Inclusión universitaria: ¿Cuán avanzados estamos en Chile?

Ilustración: Gabriel Ebensperger.

Las normativas para regular la atención a la diversidad en la Educación Superior son relativamente recientes en el país y algunas instituciones se han encaminado en esa tarea. A través de diplomados, apoyo especial y programas educativos ajustados a personas con discapacidad, buscan que la inclusión sea una realidad.




José Luis Abusleme (43) no siguió estudiando. Tras egresar en 4º medio de un colegio para alumnos con necesidades educativas especiales en Santiago, rápidamente entró al mercado laboral. Él nació con una agenesia del cuerpo calloso del cerebro y, en sus propias palabras, el puente entre ambos hemisferios “está cortado”. “Ese puente tiene un hoyo, entonces tengo partes que están muy desarrolladas y otras que no lo están para nada”, define. Pero hace unos años tomó el Diploma de Habilidades Laborales, que imparte la Universidad Andrés Bello (UNAB) y, gracias a eso, ha podido trabajar en distintas empresas.

Previo a su actual trabajo, eso sí, pasó por experiencias incómodas y donde tuvo que enfrentarse a los prejuicios de la sociedad. “No se entiende lo que es una discapacidad. Se asume como si uno fuera tonto o que no vas a tener un desempeño laboral normal”, dice Abusleme. “La inclusión no se ve como tal”, se lamenta él, quien trabajó tres años en un supermercado. Asegura que ahí había quienes pensaban que utilizaba su discapacidad para inspirar lástima. “Por bullying y otros temas, empecé a abandonar esos puestos. Me decían que no servía: ‘Te están regalando la oportunidad’. Muchas veces, por no quedarme de brazos cruzados, actuaba por mi propia cuenta y me equivocaba. Creían que lo hacía para reírme de ellos y eso me provocó una depresión muy fuerte”, recuerda. Pero de ello -dice- saca lecciones, especialmente porque fue en esa etapa que un psicólogo le recomendó que había un diploma que podría servirle en su carrera.

Con su mención, Abusleme se desempeña desde 2017 como asistente del vicepresidente de Parque Arauco. Alguien le contó que buscaban a una persona, lo entrevistaron de Recursos Humanos de la empresa, estuvo tres meses a prueba y luego lo contrataron. Ahí, relata, se encarga de que los insumos de cada área estén disponibles: “Es el único trabajo en el que me he sentido valorado. Saben valorar mis labores y me dicen que están bastante contentos conmigo”.

El programa académico de tres años del diplomado consta con menciones en Apoyo a la Función Administrativa, Producción Gastronómica, Educación Parvularia o Deportiva, Veterinaria y Viveros y Jardines. Y es una de las formas de inclusión a la educación que realiza UNAB, que acoge a estudiantes con alguna discapacidad intelectual y que, por sus características, buscan cursar estudios adaptados a sus necesidades y que les den herramientas laborales. Anualmente, ingresan cerca de 70 estudiantes a las sedes de Viña del Mar, Santiago y Concepción, con profesores formados en educación diferencial y otras carreras vinculadas a la inclusión.

Con el Diploma de Habilidades Laborales, afirma Verónica Águila, directora del Centro Integral de Acompañamiento y Desarrollo al Estudiante (CIADE) y de Educación Inclusiva de la UNAB, quieren demostrar que existen caminos académicos distintos del pregrado tradicional. “Los alumnos asisten porque deciden hacer otra cosa, lo que tiene el mismo valor. No hay solo una forma en la educación superior. Hay universidades que están mucho más adelante, otras mucho más atrás y la accesibilidad universal es un derecho”, dice Águila.

Anualmente ingresan cerca de 70 estudiantes con alguna discapacidad intelectual a las sedes de de Viña del Mar, Santiago y Concepción de la Unab.

Isidora Peñaloza (22) cursa actualmente el mismo diploma de José Luis Abusleme, pero en la sede de Concepción de la UNAB. Durante la pandemia ha tenido que realizar sus clases en plataformas online y se ha acomodado al cambio. Según su mamá, las oportunidades para los jóvenes discapacitados, y más en regiones, son pocas. “Estas instancias son las que faltan. Oportunidades y que otras instituciones abran diplomas o programas laborales”, cuenta Carolina Garrido. “Hemos vivido la discriminación desde el inicio. Cuando uno tiene un hijo con discapacidad, no sabe cómo se viene la mano. Después entran al colegio y a uno le duele ver ciertas actitudes”, añade la madre de la joven, que tiene discapacidad intelectual leve.

Con el ingreso al diploma, Isidora cambió su relación con el entorno. “Me encantó desde el primer día y me llevo bien con mis compañeros. En este tiempo hemos conversado y hecho juntas virtuales. Me costó al principio, pero me fui tranquilizando y me pude adaptar”, cuenta ella.

“Cuando la fuimos a buscar el primer día, era una Isidora totalmente distinta a la que había entrado. Venía feliz. Y en estos últimos tres años no solo se ha desarrollado en lo académico. Ahora es otra mujer, ha florecido y aprendió a postular a trabajos y sabe cuáles son sus derechos”, cuenta su madre. De hecho, Isidora ya hizo una práctica en la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío y ahora se dispone a realizar una segunda práctica.

Panorama nacional

Las normativas de inclusión universitaria son relativamente recientes en el país. En 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue suscrita por Chile y dos años después entró en vigencia la Ley 20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Fue la primera legislación nacional en regular la atención a la diversidad en la educación superior. En 2018, y a través de la Ley 21.091 de Educación Superior, se incorporó el principio de no discriminación arbitraria, para eliminar desventajas propias de las personas con discapacidad en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Lentamente, las universidades han ido integrando programas de inclusión y apoyo. La Universidad de Concepción, por ejemplo, tiene integrado el Programa Interdisciplinario por la Inclusión, que trabaja en distintas áreas. Por un lado, prestan asesoría a diversas facultades y departamentos de la institución, para sus adecuaciones informáticas y que permitan el acceso de sus alumnos a la información, como apoyo de lectura de textos para no videntes -a través de distintos exploradores web- y herramientas para quienes tengan déficit sensorial. También trabajan los espacios físicos, para garantizar la accesibilidad a quienes tengan discapacidades motrices.

La Universidad Austral de Chile realiza desde 2012, en su sede de Puerto Montt, el Programa de Inclusión en Educación Superior. Allí benefician a estudiantes en situación de discapacidad auditiva, visual o motora que estén en el registro nacional de discapacidad, con apoyo pedagógico, ayudantías académicas y tecnologías y equipos para facilitar su acceso a la información y educación. Además, el equipo realiza actividades de concientización a la comunidad, para que la barrera de la inclusión sea más fácil de eliminar.

La Universidad Católica, en tanto, además de ingresos especiales para los candidatos a estudiantes, cuenta con el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales. La iniciativa, orientada principalmente para aquellos quienes tengan discapacidad visual, auditiva o motora, cuenta con tutores de acompañamiento, de asignatura, tomador de apuntes e impresoras braile, entre otros. También incluyen adecuaciones para alumnos con trastornos del espectro autista.

La Universidad Católica además de ingresos especiales para los candidatos a estudiantes, cuenta con el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales.

La Universidad de Chile, en su Oficina de Equidad e Inclusión, tiene un área orientada a la discapacidad. Con la Unidad de Atención a Estudiantes en Situación de Discapacidad, entregan atención y acompañamiento a los estudiantes que lo soliciten, con redes y colaboradores de distintos organismos vinculados a las áreas de la discapacidad, sea motora, sensorial, psíquica o intelectual. El trabajo se distribuye en las distintas etapas de la formación académica, como ingreso, permanencia del estudiante y egreso.

En el caso de la Universidad Andrés Bello, según explica Verónica Águila, se realizan distintos procesos al inicio de cada año académico. Primero, en las carreras regulares, a cada nuevo estudiante se les consulta si es una persona en situación de discapacidad, para así contactarles y brindarles el apoyo necesario.

En los últimos tres años, alrededor de 160 estudiantes de la UNAB informaron anualmente que tenían alguna discapacidad. De ellos, 50 están con medidas de apoyo. “Desde la perspectiva de inclusión de la universidad, no toda persona en situación de discapacidad requiere de apoyo específico. Hay quienes tienen una discapacidad, pero no necesitan de un ajuste. Además, muchos prefieren pasar desapercibidos, porque vienen con historias muy difíciles”, reconoce la directora del CIADE.

La universidad pone el límite de apoyo según el perfil de egreso del estudiante. Es decir, estos pueden ajustar su educación, pero no modificar los programas académicos. Por ejemplo, hay elementos de accesibilidad para personas ciegas que necesiten transformar un texto en audio; ayuda para quienes necesitan intérpretes de lengua de señas y se ha modificado el acceso a algunas salas para quienes tienen movilidad reducida.

Apoyo público

Una entidad que lleva colaborando desde hace años en la inclusión de la educación superior es el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se encarga de favorecer el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para favorecer su inclusión social, en un trabajo conjunto con la Unidad de Inclusión de la Subsecretaría de Educación Superior.

Por ejemplo, el organismo cuenta con el Plan de Continuidad de Recursos, que entrega financiamiento para la contratación de servicios de apoyo, asistencia, cuidado y/o intermediación, destinados a mejorar las condiciones y el nivel de participación de estudiantes con discapacidad, en la educación superior, que hayan sido beneficiarios en años anteriores y continúen cursando estudios.

En la misma línea, y a través del Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior, entregan servicios que apoyan la participación de estudiantes con discapacidad, como notebooks, software lector de pantalla o intérpretes de lengua de señas. Un dato revelador: gracias a ese programa, el año pasado lograron que 455 estudiantes con discapacidad, en todo Chile, recibieran apoyo concreto para acceder a la educación a distancia.

El año pasado SENADIS logró que 455 estudiantes con discapacidad, en todo Chile, recibieran apoyo concreto para acceder a la educación a distancia.

Francisco Subercaseaux, director de SENADIS, dice que “se ha avanzado considerablemente en la materia”. Plantea que para que las instituciones cuenten con protocolos internos adecuados “deben centrarse en las barreras y oportunidades existentes, para luego dar paso a una estrategia o plan considerando a las personas con discapacidad como un sujeto de derecho”.

Subercaseaux enumera tres recomendaciones para que los establecimientos de educación superior cuenten con una normativa apropiada: “Tener un plan de acción inclusivo, elaborado en conjunto por toda la comunidad universitaria; incorporar el Diseño Universal de Aprendizaje como metodología en los procesos de enseñanza; y proporcionar los ajustes razonables y apoyos adicionales a los estudiantes, a través de medios tecnológicos y acompañamientos de tutores”.

Acercamiento al mundo laboral

Los estudiantes de educación superior no solo se enfrentan a asignaturas teóricas, sino también a instancias como las prácticas profesionales. Para ello, existen organizaciones que trabajan con alumnos con discapacidades a tener un primer acercamiento. AVANZA Inclusión, fundada hace casi una década, busca promover la inclusión laboral y social de personas con todo tipo de discapacidades, a través de programas y proyectos que buscan potenciar la empleabilidad.

Si bien trabajan en la inclusión a nivel laboral y no educacional, han colaborado con distintas universidades a nivel nacional, apoyando a estudiantes en la búsqueda de prácticas profesionales y orientando a empleadores para generar un espacio inclusivo.

Bernardita López, fonoaudióloga y directora de la ONG, indica que es probable que una persona con discapacidad, independiente de su formación, requiera de apoyo para ingresar al mercado laboral. Además, afirma que, si bien se ha avanzado a nivel nacional en temas de inclusión en el área educativo y laboral, aún resta por hacer. “Falta ver cómo la educación superior se articula luego con las posibilidades laborales. El apoyo que prestan los programas de inclusión de las entidades educativas termina con la formación”, apunta.

Las prácticas profesionales, plantea López, “son el primer nudo crítico, donde ya no basta solo el tipo de apoyo que se requiera en los estudios: implica salir al mercado laboral”. Allí, dice, “es necesario decir que no basta con prestar apoyo para que las asignaturas sean accesibles mientras los estudiantes están en las salas y es importante que vayamos previendo cómo las personas se incorporarán al trabajo, que es el fin último. Para que la inclusión sea realmente efectiva, es necesario que se vuelva una práctica cotidiana y que se incorpore en la cultura de las personas”.

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