La denuncia se dio a conocer el 5 de enero pasado, pero en las semanas siguientes se han ido abriendo distintos frentes, e incluso este jueves, nuevas revelaciones por parte del mismo Julio Iglesias vienen a continuar la historia. A principios de año, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España tomó declaración a dos mujeres que, representadas por la ONG Women’s Link Worlwide, habrían sido víctimas en presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Estos hechos, revelados por elDiario.es y Univision, podían constituir delitos muy graves, incluyendo trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, y delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales. El equipo legal de la ONG, en una conferencia de prensa, aclaró el carácter de “testigos protegidos” que tendrían las mujeres que acusaban a Iglesias, aunque la fiscalía no se ha referido al respecto, por el mismo “el carácter secreto de las diligencias”.

Las situaciones habrían ocurrido entre las distintas casas de Julio Iglesias, tanto en República Dominicana como en Bahamas y también en España, y las denunciantes habrían sido una empleada del hogar y una fisioterapeuta. Iglesias, en un principio, guardó silencio respecto a la denuncia, pero esta semana mostró mensajes por canales de mensajería que, a su parecer, mostrarían la incoherencia de la denuncia.

Las extrabajadoras habrían llevado a la fiscalía toda clase de documentos, como fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España. Según detallan los medios que hicieron la investigación, sus relatos hablan de “agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas”.

Del mismo modo, otras mujeres que habrían trabajado para Iglesias se habrían puesto en contacto con las denunciantes, aunque aún no se ha mencionado si también serían presuntas víctimas del cantante.

Por su parte, Amnistía Internacional respaldó la denuncia de las mujeres, señalando que “según su testimonio, el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Entre algunas de las cosas que indican en sus declaraciones, las denunciantes aseguran que Iglesias les solicitaba exámenes ginecológicos a las mujeres que fueran a trabajar en su casa. “Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”, dijo una de las denunciantes, mientras que otra agregó: “Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”.

La primera reacción del cantante y su equipo legal fue el silencio, y durante días no hubo reacción. Esto, hasta que la revista Hola se puso en contacto con Iglesias, y según dio cuenta el medio de farándula, “no es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”.

“Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido. El entorno cercano del cantante guarda un absoluto silencio evitando declaraciones públicas”, indicó la revista, agregando que de todos modos, en declaraciones privadas, los cercanos a Iglesias niegan completamente los hechos.

Por parte de los abogados del cantante, la estrategia ha sido, antes que todo, desestimar la legitimidad del tribunal. En un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el abogado José Antonio Choclán hizo un planteamiento central: los tribunales españoles no tendrían jurisdicción para investigar los hechos denunciados, frente a hechos que ocurrieron en República Dominicana y Bahamas. Asimismo, la representación del cantante llamó a la Fiscalía a “detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha con grave daño reputacional” en su contra.

Ahora bien, el abogado Joaquín Moeckel, en entrevista con Antena 3, comentó las posibilidades de que esta estrategia tenga resultado, considerando que la denuncia busca encajar los hechos “en delitos de competencia universal”.

“Lo que se ha hecho es buscar dónde podría encajar un delito para que la Audiencia Nacional conozca del caso, y se ha acudido a la trata de seres humanos, que es un delito universal”. Un pero a esta situación es que, si fuera la policía dominicana la que empezara pesquisas para una instrucción judicial, “España ya no sería competente”.

Luego de casi 20 días de relativo silencio, este jueves el cantante agregó nuevos antecedentes al caso en su cuenta de Instagram. Esto, en busca de proteger su reputación e imagen pública. “Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, escribió.

“Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados. A continuación adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y manipulación mediática a la que estoy siendo sometido”, denunció el cantante en la red social.

En uno de los mensajes, de septiembre de 2021, se puede leer: “Hola profesor, buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios”, en un pantallazo que da cuenta del que sería el nombre de una de las denunciantes. La misma le habría escrito: “Feliz, feliz cumpleaños Julito!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo. TE QUIERO. Siempre te recuerdo con cariño. Atte. tu fisioterapeuta para siempre”.

Uno de los mensajes que provendrían de otra las denunciantes sería el siguiente: “Hola Señor, espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo. Está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden”.

En medio del escándalo legal, también se reveló durante este mes otra denuncia contra Julio Iglesias, pero esta vez por “despido improcedente”, desde su mansión en Punta Cana. Dos de los empleados que estaban con Iglesias fueron despedidos “sin más explicación”, en una ruptura laboral que ni siquiera dio paso a un finiquito, también durante la pandemia.

Estos empleados habrían estado, uno 21, el otro 9 años trabajando para el cantante, y habrían ejercido como choferes y realizado labores de mantenimiento. El abogado que defiende a estos exempleados, que también son hermanos, señala que eran “calificados de domésticos”, lo que conlleva menos derechos laborales, y es lo que está al centro de la disputa legal.

“Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, señaló el abogado.

La batalla legal habría comenzado en 2020, y en un momento el Juzgado de Trabajo de Altagracia sentenció al cantante a pagar 900 euros y 450 euros, respectivamente. Los demandantes rechazaron el monto de la indemnización, y tras apelar, en junio de 2024, se decretó que el despido sí había sido injustificado.

Posturas del gobierno y la oposición

Desde el gobierno español, en tanto, ya a los días de conocerse los hechos se empezaron a plantear medidas para mostrar solidaridad con las denunciantes, siendo una de estas el retirarle a Iglesias la Medalla de las Bellas Artes. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondió al respecto en una entrevista: “Se está valorando, se está estudiando. Nuestro compromiso es con las víctimas y con la igualdad. Siempre vamos a estar a favor de las mujeres”.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, dijo por su parte que los testimonios de las denunciantes eran “escalofriantes”, refiriéndose a ellos como “abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Ione Belarra, líder del partido de izquierda Podemos, pidió que se acabe con “el silencio” en los casos de agresión sexual cometidos por “agresores famosos que están protegidos por su dinero”.

En la oposición, la situación llegó a dividir a los dos grandes pesos pesados del Partido Popular. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, se mostró “muy sorprendido por las graves denuncias”, y pidió centrarse en la investigación para saber “realmente lo que hay de verdad” en ellas.

Más tajante en su oposición a la denuncia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó: “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

Archivo de las diligencias

En medio del debate generado por el escándalo y denuncia contra Iglesias, este viernes la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias abiertas tras recibir una denuncia por agresión sexual contra el cantante, ante la falta de jurisdicción de la Justicia española para conocer los supuestos delitos cometidos en el extranjero.

El decreto de archivo indica que “la Audiencia Nacional ha interpretado reiteradamente (...) que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”. Y “especialmente” cuando las víctimas “son extranjeras y no son residentes en España”, los presuntos autores “también lo son o no se encuentran en España” y los hechos “pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”.

Pero elDiario.es destaca que la resolución “no entra al fondo del asunto ni analiza los hechos denunciados”. “Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron y donde se encuentran las pruebas”, recoge el decreto.

Para Women’s Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a Laura y Rebeca, las exempleadas que denunciaron al cantante, se trata de una decisión “lamentable” de la Fiscalía pero no el fin del camino. En un comunicado al que tuvo acceso la Cadena SER, subrayan que las denunciantes “no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada” y “están decepcionadas” por el hecho de que el decreto se firmó sin que la fiscal hubiera contestado a tres escritos adicionales que le habían presentado.

“Temen por posibles represalias, sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles que, tal como señala la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, les permiten garantizar sus derechos”, exponen.

El Ministerio Público se apoya en dos casos que ha resuelto el Supremo en la última década. En uno de ellos, los jueces españoles rechazaron investigar un entramado de pesca ilegal que se desarrolló en aguas internacionales de la Antártida y con conexiones con un entramado societario radicado en España.

En el otro caso que esgrime el Ministerio Público, los jueces del Supremo y la Audiencia Nacional rechazaron ser competentes para investigar el asesinato de un sindicalista colombiano en 2001, supuestamente, en una operación paramilitar, consignó elDiario.es.