Maté a mi agresor: Una denuncia por violencia de género que terminó en parricidio

Había una orden judicial de alejamiento y varias denuncias por violencia intrafamiliar que prohibían que el miércoles 3 de junio F.A.A llegara a la casa de su ex conviviente S.A.C.G (45), en la austral localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda, una isla distante a ocho horas de Coyhaique, y a la cual se accede por vía terrestre y a través del río Palena.

Pero, contraviniendo la orden de los tribunales, el hombre de 35 años apareció de pronto en la cocina que compartía con su expareja hasta mayo, cuando los tribunales dictaron una obligación de alejamiento tras la denuncia de ella. Según el relato de la abogada de la Defensoría Penal Pública, Oriana Macías, F.A.A. le pidió cigarrillos. Luego, siguieron las agresiones verbales, los gritos preguntando si tenía una nueva pareja y, de pronto, la amenaza de muerte con un hacha.

En su testimonio judicial, S.C.G dijo que creyó que ese día iba a morir y, sin pensarlo, tomó un cuchillo de la cocina y lo clavó una vez en el tórax de su exconviviente. F.A.A. intentó salir de la casa herido, pero a los pocos pasos se desvaneció. Al verlo en ese estado, la mujer corrió a la calle para pedir auxilio. Paró un auto y lo trasladaron a la posta. No quedaba mucho por hacer. F.A.A falleció a las 15:54 horas.

En el contexto de la pandemia del coronavirus, que según la ONU ha aumentado en un 20% los casos de violencia doméstica a nivel mundial, el caso de S.C.G pasó a ser emblemático para la Defensoría Penal Pública. Ello, pues combina las denuncias de violencia de género en medio de la crisis sanitaria, la transgresión a las medidas cautelares y -a juicio de la institución- la legítima defensa.

“Es clara y patente la legítima defensa en este caso. Él entra a la casa con una prohibición de acercarse, o sea ya hay un indicio de peligrosidad ahí. Y luego, de forma violenta, la amenaza tres veces de muerte. Ahí se configura, porque ella se defiende ante una agresión que es una amenaza real con una arma letal”, recalca la defensora Oriana Macías.

Desde el punto de vista de la Defensoría, el caso de S.C.G es particularmente nítido por los hechos de violencia en que sucedieron los hechos. “Generalmente las mujeres como no tienen la capacidad de defenderse, suelen atacar a sus agresores cuando están durmiendo”, comenta la abogada.

Ese fue el caso de Karina Sepúlveda del 17 de octubre de 2011, quien le disparó en la cabeza a su pareja Claudio Reyes Carrasco (38). En junio de 2013 el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto la absolvió debido a los maltratos que sufrió durante 18 años. La Corte consideró una eximente de responsabilidad contemplada en la Ley 20.480 sobre femicidio, sobre el “estado de necesidad exculpante”. Es decir, que la mujer actuó para evitar un mal grave para su persona y los de sus hijos.

S.C.G. pasó control de detención el jueves. Ese día llegaron los resultados de la autopsia de su exconviviente y también se constataron sus lesiones: hematomas en los brazos, un golpe en la cara y erosión en el cuero cabelludo.

El viernes pasado la mujer enfrentó la audiencia de formalización en la ciudad de Coyhaique. En ella el Ministerio Público -representada por el fiscal Pedro Poblete- pidió la medida cautelar de prisión preventiva. El magistrado, sin embargo, aceptó la solicitud de la Defensoría de rechazar esa vía y decretó arresto domiciliario total para S.C.G. en la localidad de Raúl Marín Balmaceda. El proceso se habría alargado, sin embargo, el lunes la Fiscalía desistió de apelar a esta medida.

El fiscal Poblete señala que, si bien existen elementos, aun es necesario despejar datos para configurar la tesis de legítima defensa de la Defensoría, como comprobar que el fallecido amenazó con un hacha a la mujer que hoy arriesga una pena por parricidio que va de presidio mayor (15 a 20 años ) a perpetuo simple.

“Los antecedentes que tenía al momento de la audiencia no me permiten configurar por el momento una legítima defensa... Si bien la figura se agrava con la situación de violencia de género, la situación acá es grave y que hay que trabajar porque también tengo a una familia al otro lado que extraña a un familiar, lamentablemente. Por supuesto, no me cierro a la situación de violencia que estaba internalizada entre ellos”, dice Poblete.

En el marco del proceso, los familiares de F.A.A. han sostenido que, pese a la orden de alejamiento emitida por el tribunal, S.C.G. había accedido a ver a su expareja en varias ocasiones. Y que, de hecho, 48 horas antes habían estado juntos. “En este caso surgen datos como ese que hay que despejar. Se normaliza tanto la violencia intrafamiliar, sobre todo en lugares apartados donde existe un consumo problemático de alcohol y una privación sociocultural muy patente”, agrega el fiscal.

S.C.G. nació en Quellón, pero creció en la apartada isla que no llega a los 300 habitantes y que es conocida por su actividad pesquera y el avistamiento de cetáceos. Al Igual que sus tres hermanos, solo llegó a la enseñanza básica. Su padre pescador y su madre dueña de casa no tuvieron chance de ofrecer una continuidad de estudios para sus hijos, que hoy están repartidos entre Puerto Natales y Quellón.

Hace cuatro años, aproximadamente, S.C.G. inició su relación con F.A.A. Se conocieron en La Junta, distante a dos horas. Y hace un año y medio habría comenzado la convivencia en la isla, dado que él comenzó a trabajar esporádicamente con un familiar en labores de maestranza. Para la familia de ella las fechas no son tan nítidas porque desde que partió la relación, mantuvieron distancia con él.

Así lo asegura Rosa, madre de S.C.G., que lamenta que su hija intentara ocultar por largo tiempo la situación de violencia que sufría. “Lo que le puedo decir de este joven es que era muy violento. A mi hija la vi muchas veces machucada, con los ojos negros, con la boca reventada. Cuando él salía a trabajar, ella me venía a ver. Y cada vez que venía andaba con marcas en la cara. Yo le decía ‘hija, se están haciendo daño’. Ella se sentía mal pero tenía mucho miedo”, dice la mujer de 71 años al teléfono.

Hace unos meses, S.C.G. desapareció del pueblo por unos días, al punto de preocupar a su mamá que la llamó por teléfono. La joven le aseguró que estaba todo bien y que había viajado a La Junta y volvería pronto. Fue por una vecina que se enteró de que, en realidad, su hija estaba hacía varios días hospitalizada en Coyhaique. “La quemaron”, le dijo la mujer a Rosa.

S.C.G. reconoció que había sido así, pero insistió que había sido un accidente provocado por ella misma con un café. Recién hace unos días le confesó a su abogada defensora que su expareja le lanzó agua caliente en el pecho, lo que la obligó a hospitalizarse varias semanas. Esos hechos ahora son motivo de investigación.

En septiembre, S.C.G. hizo la primera denuncia formal contra su entonces conviviente. La última fue el 25 de mayo cuando el tribunal decidió su alejamiento de la casa en común. S.C.G declinó irse a vivir con su familia, le aseguró a su madre de que estaría segura en su casa sin él.

Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer, desde el 16 marzo a la fecha se registran 8 femicidios consumados y 24 frustrados, y hay un creciente número de llamados a la línea 1455 que busca entregar orientación en casos de violencia intrafamiliar. De marzo a mayo hay un alza de 106% de uso de esa herramienta, que pasó de 8.130 a 16.775 contactos.

En contraposición a esas cifras, las denuncias ante la Fiscalía han decaído de 56.057 en 2019 a 50.723 delitos asociados a violencia intrafamiliar esta año.

Carolina Plaza, directora Nacional del Sernameg, atribuye la baja de denuncias al confinamiento por el coronavirus. “En el trabajo intersectorial que desarrolla nuestro Servicio con dichas instituciones, nos han podido transmitir que la baja en las denuncias es un fenómeno que se ha experimentado en este confinamiento de carácter obligatorio en algunas comunas y también voluntario a nivel nacional, debido al llamado al aislamiento social como la medida más efectiva para evitar los contagios”.