Una serie de pesquisas está realizando la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda, en el caso en que se investiga la presunta malversación de caudales públicos y lavado de activos en el eventual mal uso de gastos reservados de Carabineros, investigación que aún está sin formalizados. Esta arista se inició en mayo de 2017, en el marco de las pesquisas por el fraude que afectó la institución policial.

Al levantamiento patrimonial que la PDI hizo respecto de los exgenerales directores de Carabineros Gustavo González, Bruno Villalobos y Eduardo Gordon, y sus respectivas señoras, ahora se suma la petición de recabar la documentación en los conservadores de Bienes Raíces de todos los bienes inmuebles registrados por sus hijos, a quienes la fiscal los identifica con nombre y apellido. Se trata de Gustavo González Villegas y Paulina González Villegas (hijos de Gustavo González), Bruno Villaobos Coz y Josefina Villalobos Coz (hijos de Bruno Villalobos), y Eduardo Gordon Orduña y Francisca Gordon Orduña (hijos de Eduardo Gordon).

La información ya está en la fiscalía, contenida en el informe policial despachado el 7 de abril y que fue elaborado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI. Las instrucciones, de acuerdo al documento, fueron “requerir a los conservadores de bienes raíces y las demás instituciones pertinentes, la documentación de todos los inmuebles que registren o hayan registrado a su nombre durante el periodo de la investigación las personas que se indican, en especial escrituras de compraventa u otros títulos , inscripción de dominio y forma de pago que registren los inmuebles”.

El objetivo de estas pesquisas es determinar si es que algún dinero que, eventualmente, provenía de los gastos reservados de la policía uniformada tuvo relación con la adquisición de alguna de estas propiedades.

También se levantó información sobre las propiedades de Javiera Blanco, quien es objeto de indagatoria porque ocupó el cargo de subsecretaria de Carabineros entre 2006 y 2010. El informe arrojó que la abogada posee ocho inmuebles, tres en Las Condes y cinco en Providencia.

“Se dio cumplimiento a lo instruido por esa fiscalía, recabando de los conservadores de bienes raíces de las comunas de Villarica, Viña del Mar, San Antonio, Santiago, Rancagua, La Ligua y Peñaflor, las copias de las escrituras de compraventa y otros títulos que dan cuenta del dominio y la forma de pago de las propiedades registradas”, dice el informe policial.

Además, la fiscal pidió a la PDI ubicar a dos parejas de Javiera Blanco. Uno de ellos, Eugenio Ortega Frei, declaró el 11 de marzo en calidad de testigo. Se le consultó cómo manejaba su ex pareja el dinero. Negó haber visto que le llegaran sobre con plata a la casa. “Javiera Blanco era muy celosa de sus cuentas, manteníamos cuentas separadas y no tenía conocimientos del detalle de sus ingresos ni gastos”, dijo.

Detalló que “el matrimonio fue el 6 de enero de 2006, nos casamos con régimen patrimonial de separación de bienes. El 31 de marzo se oficializó el cese de convivencia (...) No tenemos hijos en común. Cuando nos casamos ella se compró una casa en Los Araucanos, Providencia. Cuando compramos la casa yo puse parte del pie, alrededor de $ 10 millones. Ella había vendido su casa, puso la mayoría del pie y pidió un crédito hipotecario. Yo aporte algo y la casa quedó a su nombre”.

Agregó que ella se hacía cargo de los gastos de las hijas que no tenían en común y que él se hacía cargo de pagar el crédito hipotecario, que era entre $ 700 mil y $ 800 mil.

Asimismo, la fiscalía pidió que se le tomara declaración a otra expareja de la abogada, Ricardo Amunategui Undurraga.

Estas diligencias se dan luego de que el 5 de marzo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella en contra de Blanco (quien fue consejera del CDE) y de también los exgenerales directores Gordon, González Jure, Villalobos. Además, en contra del exgeneral Iván Wipple; el exgeneral Flavio Echeverría; el oficial Aladino Alfaro (exjefe de gabinete de la subsecretaría de Carabineros); el oficial Carlos Carrasco (exdirector del Hospital de Carabineros); de Fernando Pérez; el abogado Ismal Verdugo; el oficial en retiro Jorge Serrano; la oficial en retiro Lilian González; el oficial en retiro José Manuel Hernández; el oficial en retiro Patricio Reyes; el oficial en retiro Rodney Weber; y el oficial en retiro Rolando Salvo.

De acuerdo a la querella “también se incluyó en este conjunto de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos, entre los años 2006 y marzo de 2010, a la Subsecretaria de Carabineros, Sra. Javiera Blanco Suárez, conforme consta en los antecedentes de la carpeta de investigación”.