Una demanda contra Donald Trump reclama que su orden ejecutiva viola a la libertad de expresión

En defensa a la libertad de expresión. Esa fue la base con la que Donald Trump firmó su orden ejecutiva que buscaba revisar una sección de las leyes de Estados Unidos que establece que las plataformas tecnológicas no son responsables de lo que publican sus usuarios.

Su acción se debió a que Twitter etiquetó uno de sus mensajes con fact-checking, catalogándolo de potencialmente engañoso, por lo que solicitaba que la Comisión Federal de Comunicaciones examinase la regulación bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones. En el camino, abría la puerta a que se concretasen demandas contra las compañías tecnológicas por parte de aquellos usuarios cuyos mensajes o cuentas eran bloqueadas o modificadas.

Pero ahora el New York Times informó que el Centro para la Democracia y la Tecnología demandó que la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos quebranta la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege la libertad de expresión. En ese sentido, argumentan que la orden es “simplemente una represalia” contra Twitter y está destinada a “restringir y relajar” el discurso protegido.

De ahí que ejemplifican casos zanjados por la Corte Suprema, pues remarcan que ya se ha establecido que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege inclusive a las críticas más duras contra los gobiernos y prohíbe la “represalia oficial”, ya sea buscando calmar los discursos o utilizar intermediarios como una amenaza.

La demanda del centro, que en el pasado ha recibido recursos de Twitter, Facebook y Google, establece así que la respuesta de Trump, generada solo un par de días después de la acción de Twitter, demuestra que se trató de una represalia.