Tragamonedas: hijo de exembajador DC declara fue una "equivocación involuntaria no haber usado el sistema de aportes del Servel" para la candidatura a diputado de su padre

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El caso tragamonedas se inició por casinos clandestinos en la zona oriente.

Alberto Hadad, exdirectivo del gremio de las máquinas tragamonedas, entregó su primera declaración ante el Ministerio Público. Explicó cómo gestionó los dineros para la campaña electoral de su padre y reconoció que recibió aportes irregulares. Tres días después, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda pidió formalizarlo por infracción electoral. Respecto a la pretensión de influir en la campaña presidencial de 2017, declaró que nunca tuvo la intención de realizar algo así y que "solo fue una conversación entre amigos, alardeando".




En su primera y única declaración ante la Fiscalía Oriente, realizada el 25 de junio pasado, el exdirector del gremio de los tragamonedas de barrio (Fiden), Alberto Hadad, explicó cómo administró la campaña a diputado de su padre y otrora embajador ligado a la DC, Nelson Hadad. Tres días después de entregar su testimonio, el 28 de junio, el Ministerio Público pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Alberto Hadad por la presunta infracción del artículo 30 de Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral, en relación a la fallida candidatura a diputado de su padre en 2017 .

Se trata de la arista por presuntas irregularidades en financiamiento político que nació a raíz de la indagatoria por la actividad de los empresarios ligado al rubro de los tragamonedas. Este apartado surgió luego de escuchas telefónicas, en que algunos dirigentes de Fiden mencionaban a personas ligadas a la esfera política.

De acuerdo a su declaración, a la que accedió La Tercera PM, Hadad fue consultado por una serie de conversaciones telefónicas interceptadas por la policía. Entre ellas, una que sostuvo con el empresario Jarufe Abdullah, en la que Hadad le pide aportes para una campaña política "mediante mecanismos irregulares", dice la denuncia del Servicio Electoral (Servel) presentada en marzo.

"Debo aclarar, en primer lugar, que esta fue mi primera experiencia como administrador. No soy abogado, desconocía las leyes electorales y siempre actuando con la más absoluta buena fe. Mis expresiones de dicha conversación carecen de todo sentido. Son incomprensibles, equivocadas y no se coinciden con la normativa electoral y reflejan mi total desconocimiento e ignorancia respecto de dichas leyes. No hubo ánimo no intención de engañar a nadie. Ni tampoco se buscaba algún provecho o beneficio económico. Ni ha existido algún perjuicio al patrimonio fiscal. Siempre traté de cumplir mis obligaciones como administrador electoral. La cuenta general de ingresos y gastos electorales enviada al Servel a través del PDC (Partido Demócrata Cristiano), fue revisada y aprobada sin observaciones por el Servicio Electoral (...) autorizándose el reembolso fiscal correspondiente", declaró Alberto Hadad ante el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda.

Detalló que esto ocurrió cuando faltaban pocos días para la elección. Ahí, se encontraba bajo una fuerte presión y tensión por la falta de recursos y la necesidad de realizar los cierres de campaña en las cinco comunas del distrito 11 (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén). Según Hadad, los gastos electorales excedían con creces los ingresos y los aportes prometidos al inicio de la campaña no se cumplieron. "Fue una campaña muy modesta y mi padre tuvo que asumir las deudas", dijo. Para esto, señaló que Nelson Hadad pidió un crédito al banco por $ 20 millones.

Sobre el aporte que les hizo Jarufe Abdullah, indicó que "el aporte referido por $ 500 mil fue inferior a las 20 UF de una persona natural y considerado un aporte menor, privado y sin publicidad". Declaró que fue transferido a su cuenta corriente y destinado a cubrir los gastos electorales y que "no excede los montos máximos de los aportes permitidos". Subrayó que su padre nunca no supo de ese aporte y que tampoco conocía a Jarufe: "Se trató de un lamentable error y una equivocación involuntaria no haber utilizado el sistema de recepción de aportes establecidos por el Servel".

Dijo que estos hechos solo son una infracción administrativa, que según la Ley de Financiamiento Electoral se sanciona con una multa a beneficio fiscal, y que además la falta está prescrita.

Agregó que durante la campaña "Pablo (exalcalde de Santiago) y Mónica Zalaquett (hoy subsecretaria de Turismo) nos asesoraron desde un principio en la estrategia política del candidato". Pablo Zalaquett, de hecho, ha sido objeto de una serie de diligencias por parte de la fiscalía. En agosto del año pasado la PDI allanó su domicilio, luego de que se diera a conocer de que era uno de los lobbistas contratados por el gremio de las máquinas tragamonedas para asesorarlos en la tramitación de la ley para legalizar el rubro en el Congreso.

Comida en el Estadio Palestino

- ¿Cuánto dinero se gastó en la campaña?, le preguntó el fiscal.

- Se gastaron aproximadamente $ 44 millones en la campaña. El partido aportó con $ 6 o $ 7 millones. El Servel nos entregó $ 3 millones y fracción. Vía Servel recibimos aproximadamente como $ 3 millones de aportes de personas naturales, respondió Alberto Hadad.

Luego, hizo una descripción de los aportes que dijo recordar. "Me acuerdo el de Abullad Jarufe por la escucha telefónica, que fueron $ 500 mil. No recuerdo si hay otros aportes a mi cuenta corriente aparte del mencionado, pero me comprometo a revisar mi cuenta corriente en el periodo para chequear esta información. Los $ 500 mil de Jarufe y cualquier eventual otro aporte a mi cuenta corriente personal no se declaró al Servel".

Después habló sobre una comida en el Estado Palestino. Dijo que se hizo un poco antes de las elecciones y que ahí "se pidió una adhesión por la inauguración de la campaña de mi padre. Los partícipes de esa reunión pagaron una adhesión voluntaria, que es lo que da cuenta la conversación por WhatsApp con mi papá que se me exhibe".

-¿Podría referirse a las conversaciones por WhatsApp que aparecen entre su padre y usted, y usted y terceras personas relacionadas con aportes a la campaña electrotal?, pregunta el fiscal.

- No recuerdo estas conversaciones, ni tampoco haberles pedido aportes a estas personas que aparecen ahí. Como dije, voy a chequearlos en su cuenta, dijo. Y agregó: "Los WhatsApp que se me exhiben, en los cuales mi padre se refiere a personas que depositarán, pienso yo que son amigos de él que quisieron apoyarlo en la campaña y por eso me avisa".

Alberto Hadad se refiría a un listado que su padre le envió con los nombres de las personas que supuestamente habían aportado en esta comida. Según publicó La Tercera, se trató de cerca de 40 los dirigentes de la DC , quienes llegaron el 27 de septiembre de 2017 al Club Palestino, a la comida para recaudar fondos para Nelson Hadad.

Entre ellos, se encontrarían los exministros Mariana Aylwin, Pedro García, Carlos Massad; los exsubsecretarios Clemente Pérez y Zarko Lusic; el economista Guillermo Le Fort, la exdirectora del Sename Delia del Gatto y la alcaldesa de Peñalolén y consejera nacional de la DC, Carolina Leitao. También figuraban los abogados Ramón Briones y Samuel Donoso.

Respecto a una conversación telefónica que sostuvo con Sebastian Salazar, también es exdirectivo de Fiden (la que fue intervenida por la policía), sobre influir en las campañas de Sebastián Piñera y Alejandro Guiller, Hadad dijo que "nunca tuve intención y no tengo la más mínima posibilidad de influir en la campaña presidencial" y que "solo fue una conversación entre amigos, alardeando".

Respuesta de su defensa

El abogado de Hadad, Mario Vargas, dijo que "existieron errores en la forma en cómo se debían realizar los aportes, por ejemplo, desconocer que estos debían realizarse vía cuenta del Banco Estado. Sin embargo, todos los aportes que encontraran son realizados por familiares y amigos en una campaña familiar y austera".

Agregó que "el Servel ha sido desprolijo en sus denuncias y el Ministerio Publicó insiste de investigar cosas que no son delitos. No entendemos el objeto de seguir tratando de agrandar una investigación donde no existe ningún antecedente serio. No existen aportes de personas jurídicas y hay errores inaceptables en las denuncias del Servel".

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