La querella al Gobierno Regional de Valparaíso por el pago de un inconcluso trabajo de $233 millones para instalar validadores de transporte público

En el contexto de cambios y transformaciones para el sistema de transporte público en la Región de Valparaíso, en octubre de 2020 el entonces intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, adjudicó por licitación pública a la proveedora Everis Chile S.A. -hoy NTT Data Chile S.A.- para aplicar en el perímetro de exclusión de transporte público de Valparaíso-Quintero un sistema de recaudación electrónica bajo el proyecto de Evaluación de un sistema de recaudo, información al usuario y gestión de transporte. Pero este nunca se concretó, pese a que durante ese año el Gobierno Regional, a cargo de Rodrigo Mundaca, junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones visaron el pago del 75% de los $299 millones acordados. Es decir, $233 millones.

A casi cuatro años de esos hechos, la polémica ha vuelto a reabrirse luego de que el presidente del Sindicato de Interempresas de Conductores de la Quinta Región -que agrupa a los sindicados de choferes de varias líneas de la región-, Luis Torres, presentara una querella contra quienes resulten responsables por “servicios que nunca se prestaron, lo cual podría configurar un eventual fraude al Fisco o malversación de fondos públicos”, según se lee en el documento.

“Nos parece una burla para nosotros como trabajadores. El Ministerio de Transportes siempre dice que no hay recursos, pero para pagar $200 millones por trabajos que no se hicieron, sí había. Ese dinero perfectamente se podría haber usado para mejorar nuestras condiciones laborales, capacitacione a los choferes, contratación de conductores que hacen falta”, señala Torres.

La acción legal presentada por Torres pretende citar a declarar al actual gobernador Mundaca, quien hizo efectivo el pago a la empresa Everis. También al exintendente Jorge Martínez, al exseremi de Transportes José Emilio Guzmán y al director de Transporte Público Regional, Pablo Ulloa, todos quienes visaron el proyecto.

Desde el Gore de Valparaíso afirman que el proyecto fue suscrito en 2020 y contaba con un plazo de 15 meses para instalar los validadores. Sin embargo, el 25 de enero de 2022 el secretario regional ministerioal de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso solicitó el término del contrato por mutuo acuerdo, “atendido que se hace inviable su continuación”, afirmaron desde el Gore.

Según detallan desde el Gobierno Regional, la decisión se tomó luego de que la empresa Everis Chile S.A. emitiera cuatro de los cinco informes contemplados en el proyecto que guardaban relación con un informe preliminar; reporte de implementación; reporte de puesta en marcha y un informe de seguimiento, el cual, según el Gore, fue aprobado por el Seremitt de Valparaíso el 25 de enero de 2022. El informe número cinco, que correspondía al documento final de la operación, no logró ser ejecutado. Los 233 millones, dicen, corresponden a las cuatro etapas sí realizadas.

“En vista de lo expresado en el informe IV, a propósito de la negativa del operador de permitir un ingreso a los fiscalizadores, es que la etapa V se vio imposibilitada de ser desarrollada, pues se requiere un análisis de la evolución del sistema en funcionamiento, a propósito del uso de este, según informa la Seremitt de Valparaíso. Por todo lo anterior se procedió a dar término anticipado al contrato”, detalla la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Valparaíso.

Desde la empresa de transporte Transrural -que contempla cerca de 60 máquinas que iban a ser beneficiadas con el proyecto- solicitaron condiciones mínimas a la empresa para instalar los validadores, pero que fueron rechazas por la autoridad y así los aparatos no alcanzaron a operar.

Entre las aprensiones de Transrural estaban determinar la forma y periodo de pago de las empresas de los montos que los pasajeros harían en forma electrónica, responsabilidad ante pérdidas y daños de validadores y la propiedad de la información que el plan generaría sobre la demanda de los pasajeros.

Hasta la fecha, desde el Gore señalan que no han sido notificados para prestar declaraciones.

La querella presentada por el dirigente sindical no es la única. Ya existe una denuncia presentada a Fiscalía Local en junio de 2022 por parte del diputado republicado Luis Fernando Sánchez para investigar la procedencia del estado de pago del contrato, lo que implica uso de recursos públicos para tareas que no se ejecutaron y las razones que llevaron al fracaso de la licitación.

Según indicó el diputado en su momento, la empresa de transporte fue la que denunció que este plan de validadores nunca se hizo y que además no participó en las estipulaciones acordadas entre Transportes y Everis Chile.

En 2023 el MTT, el Gore de Valparaíso y la NTT Data descartaron anomalías, explicando que el pago corresponde a cuatro de los cinco informes que contemplaba el contrato y que sí fueron entregados con información que ha resultado útil para futuros proyectos de recaudo electrónico, homologación de validarores e integración con el sistema de recaudo Merval.