Bachelet expresa preocupación por “militarización fronteriza” en Chile, expulsión de migrantes y “uso excesivo de la fuerza” en protestas

Foto: Reuters

Ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, la expresidenta señaló que hay información de que “se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección”.




La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre el estado de los DD.HH. en 50 países del mundo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su discurso, se refirió en más de una oportunidad a Chile.

En esa línea, criticó la militarización de las fronteras en el país -y de otras naciones- ante la llegada de migrantes venezolanos y señaló que hay información de que “se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección”.

“En el marco del flujo migratorio sin precedentes originado en Venezuela, Bachelet consideró especialmente preocupante la militarización de la gestión fronteriza en Ecuador, Perú y Chile, así como información de que ‘se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección’”, dice el comunicado enviado por la ONU.

El pasado 12 de enero, el Presidente Sebastián Piñera firmó la modificación al Decreto 265 para permitir que las FF.AA. colaboren en el control de la migración irregular por pasos no habilitados del norte del país.

“Uno de los principales compromisos de nuestro gobierno es poner orden en nuestra casa, proteger mejor nuestras fronteras y combatir la inmigración ilegal. El objetivo de este compromiso es muy simple, proteger la seguridad y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, sean chilenos o extranjeros”, señaló el Mandatario en la ocasión.

En el reporte de la Alta Comisionada se detalla también que el incremento de los controles y el uso de las fuerzas de seguridad para resguardar las fronteras ha provocado que la migración se vuelva más riesgosa. También alude a que al menos 5,28 millones de venezolanos han sido del país con diversos países de destino, entre ellos Ecuador, Perú y Chile.

Protestas en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú

En la instancia, Bachelet señaló también que “los sistemas de seguridad social débiles, desigualdades estructurales de larga data y la discriminación” han incrementado el impacto de la pandemia en todo el continente americano, lo que podría traducirse en una grave crisis socioeconómica y humanitaria. En ese sentido, abordó las protestas en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.

Afirmó así que “en varios de estos países se ha ejercido un uso excesivo de la fuerza ante las manifestaciones”, y alentó a los Estados “a tomar medidas para evitar que la situación continúe deteriorándose, a proteger las libertades de asociación y de reunión pacífica y a asegurar que las protestas sean gestionadas de acuerdo a las normas de derechos humanos”.

En octubre del año pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió preguntas de la fiscal indaga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Chile durante el estallido social, Claudia Perivancich, donde señaló que “se produjo un elevado número de violaciones graves a los DD.HH”.

Más reformas migratorias en EE.UU.

Por otro lado, Bachelet acogió las medidas del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos para combatir el racismo sistémico y poner fin a la política de separación familiar de los migrantes, pero pidió más reformas.

“Animo a que se adopten más medidas para abordar los problemas pendientes, como la detención masiva de migrantes, mediante la implementación de alternativas a la detención”, dijo Bachelet al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al que Estados Unidos se reincorporó como observador a principios de este mes.

El discurso de la expresidenta se dio en el marco del 46vo Consejo de DD.HH de la ONU y fue un día después del informe presentado sobre Nicaragua, donde señaló que la pandemia ha exacerbado la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive el país Centroamericano desde abril de 2018.

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