Familias de migrantes centroamericanos desaparecidos en México demandan resultados de investigaciones

Los migrantes centroamericanos siguen llegando a México pese a desapariciones y asesinatos. Foto: AP

La manifestación se llevó a cabo en Ciudad de México en un monumento erigido en memoria de 72 migrantes centro y sudamericanos asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Una comisión de Naciones Unidas inició el lunes pasado una visita al país azteca para evaluar el trabajo de las autoridades contra la desaparición forzada de ciudadanos, que el gobierno mexicano reconoce como una “crisis humanitaria” que suma ya más de 94.000 casos.




Familiares de migrantes desaparecidos y asesinados en México protestaron este viernes en la capital mexicana en demanda de resultados de los casos de sus seres queridos.

“En Honduras muchos familiares de migrantes están enfermos a raíz de sus pérdidas, a raíz de sus desapariciones”, dijo en el acto Jessica Soto, cuyo hermano desapareció en México hace 19 años.

“Están muriendo sin saber de sus hijos e hijas y esposos (...) Están cremando a nuestros hondureños sin permiso ni autorización de sus familias. Por favor, paren de hacer esto. Paren de violentar nuestros derechos”, imploró.

La manifestación se llevó a cabo en un monumento erigido en memoria de 72 migrantes centro y sudamericanos asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y frontera con Estados Unidos.

“Casi nunca tienen respuesta para nosotros, casi nunca nos informan, casi nunca nos dicen cómo van los casos”, reclamó la hondureña Dolores Suazo, en referencia al asesinato de su hermano en el norte de México.

La manifestación se realizó en momentos en los que una caravana de indocumentados, en su mayoría centroamericanos, avanza desde el este de México con dirección a la frontera con Estados Unidos.

Una comisión de Naciones Unidas inició el lunes pasado una visita a México para evaluar el trabajo de las autoridades contra la desaparición forzada de ciudadanos, que el gobierno reconoce como una “crisis humanitaria” que suma ya más de 94.000 casos.

De esa cifra, unas 76.000 se registraron desde 2006, cuando el gobierno lanzó un cuestionado operativo militar antidrogas.

Desde entonces se contabilizan además unos 300.000 asesinatos, atribuidos principalmente a los cárteles del narcotráfico y otras bandas del crimen organizado.

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