Ayer viernes, a prohibición de visas impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países fue anulada por una jueza federal, quien dictaminó que la medida era “contraria a la ley”, y excedía la autoridad legal del Secretario de Estado, Marco Rubio.

En enero pasado, Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia, bajo el argumento de que evitaría el ingreso de personas que recibirían beneficios públicos y se convertirían en una carga financiera para los estadounidenses.

Al respecto, la jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, puso en duda las razones del Departamento de Estado para esta política, negando así cualquier prohibición de visa que se hiciera por este motivo.

Según consignó el New York Times, en su fallo de 61 páginas la jueza Vargas cuestionó la justificación del gobierno para la política, señalando que los funcionarios estadounidenses estaban negando visas a inmigrantes que probablemente eran autosuficientes, violando una ley que exige evaluaciones individualizadas.

Para esto, una de las pruebas del caso fue un cable interno del Departamento de Estado, en donde se instruía a los funcionarios consulares a denegar visas incluso cuando los solicitantes presentaban “evidencia adicionales” que demostraban que superaban la denegación por ser considerados carga pública.

Con el fallo de la jueza Vargas se revoca cualquier denegación de visa basada únicamente en la política que entró en vigor en enero, por lo que es posible que se deban revisar miles de solicitudes de visa desde ese período hasta ahora.