El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) solicitó este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, elevar a la Asamblea General el caso de las desapariciones en México, para encontrar así medidas dirigidas a apoyar a su gobierno en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito que, advirtió, podría equivaler a “crímenes de lesa humanidad”.

Según resolvió el comité, existen “indicios fundados” de que en territorio mexicano “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad”, debido a, según denunció en nota de prensa, los “ataques generalizados o sistemáticos” perpetrados contra la población civil en diversos puntos del país.

“La magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación”, señaló aludiendo al “continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país”. De hecho, el comité subrayó que “se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados”.

Por ello, tras aclarar que el Derecho Internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno, el presidente del CED, Juan Albán-Alencastro, remarcó que “lo que importa” es “la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.

A ello se suma el hecho de que, pese a reconocer las medidas adoptadas por la Administración mexicana en los últimos años, la situación no solo “no ha mostrado una mejora sustancial” sino que, además, “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis”, por lo que persiste la “urgencia” de impulsar “reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.

Ante todo esto, el comité instó a la Asamblea General a considerar adoptar medidas en favor de ofrecer “la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”.

A su vez, abogó por el establecimiento de un “mecanismo eficaz” para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, organizaciones y defensores que buscan a los desaparecidos.

Rechazo del gobierno mexicano por “omisión” de “avances”

Tras conocerse el informe del comité, las autoridades mexicanas lo rechazaron catalogándolo de “tendencioso” e hicieron notar que no se tomaron en consideración las últimas “actualizaciones”, que aseguran haber presentado desde el gobierno nacional.

“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”, expresó el Ejecutivo en un comunicado en el que añadió que el documento “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”.

En esa línea, tras subrayar que el gobierno de México “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y reiterar que se ha emprendido una “reforma legislativa e institucional en coordinación con colectivos de familiares para atender este flagelo”, las autoridades consideraron que el comité no ha “considerado debidamente” una serie de reformas aprobadas en julio de 2025.

Entre las mismas, el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum hizo referencia a la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la obligación de abrir una carpeta de investigación ante el primer reporte y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.

Finalmente, tras asegurar que México mantiene una “política de cooperación cotidiana” con los sistemas internacionales y regionales, el Gobierno mexicano se mostró “abierto a la cooperación técnica internacional”, aunque, precisó, siempre y cuando ello no sea “a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.