Gobierno de Fernández entrega terrenos a comunidades mapuche y tensa relación con Mendoza

Vista general de Valle Grande, en San Rafael, en la provincia de Mendoza, uno de los lugares en los que se cederán tierras a comunidades mapuche en Argentina. Foto: Reuters

La decisión del gobierno argentino de entregar cerca de 25 mil hectáreas ha sido cuestionada por la oposición, que ha renegado de la existencia mapuche en la zona. La presencia de petróleo en esa provincia es otro de los elementos que ha marcado la discusión.


El 27 de enero, el gobierno argentino decretó, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la entrega del Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfu a comunidades mapuche de la provincia de Mendoza, iniciando un duro pleito tanto con el gobierno local como con la oposición. Inicialmente eran 21.000 hectáreas de tierra en Malargüe y San Rafael, ciudades limítrofes con Chile, y los ánimos ya estaban caldeados. Luego se sumaron 4.000 más, y la tensión terminó de explotar.

La administración del Presidente Alberto Fernández, acusan desde Mendoza, tomó la decisión sin ningún tipo de acuerdo entre el gobierno nacional y el provincial, lo que generó mayores reclamos luego de que se diera a conocer que el sector contaba con numerosos pozos de crudo no convencional en el sector mendocino del yacimiento Vaca Muerta.

Una entrega cuestionada

El INAI justificó la medida aseverando que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.

Desde el gobierno provincial, a cargo del radical Rodolfo Suárez, condenaron la acción inconsulta. Suárez aseguró en aquel momento en Twitter que ordenaría la inmediata gestión para declarar como inconstitucional la medida del Ejecutivo.

La Policía Federal se alinea a lo largo de una carretera mientras se prepara para desalojar a indígenas mapuches de las tierras que ocupan desde hace años cerca de Villa Mascardi, en octubre de 2022. Foto: AP

“Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, dijo el gobernador en la red social.

Suárez iniciaba así toda una discusión al interior de la oposición sobre la validez del título de mapuche reclamado por las comunidades beneficiadas.

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y líder del partido peronista-conservador Encuentro Republicano Federal, hizo eco de los cuestionamientos de Suárez diciendo que “la entrega de 21 mil hectáreas en la provincia de Mendoza a comunidades pseudomapuches es una traición a la patria. Muestra de un desapoderamiento del territorio nacional y de nuestra soberanía. Si somos gobierno en el 2024, esto se termina”.

La respuesta gubernamental llegó el martes pasado de la mano del propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que afirmó a través de su vicepresidente, Luis Pilquimán, que las comunidades “son mapuches porque se autoidentifican así” y que “no es necesaria la personería jurídica” en este caso, alimentando las voces críticas a su efectiva pertenencia al pueblo originario.

Desde Malargüe, una de las ciudades afectadas, también expresaron su preocupación. El intendente Juan Manuel Ojeda dijo durante una celebración de vendimia que “necesitamos que nuestros productores sean propietarios de sus tierras. Malargüe no tiene comunidades mapuches, lo dicen los especialistas”. Con un dejo de preocupación, agregó que “lo que sucede en Malargüe y San Rafael, puede llegar a complicar la propiedad privada”, según lo citó el diario Tiempo Argentino.

La discusión sobre la verdadera pertenencia de las comunidades al pueblo mapuche, sin embargo, es tema de debate incluso dentro de la historiografía.

En entrevista con La Nación, la reconocida historiadora Beatriz Bragoni argumentó que “la discusión sobre si hubo o no mapuches en Mendoza es un punto ciego, porque en realidad las comunidades indígenas que sí vivieron en la provincia se reivindican de esa manera, como mapuches”.

En relación con el proceso de sincretismo, la académica afirmó que “a Mendoza la habitaron los pehuenches y los puelches, pero abandonaron esa nomenclatura o denominación del conquistador y la reemplazaron por mapuches”. “Fueron expulsados siendo legítimos habitantes”, dijo la doctora en Historia, cerrando con que “la nomenclatura no debe entorpecer la reivindicación de las tierras”.

Un hombre cubierto con la bandera mapuche camina hacia el edificio del Congreso Nacional de Argentina, en octubre de 2021. Foto: AFP

Una visión diametralmente contraria presentó la también doctora en Historia, Andrea Greco de Álvarez. Consultada por Infobae, la académica aseguró que los verdaderos pueblos nativos de la zona son los Puelches y Pehuenches, quitándole crédito a la tesis oficialista.

“La verdad histórica es que el sur mendocino fue habitado por los Puelches, posteriormente los Pehuenches que habían habitado la zona de Neuquén (tierra de pehuenes) fueron avanzando hacia el norte estableciéndose en la zona cordillerana malargüina. La denominación de ambos pueblos es el producto de la invasión e imposición de los Mapuches sobre los pueblos originarios de Mendoza”, explicó.

El problema del petróleo

Al problema se le sumó una nueva arista con el pasar de los días: se anunció la presencia de pozos de crudo no convencional en la zona. Así lo confirmó la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial local, que explicó que el territorio cedido corresponde al lado mendocino del yacimiento petrolero Vaca Muerta, al sur de Malargüe.

Humberto Mingorance, secretario de Ambiente provincial, dijo que parte de las últimas 4.000 hectáreas entregadas son “la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en Mendoza”, advirtiendo que esas “cesiones de tierras tienen detrás un interés económico muy grande, porque no solo se cobra por cada uno de los pozos, sino además por cada kilómetro que se hace y por cada kilómetro de cañería que se tira”.

Como era de esperar, la noticia no fue bien recibida por el ya molesto gobernador Rodolfo Suárez, quien no dudó en denunciar una “intencionalidad política” del gobierno para “perjudicar” a la provincia, considerando que se está llevando adelante una millonaria inversión por parte de la estatal YPF en la zona.

El Sosneado, uno de los sectores cedidos, cuenta con 23 pozos explotados por Emesa, empresa cuyos accionistas son la provincia de Mendoza y sus municipios, aseguró Infobae. La zona de Puesto Rojas, al sur de Malargüe, sería el otro sector, que posee 27 pozos. “Es un área en crecimiento de actividad petrolera. Es la zona donde se hizo estimulación hidráulica”, dijo una funcionaria mendocina al mismo medio.

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