplir a la buena política", comenta Soto.

Tomás Jordán, abogado y miembro del equipo que impulsó el proceso constituyente en el segundo gobierno de Bachelet, dice que la razón de fondo es que las personas distinguen entre el corto y el largo plazo. "Esto sucede porque las personas tienen la capacidad de diferenciar entre los problemas de corto y largo plazo. Las prioridades de la gente siempre han sido pensiones, salud, educación, lo que viven en el día a día. Pero al mismo tiempo son capaces de visualizar los macroproblemas, la gente sabe que hay instituciones que permiten solucionar sus prioridades a largo plazo", comenta.

Por su parte, Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, señala que la paradoja es normal porque lo constitucional siempre ha sido un "tema extremadamente técnico". "Las preguntas de las prioridades que hace el CEP no es una buena pregunta, es probable que detrás de todas estas cosas (movilizaciones) habría gente que creería que es un prioridad que se destituyera al presidente, por lo menos un 20%. Yo no estoy en esa posición pero estoy diciendo que es una pregunta que apela mucho al sentir cotidiano de las personas a temas institucionales", agrega.

En tanto, en esta medición CEP también se agregó la pregunta: ¿Cree usted que la nueva Constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la situación actual del país?. Ahí, un 56% manifestó que "probablemente" ayude a resolver los problemas del país.

La nueva Constitución en la centroderecha

Hoy, en tanto, Rodrigo Gónzalez, investigador del CEP que presenta la medición, en la conferencia de prensa señaló que "buena parte de las personas que se identifican con la centroderecha apoyan una nueva Constitución".

Aunque el detalle de cómo están distribuidos las preferencias sobre el tema constitucional entre las personas que se califican de izquierda, centro o derecha no está en lo entregado hoy por el CEP, Gónzalez comentó a La Tercera PM que "cuando 2/3 de la población apoya la nueva Constitución son pocas las diferencias que se logran detectar, hay un respaldo transversal, incluso entre quienes se consideran de centro derecha. Aunque entre ellos, el rechazo también es más alto en comparación con otros sectores o incluso entre quienes no se identifican con ninguna posición política".

El investigador del CEP aclaró también que las personas más jóvenes "tienden a respaldar más la nueva Constitución que las personas mayores" y "por grupo socioeconómico no hay diferencias a nivel estadístico".