Reclamaron a la Suprema: juez que autorizó escuchas en la Operación Topógrafo no contesta citación a declarar de Fiscalía

El ministro Juan Antonio Poblete. Crédito: Poder Judicial.

El martes participó de forma presencial en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados y se trasladó -según dijo- desde Copiapó, donde está destinado, a la sede del parlamento en Valparaíso. Pero el ministro Juan Antonio Poblete, quien autorizó las escuchas de la denominada "Operación Topógrafo" del Ejército que incluyeron a periodistas, no ha querido comparecer ante el fiscal de Alta Complejidad Jaime Retamal. La situación provocó que el Ministerio Público reclamara ante la Corte Suprema.


En todo un misterio se ha transformado el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó Juan Antonio Poblete. Compañeros de labor aseguran que está conectado vía telemática desde Santiago, y no desde la ciudad del desierto de Atacama, y por eso les llamó la atención que dijera el martes 20, ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, que había viajado desde la III Región a la sede del Congreso en Valparaíso. El juez es una pieza clave en la investigación por presuntas infracciones de militares en la denominada “Operación Topógrafo”, ya que fue quien autorizó la interceptación del teléfono del periodista Mauricio Weibel y otros tres exfuncionarios castrenses. En el Congreso expuso su versión asegurando que nunca fue engañado por oficiales de inteligencia y siempre supo a quién se le estaba solicitando escuchar.

Su testimonio es vital para establecer si existen responsabilidades penales que perseguir. El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Jaime Retamal está a cargo de las pesquisas en las que ya se citó a declarar al ministro Poblete como testigo. A diferencia de la invitación que le cursó la Comisión de Inteligencia, la que respondió de inmediato, en el caso del Ministerio Público el magistrado no ha contestado si asistirá o no. Tampoco ha coordinado la diligencia que podría desarrollarse incluso de forma telemática a propósito de la pandemia.

La incómoda situación llegó hasta oídos de la propia Corte Suprema donde se comenta que la Fiscalía hizo llegar una especie de reclamo o “téngase presente” respecto a lo esquivo que ha resultado obtener una respuesta por parte del magistrado para concretar esta diligencia. A diferencia de quienes tienen calidad de imputados, los ciudadanos que son citados como testigo en una investigación tienen el deber de responder las preguntas del ente perseguidor penal, por lo que no se entiende que Poblete asista a una instancia como es el Congreso y se niegue a hacerlo ante la propia Fiscalía.

Fuentes en el Poder Judicial sostienen que la situación del magistrado al interior del organismo es compleja. Poblete hasta noviembre del año pasado era titular de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, el máximo tribunal decidió trasladarlo hasta el tribunal de alzada de Copiapó luego de haber sido sancionado por su retraso en la redacción de 80 fallos. “Se acreditó que se encuentra en la imposibilidad manifiesta de ejercer su función”, se dijo en esa oportunidad. Y esta situación de “rebeldía” con el Ministerio Público sólo ha provocado un mayor desgaste de su imagen, dicen. Trascendió que desde el máximo tribunal le pidieron informar al respecto.

En el caso “Operación Topógrafo” -revelado por La Tercera en agosto de 2019- es indagado actualmente por la Fiscalía Centro Norte, donde se investiga si la intervención de los teléfonos de cuatro exfuncionarios de la institución, y también del periodista Mauricio Weibel, se ajustaron o no a la Ley de Inteligencia.

Ciper publicó, el 29 de marzo de este año, que el nombre de Weibel no venía en el documento -firmado por el director de Inteligencia del Ejército en 2017, Schafik Nazal-, en que se solicitaba intervenir su teléfono. Solo estaba su número telefónico, pero no estaba identificado con nombre y apellido.

Si hubo o no falsificación de documentos públicos o infracción a la Ley de Inteligencia es algo que el Ministerio Público debe despejar. Y si se sigue contando con la negativa de Poblete a colaborar, la Fiscalía podría requerir su testimonio bajo fuerza, ser arrestado, o incluso alzar una imputación por obstruir el avance de esta investigación.

Pese a todos los intentos, el ministro Poblete no respondió a los requerimientos para este artículo.

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