Boluarte alista proyecto para adelantar las elecciones a 2023 y promete a la ONU investigar denuncias de violencia policial

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla durante un encuentro con la prensa extranjera. Foto: Reuters

La mandataria dijo que solicitó al Congreso aprobar "lo antes posible" el adelanto de los comicios. La decisión se tomó, según los medios locales, basándose en la prolongación de la crisis social que ya cobró la vida de al menos 50 personas, y que actualmente tiene como epicentro a Puno.


Ante la urgencia y la, hasta ahora, incesante ola de manifestaciones que azotan a Perú, fuentes reservadas citadas por medios locales aseguraron este miércoles que la Presidenta Dina Boluarte estaría preparando un proyecto para adelantar las elecciones generales a 2023, lo que significaría anticipar el balotaje desde abril de 2024 -fecha inicial propuesta por la sucesora de Pedro Castillo- a algún mes de este año.

La decisión se conoció el mismo día en que el gobierno de Boluarte se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde prometió investigar las acusaciones hechas contra las fuerzas policiales en el marco de manifestaciones sociales, a quienes se les atribuyen “excesos”.

Elecciones anticipadas

Dentro de los reclamos más repetidos por manifestantes en Perú, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia es uno de los que se encuentran en el lugar más alto. Su llegada al poder, luego de la rápida vacancia al expresidente Pedro Castillo posterior a su fallido autogolpe, ha sido objeto de crítica para los miles de peruanos que continúan en las calles, traduciéndose en destrozos, enfrentamientos con la policía y la muerte de, al menos, 56 personas, con 45 de ellas fallecidas presuntamente como consecuencia directa de choques con fuerzas de orden.

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la policía en Lima, el 24 de enero Foto: AP

Es por eso que desde su ascenso al poder en Perú, la discusión sobre el adelanto en las elecciones ha sido un debate central en la política del país vecino. Aunque inicialmente la propia Boluarte propuso anticiparlas para abril de 2024, para muchos analistas esto no era suficiente.

Sin embargo, eso podría cambiar con el anuncio de medios locales que aseguraron que la mandataria estaría evaluando el presentar un nuevo proyecto de ley de reforma constitucional para anticiparlas aún más. Según fuentes de los diarios El Comercio y La República, el documento fue entregado al ministro de Justicia, José Tello, quien es, también, experto en temas electorales, por lo que el mismo miércoles se debatió en el Consejo de Ministros, e incluye la propuesta de realizar los comicios a fines de este año.

La jugada política vendría de la mano con la sostenida violencia registrada en las últimas semanas. En total, 45 personas que participaban en las protestas fallecieron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes. A estas víctimas se suman nueve decesos en sucesos relacionados con los paros, según datos de la Defensoría del Pueblo.

El Comercio aseguró que fue la propia Boluarte quien le pidió el martes al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que diseñara el proyecto de forma “urgente y prioritaria”, lo que sería una señal del Ejecutivo para presionar al Congreso y así entiendan que la crisis político-social que aqueja a Perú requiere de “sentido de urgencia”, pero también para demostrar a la ciudadanía, y especialmente a quienes protestan, que el Parlamento también tiene responsabilidad de la grave situación en el país, dijeron las fuentes citadas por el periódico.

Las mismas fuentes señalaron al medio local que la mandataria habría reconocido a su círculo cercano que el plazo de un año y cuatro meses propuesto inicialmente sería inviable, pues con tal periodo de espera, cualquier intento por calmar la ebullición social no llegaría a tiempo.

Si el gobierno de Boluarte presenta la medida de manera oficial, se requerirá de la aprobación de al menos 87 votos en el Congreso, lo que se debería votar antes del 14 de febrero, considerando que al día siguiente se inicia la segunda legislatura, instancia donde se debería ratificar el proyecto de ley por dos tercios de los congresistas.

Legisladores peruanos durante la votación para adelantar las elecciones generales, el 20 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

En conversación con la cadena RPP, el ministro de Justicia, José Tello, dijo que se podría lograr el adelanto, siempre que el Congreso le dé prioridad a aquello. “Ellos podrían decidir adelantarlas hacia el 2023 y para nosotros no habría ningún problema, porque nosotros nos acogemos al marco constitucional y también a la separación de poderes y a las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República”.

Mientras no se presente dicho proyecto, Boluarte seguiría en el poder, al menos por cumplimiento constitucional, hasta abril de 2024, o incluso 2026, de no aprobarse el adelanto en las elecciones. Situación que podía ocurrir, informó La República, durante la tarde del miércoles, puesto que no existiría voluntad por parte de los parlamentarios para adelantar las elecciones y realizarlas en 2023. Sin embargo, el primer ministro Alberto Otárola dijo estar satisfecho con el “cronograma establecido” en el Congreso para ver el adelanto de elecciones, ello luego de reunirse este miércoles con parlamentarios de la mesa directiva del Legislativo.

En todo caso, en su presentación virtual de este miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA, Boluarte se refirió al tema: “He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de elecciones. Y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen. La única salida posible a la crisis, que es a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y la región (...). No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional, ni de la tradición democrática”, añadió.

El examen de la ONU

Si bien fue una coincidencia, no deja de llamar la atención que justo cuando Perú atraviesa por una de las mayores crisis de derechos humanos en los últimos años, le corresponda comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el examen -el primero en cinco años- que el organismo internacional realiza de forma periódica en el que estudia las libertades individuales de cada país.

Fue en aquel contexto en el que, a través del embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, la nación vecina aseguró que investigará posibles “excesos” de las fuerzas de orden frente a las protestas iniciadas el 7 de diciembre, con la vacancia de Castillo y su posterior arresto.

“Si algún exceso ha habido, se va a investigar”, dijo el embajador ante el consejo compuesto por 47 Estados miembros de la ONU. Pero también aprovechó la instancia para asegurar que el gobierno de Boluarte ha intentado “responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza”.

“Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social”, dijo el diplomático peruano ante la ONU.

Según el fiscal superior provisional, Daniel Jara, ya se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y 14 heridos en protestas en las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima, así como por la agresión al periodista Aldair Mejía cuando cubría los incidentes en la ciudad de Juliaca.

Mientras los llamados a protestas continúan, la crisis de orden público se mantiene. Puno, lugar clave de las protestas, deberá permanecer por 10 días más en toque de queda, además del estado de emergencia que rige en la región.

En Puno, indignación causaron las declaraciones de la Presidenta Boluarte, quien aseguró que “Puno no es el Perú” durante una conferencia de prensa con medios extranjeros realizada el martes. Palabras que rápidamente debió salir a rectificar a través de Twitter, asegurando que “no fue una expresión de discriminación ni soberbia”.

“De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”, agregaron desde la cuenta oficial de la Presidencia de Perú.

El entonces Presidente peruano Pedro Castillo, vestido con un atuendo típico andino, hablando en Juliaca, región de Puno, el 7 de diciembre de 2021. Foto: AFP

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, no quedó indiferente ante las palabras de la mandataria, por lo que replicó en una entrevista con radio Exitosa que, por los “antecedentes” de Boluarte, le parecía que sus dichos eran sinceros. “Puedo creer que a cualquier persona le pasa, a veces decimos cuestiones que no responden necesariamente a lo que intentamos comunicar. Pero por los antecedentes, los adjetivos, (Boluarte) da a entender que eso estaba dentro de lo que ella misma ha pensado”.

“La población pide la renuncia de Dina Boluarte. Si me preguntan a mí qué me parece, yo no veo otra salida que la renuncia de la Presidenta. Acá hay un tema hasta personal por todas las muertes, el hecho se ha salido de control. La salida (de la presidenta) es innegociable, un sector de la población dice que se va, y se va”, agregó en duros términos.

Puno se ha elevado como uno de los epicentros de las manifestaciones, lo que, según el analista arequipeño Gonzalo Banda, se debería en parte a la cantidad de muertos en la zona, lo que “puede ser un disparador para una mayor radicalidad de las protestas”, dijo a BBC durante la segunda semana de enero. Además, explicaba entonces, podría estar relacionado a la identificación indígena del sur de Perú con el expresidente Castillo.

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