La sombra del fraude vuelve a posarse sobre la policía: Allanan la Mutualidad de Carabineros

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El viernes efectivos del OS-7 de la policía uniformada llegaron hasta el organismo que funciona como aseguradora de Carabineros y la PDI para requisar libros contables, análisis de cuenta y estados financieros desde 2003 a la fecha. Se indagan pagos de excedentes irregulares a integrantes del directorio -compuestos por jefes policiales activos y en retiro- por montos de entre $ 45 y $ 60 millones. Además, oficio de Subsecretaría de Justicia pidió restituir todos los fondos mal habidos.




Entre la contingencia relacionada a la crisis social, la pandemia y el postergado inicio del juicio, la investigación del fraude en Carabineros se encontraba en un aparente letargo. Sin embargo, el viernes pasado una sigilosa diligencia en las dependencias de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), organismo que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de la policía uniformada y la PDI, activó las preocupaciones policiales del caso que impulsó la crisis en Carabineros.

Hasta el Paseo Bulnes #157 llegaron efectivos del OS-7 de Carabineros, luego de recibir una instrucción de incautación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. El persecutor lidera las pesquisas de la arista Mutucar del fraude, en que se indaga la repartición irregular de excedentes de la aseguradora entre los nueve miembros que componen el consejo de este organismo, entre los años 2010 y 2017.

Según el estatuto de la institución uniformada, la Mutualidad es administrada por un consejo de nueve integrantes, de los cuales tres ostentan el cargo por derecho propio. Estos son el general director de Carabineros, quien lo preside; el director de Bienestar de Carabineros, quien se desempeña como vicepresidente, y el director general de la PDI.

En abril 2018, y ante los cuestionamientos de Contraloría al procedimiento de estos pagos, el general director de Carabineros de ese entonces, Hermes Soto, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, renunciaron a sus remuneraciones por integrar el consejo.

Pero, hoy, en octubre de 2020, las preocupaciones en ambas ramas policiales radican en que el Ministerio Público sigue indagando cuánto dinero recibieron los integrantes del directorio, monto que fluctuaría entre los $ 45 y $ 60 millones, según especificaron fuentes del caso. Entre ellos, por ejemplo, se indaga la eventual recepción de dinero de los jefes de Carabineros de 2017 hacia atrás: Bruno Villalobos, Gustavo González-Jure y Eduardo Gordon. Además, según fuentes del caso, también se pesquisan los excedentes que habría recibido el general activo Mauricio González, entre 2015 y 2017, cuando integró el dicho consejo.

En cuanto a la situación del general González Marín, fuentes de la institución señalaron que el oficial no ha sido notificado formalmente sobre la devolución del dinero, y cuando él sea informado revisará los antecedente y tomará los cursos de acción para hacer la devolución, si es que así corresponde.

Por estos motivos, la diligencia se hizo en extrema reserva, pues involucra a oficiales de alto rango. Los policías y fiscales concurrieron a la diligencia con la autorización de entrada y registro emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que señaló que “que los antecedente referidos, constituyen de indicio serios, fiables y suficientes para efectos de dar cuenta al tribunal de la existencia de la comisión de hechos típicos y antijurídicos”, como la malversación, apropiación ilícita, lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

En el escrito, además, se expuso que “resulta indispensable la autorización judicial de entrada, registro e incautación de la contabilidad de la Mutualidad, especialmente los libros contables, Libro Diario y Libro Mayor, así como los ‘libros auxiliares’ o ‘análisis de cuentas’, la contabilidad computacional, los antecedentes de respaldo de la misma, desde el año 2003 a la fecha, y los estados financieros desde 2010 a la fecha". También se requisaron contratos de compraventa.

No solo la Contraloría y el Ministerio Público han cuestionado la repartición de excedentes de los directores, sino que, según los estatutos de Mutucar, estos deben ser destinados para aumentar los fondos de los beneficiarios del organismo: los policías y sus familias. Otro antecedentes que generó “sorpresa” entre los investigadores es que quienes eran los “inspectores de cuentas” de la Mutualidad, a cargo de velar por el correcto uso de los recursos y dineros, habrían sido los presuntos líderes del fraude: Flavio Echeverría e Iván Whipple.

Gobierno pide devolución

La controversia sumó un nuevo actor. El 9 de septiembre de este año, la Subsecretaría de Justicia, a través del oficio ORD 4838, pidió la restitución de los dineros obtenidos por los consejeros. En el documento se detalla que los integrantes de este directorio, y quienes hayan obtenido este dinero, deberán adoptar medidas para revertir el eventual perjurio económico que el “indebido” pago de retribuciones.

También se dispone que deberán poner a disposición del órgano interno que corresponda, todos los antecedentes relacionados con el pago de excedentes, honorarios o cualquier remuneración que hayan recibido los miembros del Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros, para que se investiguen y aclarasen las circunstancias de la entrega de estos dineros.

Es más, el oficio es preciso en señalar que debe investigarse cómo se originó la resolución que llevó a la Mutualidad a retribuir a sus consejeros y presidente al no cumplir lo que dispone la ley.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que “en estos casos, el ministerio, a través del Departamento de Personas Jurídicas, instruye un procedimiento de fiscalización, para que en el caso concreto, la entidad denunciada adopte las medidas correspondientes a efectos de regularizar su funcionamiento. Ahora bien, si ello no ocurre, podría arriesgar la cancelación de la personalidad jurídica”.

Versión de la PDI

Ante estos antecedentes, la policía civil indicó que “es dable señalar que fue la propia PDI quien denunció una serie de irregularidades en el manejo de la Mutualidad, tanto al Ministerio Público como a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.

Agregaron que “paralelamente a estas denuncias, la institución solicitó un pronunciamiento a Contraloría para que el personal de la PDI dejara de pertenecer a dicha Mutualidad, hasta que no hubiera claridad en los manejos financieros y admnistrativos de dicha entidad. Sin embargo, la Contraloría General de la República, dictaminó que por razones legales debíamos seguir perteneciendo como institución a dicha corporación, para efecto de los seguros de vida”.

En las últimas líneas de su comunicado, indicaron que "en cuanto al supuesto monto que el director debe reintegrar, hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación por parte de dicha entidad, sin embargo, todos los antecedentes se encuentran en poder de su abogado particular. Finalmente, nos genera extrañeza que la Mutualidad de Carabineros entregue información incompleta a los medios de comunicación, con el único objetivo de enlodar la imagen de la máxima autoridad de la institución”.

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