Bachelet se despide de la ONU entregando informe sobre Xinjiang: China pudo haber cometido “crímenes contra la humanidad”

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asiste a su última conferencia de prensa antes del final de su mandato en el cargo, en Ginebra, Suiza, el 25 de agosto de 2022. Foto: Reuters

La oficina de Derechos Humanos de la organización entregó su muy retrasado informe minutos antes de que la alta comisionada de la ONU dejara el cargo.


Finalmente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó esta tarde -a 10 minutos de dejar su cargo- su informe sobre los abusos contra la etnia uigur en China, donde reconoce que el actuar de Beinjing en la región de Xiangiang, donde habitan miembros de esta minoría musulmana, “puede constituir crímenes de lesa humanidad”, además de restricciones de derechos fundamentales para miembros de esta y otras etnias musulmanas en esta zona del país.

“La información que actualmente posee Acnud sobre la implementación de la campaña contra el terrorismo y el “extremismo” declarada por el gobierno (chino) en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (RAUX) en el período 2017-2019, y posiblemente con posterioridad, también plantea preocupaciones desde la perspectiva del derecho penal internacional”, indica el texto.

En este sentido, destaca que “el rango de detención arbitraria y discriminatoria de miembros de la etnia uigur y otros grupos predominantemente musulmanes (...), en el contexto de las restricciones y la privación en general de derechos fundamentales que se gozan de forma individual y colectiva, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad”.

Agrega que “los sistemas de detención arbitraria y los patrones relacionados de abuso en centros vocacionales de educación y entrenamiento (VETC) y otros centros de detención se dan en un contexto de una amplia discriminación contra uigures y otras minorías predominantemente musulmanas, basada en percepciones de amenazas a la seguridad que emanan de miembros individuales de estos grupos”.

El informe de Bachelet añade que “esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias de los derechos humanos y libertades fundamentales, en violación de las normas y estándares internacionales. Estos han incluido restricciones indebidas a la identidad y expresión religiosa, así como los derechos a la privacidad y traslado. Existen serios indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva y discriminatoria de las políticas de planificación familiar y control de la natalidad. Del mismo modo, hay indicios de que los planes laborales y de empleo con supuestos propósitos de alivio de la pobreza y prevención del “extremismo”, incluidos los vinculados al sistema VETC, pueden implicar elementos de coerción y discriminación por motivos religiosos y étnicos”.

Recomendaciones a China

En el texto, la oficina del ACNUD realiza una serie de recomendaciones a Beijing respecto de esta materia, como “adoptar medidas inmediatas para liberar a todas las personas privadas de libertad arbitrariamente en Xinjiang”, “esclarecer de forma urgente el paradero de las personas cuyos familiares han estado buscando información sobre sus seres queridos”, “emprender una revisión completa del marco legal que rige la seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y los derechos de las minorías en Xinjiang para garantizar el cumplimiento de las normas de derecho internacional sobre derechos humanos, y derogar urgentemente todas las leyes, políticas y prácticas contra uigures y otras minorías predominantemente musulmanas en Xinjiang”.

Asimismo, pide al gobierno chino “investigar sin demora las denuncias de violaciones de derechos humanos en los VETC y otros centros de detención, incluidas denuncias de tortura, violencia sexual, malos tratos, tratamiento médico forzado, así como trabajos forzados y denuncias de muertes bajo custodia”, “cesar inmediatamente toda intimidación y represalias contra los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas” y “asegurar que todos los ciudadanos, incluidos los de la etnia Uigur y otras minorías musulmanas puedan tener un pasaporte válido para viajar desde y hacia China sin temor a represalias”, además de ratificar convenciones internacionales sobre derechos civiles y protección de personas en contra de la desaparición forzada, entre otros.

Finalmente, el informe recomienda a la comunidad internacional que apoye los esfuerzos para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en la región de Xinjiang. “Los Estados deben abstenerse de devolver a China a uigures y miembros de otras minorías predominantemente musulmanas (…) y proporcionar asistencia humanitaria, incluido apoyo médico y psicosocial, a las víctimas en los Estados en que se encuentran”.

Críticas previas a informe

Bachelet enfrentó críticas por ser demasiado blanda con China durante una visita en mayo, tras la cual decidió no presentarse a un segundo mandato.

El lanzamiento, dice The New York Times, puso fin a un retraso de casi un año que había expuesto a Bachelet y su oficina a un feroz rechazo por parte de grupos de derechos humanos, activistas y otros que la habían acusado de doblegarse ante Beijing, que había tratado de bloquear el informe.

“Es un desafío sin precedentes a las mentiras de Beijing y al horrible trato a los uigures”, dijo Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch en China. “Los hallazgos condenatorios de la alta comisionada explican por qué el gobierno chino luchó con uñas y dientes para evitar la publicación de su informe de Xinjiang, que deja al descubierto los abusos de los derechos humanos por parte de China”.

Una mujer carga a un niño por la noche en el casco antiguo de Kashgar, Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China. Foto: Reuters

Agregó: “El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería usar el informe para iniciar una investigación exhaustiva sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno chino contra los uigures y otros, y hacer que los responsables rindan cuentas”.

En mayo pasado, Bachelet concretó un viaje a China, y específicamente a la región de Xinjiang. El itinerario de seis días de duración empezó el 23 de mayo en Cantón con una reunión con el canciller Wang Yi y marcó un precedente al ser la primera visita de un alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde que Louise Arbour lo hizo en 2005. La comitiva también visitó las ciudades de Kashgar y Urumqi, la capital regional, en un viaje que buscaba esclarecer posibles violaciones hacia comunidades musulmanes uigures.

Pero la llegada de la comitiva no estuvo exenta de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, las que se agruparon y le enviaron una carta a la expresidenta chilena donde casi 200 ONG expresaron su preocupación. Misma línea que la del gobierno de Joe Biden, que señaló que China iba a utilizar la visita como propaganda política para alegar falsas acusaciones en cuanto a derechos fundamentales. Fue el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, quien afirmó que estaban “profundamente preocupados por la próxima visita de la alta comisionada”.

Los comentarios de Bachelet sobre su visita fueron denunciados por uigures en el extranjero y grupos de derechos humanos que la acusaron de ignorar la represión generalizada. El informe de su oficina fue recibido como un reconocimiento largamente esperado de los abusos que China ha sido acusada de cometer como parte de la política estatal en la región.

“Estuve acompañada por funcionarios del gobierno durante mi visita a Xinjiang”, comentó Bachelet, porque “las visitas de alto nivel no son, por definición, misiones de investigación”, aseveró. Pero hizo hincapié en que su criticado periplo a China le permitió exponer temas importantes y de mucha preocupación a los líderes y responsables políticos chinos.

Existen alrededor de 12 millones de uigures que son en su mayoría musulmanes, que viven en Xinjiang, que se conoce oficialmente como la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Ubicada al noroeste de China, es la región más grande del país, abarcando la sexta parte del territorio chino. En teoría, tiene algunos poderes de autogobierno, pero en la práctica está sujeta a importantes restricciones por parte del gobierno central.

Los uigures hablan su propio idioma, que es similar al turco, y se consideran cultural y étnicamente cercanos a las naciones de Asia Central. Constituyen menos de la mitad de la población de Xinjiang. En las últimas décadas han visto una migración masiva de chinos Han (la mayoría étnica de China) a la región, supuestamente orquestada por el Estado para aplacar a la población minoritaria allí. Beijing también ha sido acusada de atacar a figuras religiosas musulmanas y de prohibir prácticas religiosas, así como de destruir mezquitas y tumbas. Los activistas uigures temen que su cultura esté bajo amenaza de ser borrada.

Un comité de derechos humanos de la ONU en 2018 dijo que tenía informes creíbles de que China estaba reteniendo a un millón de personas en “centros contra el extremismo” en Xinjiang. Mientras que el Instituto Australiano de Política Estratégica encontró evidencia en 2020 de más de 380 de estos “campos de reeducación” en Xinjiang, un aumento del 40% con respecto a estimaciones anteriores.

Varios países, entre ellos EE.UU., Canadá y Países Bajos, han acusado a China de cometer genocidio. Las declaraciones siguen a los informes de que, además de internar a los uigures en campamentos, China ha estado esterilizando en masa a las mujeres uigures por la fuerza para reprimir a la población, separando a los niños de sus familias e intentando romper las tradiciones culturales del grupo.

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