Las claves de la nueva ley española que vuelve ilegal el franquismo y su exaltación

Un visitante sostiene un retrato del exdictador español Francisco Franco en el mausoleo del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid. Foto: AP

Uno de los cambios más fuertes a la anterior Ley de Memoria Histórica tiene que ver con la nueva responsabilidad que asume el Estado español de buscar a las cerca de 114 mil personas que desaparecieron durante la dictadura de Francisco Franco.


Luego de un debate particularmente divisorio, en que el Parlamento español se fraccionó prácticamente en dos, se aprobó la Ley de Memoria Democrática, un proyecto que toma los avances de la anterior Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007, y actualiza la relación del país con su pasado. En específico, con la dictadura franquista, que desde 1939 hasta 1975 tuvo el poder. Uno de los cambios más llamativos de la legislación tiene que ver con el estudio que se propone hacer de violaciones a los derechos humanos entre 1978 y 1983, en miras a reparar el daño causado durante el período de “consolidación de la democracia”.

El texto fue aprobado por 173 diputados, contra 159 que se opusieron y 14 abstenciones, estando entre estas últimas los legisladores del partido catalán Esquerra Republicana de Catalunya. Estas son las claves de la nueva ley:

Franquismo ilegal

Con la nueva Ley de Memoria Democrática, tanto el régimen franquista como las condenas realizadas por sus tribunales son declaradas ilegales. La nulidad de estas condenas dará derecho a sus víctimas a obtener “una declaración de reconocimiento y reparación personal”.

Al respecto, el texto de la ley señala claramente los límites de la dictadura franquista: “Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática”.

Asimismo, se instalan sanciones, que pueden llegar hasta 150 mil euros, por actos como destruir fosas comunes, menoscabar lugares de memoria democrática o exaltar el franquismo, cosas que la ley anterior no contemplaba.

Pedro Sánchez, durante el debate del estado de la nación en el Parlamento español. Foto: Reuters

Redefinición de víctimas

La nueva ley también redefine el concepto de “víctima del franquismo”, ya que incluye a toda persona que “haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales”. En ese sentido, se reconoce como víctima no solo a los fallecidos y desaparecidos por la dictadura, sino también a los exiliados, a las personas LGTBI y los niños adoptados sin consentimiento.

Del mismo modo, se reconoce el atropello a las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos. Durante la dictadura franquista, distintas políticas públicas se instalaron para minimizar las distintas lenguas de las regiones españolas, llegando a ser prohibido el uso del euskera, lengua del País Vasco.

Según la nueva ley, las víctimas tendrán derecho al “reconocimiento y reparación integral” por parte del Estado, además del “resarcimiento” de bienes incautados y sanciones económicas producidas durante la Guerra Civil (1936 a 1939) y la dictadura.

Búsqueda de desaparecidos

Uno de los aspectos más destacados de la nueva legislación tiene que ver con la forma expresa en que el Estado se impone un papel activo en la búsqueda de personas desaparecidas. Con esto, le corresponde a la Administración General del Estado buscar a las cerca de 114 mil personas con paradero desconocido.

En miras a esto, la norma propone la elaboración de un mapa con la localización de los desaparecidos, donde se incluirán las fosas comunes del franquismo. Hasta el momento, están registradas cerca de 4.652 fosas comunes, de las cuales solo 326 han sido exhumadas totalmente, según las fuentes oficiales.

También se prevé la creación de un banco estatal de ADN de víctimas del franquismo, para así poder comparar perfiles genéticos, en miras a la identificación de los restos. Junto con eso, se hará un censo con los nombres de las víctimas fallecidas y sobrevivientes.

Un trabajador remueve una estatua del dictador español Francisco Franco, en Melilla. Foto: Reuters

Mantención de la amnistía de 1977

Un punto que separó a los partidos en la discusión sobre la nueva ley fue el de la Ley de Amnistía de 1977, que en plena transición liberó a los presos políticos de la prisión. Ahora bien, la que sirvió para liberar a gente que peleó contra el franquismo, también benefició a quienes cometieron crímenes durante la dictadura.

Por esto mismo, el partido Esquerra Republicana de Catalunya había pedido derogar esa ley, pero el oficialismo no avanzó en esa dirección, señalando que esa norma era una “reclamación histórica de la oposición antifranquista”, que permitió amnistiar “todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindica”.

Lo que sí incluye la nueva ley es la necesidad de “garantizar el derecho a la verdad” para todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En ese sentido, indica que todas las leyes quedan supeditadas al Derecho Internacional, por lo cual sí se podrán juzgar los crímenes “no amnistiables e imprescriptibles”, como los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o tortura.

Investigación del período posterior al franquismo

Otra enmienda de importancia fue la que crea una comisión de investigación, para saber si se cometieron vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, años de plena transición democrática. Con esto, se espera reparar el daño causado a quienes hayan luchado “por la consolidación de la democracia”.

Las víctimas de este período, sin embargo, no contarán como víctimas del franquismo, así que sus denuncias solo podrán ser estudiadas. Con esto, la idea es que se investigue a los “Grupos Antiterroristas de Liberación”, que participaron entonces en la llamada “guerra sucia” contra ETA.

Un familiar sostiene los restos de Romualdo Puerto Ibarra, muerto durante la Guerra Civil española. Foto: AP

Apertura de los archivos del franquismo

Se espera que la norma entre en vigor con el plazo de un año, y entre sus efectos estaría la modificación de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968. Con esto, se espera garantizar el acceso libre, gratuito y universal de todos los documentos guardados durante la dictadura.

Ahora bien, la norma no habla de la Iglesia Católica, entre cuyos secretos se encuentra información vital para investigar distintos crímenes, entre ellos los casos de bebés robados. Además, los archivos y documentación que estén en poder de privados se incorporarán al centro documental de la memoria histórica, en Salamanca.

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