SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto “Escuelas Protegidas” busca resguardar los entornos educativos y promover la sana convivencia, un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, centrar la prevención únicamente en herramientas de seguridad y control puede generar un desequilibrio en la manera de abordar los conflictos escolares. Su antecesora, Aula Segura, no logró los resultados esperados. Entre 2019 y 2025 (según un estudio de la UDD) se registraron cerca de 2.500 expulsiones y se perdió la trazabilidad de alrededor de 500 estudiantes, sin claridad sobre si continuaron estudiando o desertaron. A ello se suma que la Superintendencia de Educación reportó un aumento de 73% en las denuncias por convivencia escolar durante el último año.

No podemos desconocer la necesidad de mejorar la legislación. Escuelas Protegidas disminuye la burocracia excesiva de Aula Segura e incorpora mecanismos de mayor celeridad y resolución temprana de conflictos. En tiempos difíciles, urge mejorar los mecanismos de protección. Sin embargo, estas medidas solo serán sostenibles si logran un equilibrio desde un enfoque multifactorial, que no reemplace formación por sanción.

Carlos Arriagada-Hernández

Director Magister en Educación, Universidad Autónoma de Chile