Un tribunal federal de Estados Unidos declaró este jueves ilegal la imposición de los aranceles globales del 10% impuestos por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones.

De acuerdo al Tribunal de Comercio Internacional estadounidense, el mandatario invocó “de forma incorrecta” una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes, como consignó CNN.

En un fallo de 2 a 1, el panel de jueces de la corte de Comercio determinó que la Administración Trump carecía de justificación para imponer aranceles en virtud de la Sección 122 de una ley comercial de 1974.

La Casa Blanca comenzó a aplicar dichas tasas después de que un fallo de la Corte Suprema a principios de este año declarara ilegales sus gravámenes más generalizados.

De acuerdo el Tribunal de Comercio, con sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países.

El fallo del jueves exige que se deje de cobrar las tarifas a los demandantes y les reembolse los pagos realizados previamente. Si bien solo afecta a los reclamantes directamente perjudicados, representa un importante revés para Trump y su capacidad para imponer aranceles.

Este recuerda además que la norma permite gravámenes de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de una autorización del Congreso.

Sin embargo, según EFE, el futuro del litigio permanece abierto, dado que el Gobierno estadounidense ya había previsto que el arancel global funcionara como una medida temporal destinada a ganar tiempo mientras se exploraban otras bases legales para imponer aranceles más duraderos.

El arancel del 10 % se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Poder Legislativo de EE.UU.

De acuerdo a The New York Times, se espera que la Administración Trump recurra al fallo, lo que podría prolongar el conflicto. No obstante, una derrota definitiva obligaría al Ejecutivo a devolver los ingresos recaudados bajo esos aranceles, una cifra que se sitúa en torno a los US$166.000 millones.