La ONG Human Rights Watch ha instado este miércoles al Gobierno venezolano, desde principios de enero dirigido por Delcy Rodríguez, a “desmantelar el aparato represivo”, incluyendo la adopción de reformas electorales y judiciales “reales” así como la destitución del fiscal general, Tarek William Saab, por su papel esencial en la “maquinaria represiva” del Estado, en especial tras las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024.

“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, ha advertido en un comunicado la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.

HRW ha puesto en valor las excarcelaciones de presos políticos como un “alivio importante”, después de que Caracas haya anunciado a principios de enero una oleada de liberaciones que ha sacado de cárceles de todo el país a alrededor de 400 personas, según organizaciones de derechos humanos venezolanas, si bien aún permanecen entre rejas unas 600 personas encarceladas por motivaciones políticas.

Pese a ello, la ONG ha alertado de que “el aparato represivo utilizado para detenerlos sigue en pie”, al considerar que la ley de amnistía que se debate en la Asamblea Nacional “no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente”.

“Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela”, ha señalado Goebertus sobre un proyecto que, de acuerdo al oficialismo, abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que activistas y ONG ven con preocupación porque, por el momento, excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.

La organización se ha hecho eco de un balance de la Foro Penal, entidad venezolana, que apunta a casi 19.000 detenidos arbitrariamente en Venezuela, muchos de los cuales han recibido “malos tratos y tortura”, además de haber permanecido incomunicados, sin acceso a defensa, o imputados “masivamente en audiencias virtuales”.

En esta línea, HRW ha querido recordar que las autoridades llevan cometiendo “violaciones generalizadas de Derechos Humanos, entre ellas procesos penales infundados”, contra disidentes, periodistas o activistas “desde 2014”, lo que en muchas ocasiones ha necesitado la “complicidad” de la Fiscalía y el Poder Judicial venezolanos.

Por ello, la ONG ha emplazado al Ejecutivo de Rodríguez a que tome medidas para garantizar “la integridad e independencia” de la Justicia, “cooptada” por el Estado desde la reforma judicial aprobada en 2004 por el entonces presidente, Hugo Chávez.

Asimismo, ha pedido la destitución del fiscal general, Tarek William Saab, por su liderazgo en la actuación de Caracas “condujo a violaciones de los Derechos Humanos” tras los comicios en los que Maduro proclamó su victoria, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

“Dado su historial, el hecho de que Saab siga ocupando el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los Derechos Humanos y promover el Estado de derecho”, ha apuntado Goebertus.

Por otra parte, Human Rights Watch ha instado a las autoridades venezolanas a que actúen “de inmediato para crear las condiciones necesarias” en aras de celebrar unas elecciones “libres y justas”, lo que incluye revisar la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo en cuenta que sus miembros declararon la reelección de Maduro y, previamente, impidieron el registro de candidatos de la oposición -como el sonado caso de la líder opositora María Corina Machado-.