Congreso español aprueba polémica ley educativa y oposición busca “desactivarla”

Dirigentes del Partido Popular durante el anuncio de una recolección de firmas contra la Ley Celaá, la semana pasada, en Madrid. Foto: Europa Press

El Partido Popular dijo que recurrirá a tribunales y a la Unión Europea contra la Ley Celaá, que, entre otras cosas, quita al castellano la condición de “lengua vehicular”.




Entre gritos de “¡libertad!” y acusaciones de “adoctrinamiento”, los partidos oficialistas Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, lograron aprobar por estrecho margen ayer en el Congreso español la polémica Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como Ley Celaá. En medio de un clima de fuerte confrontación ideológica, la oposición manifestó que recurrirá a los tribunales e, incluso, a la Unión Europea con tal “desactivar” la que ya constituye la octava ley educativa de la democracia en España.

La Ley Celaá, que sustituye a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), fue aprobada por 177 votos a favor (uno más que la mayoría absoluta de la Cámara) frente a 148 en contra y 17 abstenciones. Ahora la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Después volverá al Congreso, donde será ratificada definitivamente. Se espera que en febrero la ley esté aprobada.

Según destaca el diario El País, la Ley Celaá potencia la enseñanza pública y un mayor control de la concertada (centros de naturaleza privada pero subvencionados en gran medida por la administración central), limita las repeticiones (prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria), reequilibra las competencias educativas entre el gobierno y las comunidades autónomas (que ahora tendrán más atribuciones y participación) y quita al castellano la condición de “lengua vehicular”.

Asimismo, la ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y promueve “la cultura de la sustentabilidad ambiental” en las escuelas. También incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera, y establece que la asignatura de religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas).

A la salida del pleno del Congreso, la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió que uno de los objetivos de la reforma es “la conclusión con éxito de todos los estudios por parte de los alumnos”, al tiempo que aseguró que el castellano está “perfectamente garantizado”, si bien reconoció que le hubiera gustado tramitar su ley “con más consenso”.

Pero en la oposición la evaluación era diametralmente opuesta. Joaquín Robles, diputado de Vox, dijo que “el gobierno de (el socialista Pedro) Sánchez y sus socios bolivarianos, siguen en su empeño de utilizar la educación para la difusión de su ideología, impidiendo que alguien pueda escapar de este adoctrinamiento”.

Una postura similar a la expresada por la diputada del Partido Popular (PP), Sandra Moneo, quien acusó a La Moncloa de “asfixiar al que no se somete al pensamiento único”. “Utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para frenar esta deriva autoritaria”, anunció la parlamentaria, para quien la ley va más allá de modificar la regulación educativa: “Certifica la ruptura de nuestro sistema de libertades y de nuestro pacto constitucional”.

La ofensiva total del PP contra la Ley Celaá se producirá en todos los frentes, en el político, pero también en el judicial, en la Unión Europea y en la calle, destacó el diario ABC. En las comunidades y municipios donde gobiernan, los populares se comprometieron a defender la educación concertada y el castellano, mediante la aplicación de sus competencias propias.

“Defenderemos la libertad acudiendo a Europa y a través de un recurso de inconstitucionalidad cuando la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado”, detalló Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso. Pablo Casado confirmó que su colectividad recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley en cuanto entre en vigor. El presidente de los populares se comprometió a derogar la ley cuando llegue a La Moncloa.

La ofensiva del PP se llevará a cabo en las calles también. Los dirigentes del partido opositor tienen previsto participar en las movilizaciones ciudadanas programadas para el domingo en una treintena de ciudades. Así, el secretario general, Teodoro García Egea, se unirá a la protesta de Murcia, mientras que los vicesecretarios se repartirán por toda España.

Según el diario El Mundo, el PP “desactivará” la Ley Celaá en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna con leyes que “blinden” el castellano. En el asunto de la “vehicularidad” del castellano (una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013), los populares apuntan que la Constitución, en su artículo 3.1, asegura lo siguiente: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. “La referencia al deber de conocerla desaparece en la Ley Celaá”, aseguran en la colectividad liderada por Casado.

Incluso, exdirectores del Instituto Cervantes rechazan la norma según la cual el castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza. “Es una canallada, un genocidio lingüístico”, afirman, consigna El Mundo.

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