Los uigures en China: El nuevo flanco abierto de Bachelet

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Una veintena de países enviaron una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en la que le exigen al gobierno chino que cese la persecución contra la etnia musulmana Uigur, que se concentra en la región de Xinjiang.


La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, suma un nuevo frente de preocupación. Tras las críticas que recibió por su supuesta demora en visitar Venezuela y la posterior publicación de un duro informe sobre la violación de los derechos humanos en ese país, Bachelet podría comenzar a dirigir su atención a China, específicamente por la crisis de los uigures, una de las 55 etnias minoritarias musulmanas de China, que representa el 7% de la población, y las amplias denuncias internacionales sobre las detenciones arbitrarias contra esta minoría.

Países como Japón, Reino Unido y Francia, además de otras 19 naciones, enviaron una carta a Michelle Bachelet, y al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Coly Seck, en la que instan a China a que ponga fin a sus "detenciones arbitrarias masivas y violaciones relacionadas" contra los uigures y en la que hacen una petición a Beijing para que permita a los expertos de la ONU acceder a la región.

Se trata de un desafío poco común a nivel global para China y su política sobre esta etnia de aproximadamente 11 millones de personas en la región autónoma de Xinjiang, al oeste del país, y que se siente más cercana a la cultura de otros países asiáticos. Pese a esta autonomía, Xinjiang es una región fuertemente controlada por China, al igual que el Tíbet. Además, muchas comunidades uigures también viven en países vecinos debido a la creciente diáspora, como Uzbekistán, Kirguistán y Kazajstán.

La última polémica relacionada a los uigures en China, que han protagonizado décadas de conflictos y una lucha por su independencia con el gobierno chino, tiene relación con la existencia de campos de "reeducación" como han denunciado algunas ONGs. Sin embargo, Beijing, que niega las detenciones, habla de "centros de formación profesional" destinados a luchar contra la radicalización islámica. En agosto del año pasado, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó su preocupación por la situación de los uigures, puesto que cree que la cifra de "detenidos" es de un millón. Algunos expertos creen que incluso podrían ser dos millones de uigures.

Una investigación realizada por ABC News de Australia, publicada en 2018, identifica y documenta la expansión de 28 campos de detención que son parte de "un programa masivo de subyugación en la región de Xinjiang". Según el reportaje, desde inicios de 2017, las 28 instalaciones han ampliado su presencia en más de 2 millones de metros cuadrados. Además, existe una creciente evidencia de violaciones de derechos humanos dentro de estos centros, así como muertes bajo custodia y trabajo forzado. Según quienes denuncian la existencia de estos centros de "reeducación", el adoctrinamiento en la ideología comunista se da a diario en estos lugares, como un intento de erradicar la cultura, el idioma y la religión de las minorías.

"Lo que estamos viendo aquí es una violación de los derechos humanos que es de una escala que no hemos visto desde la represión de la Plaza Tiananmen en China", dijo a ABC News Fergus Ryan, analista y experto en China del Centro Internacional de Política Cibernética del Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

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¿Por qué los uigures reclaman discriminación?

La región de Xinjiang tuvo un breve período de independencia en la década de 1940, pero China recuperó el control rápidamente después de que los comunistas tomaran el poder en 1949. Desde ese momento comenzó un gran éxodo de uigures, especialmente entre los años 80 y 90, debido a una fuerta represión estatal. De hecho, en Munich, Alemania, se emplaza el Congreso Mundial Uigur, que representa a los exiliados de esta etnia. La organización sostiene que hay cerca de 20 millones de uigures en el mundo, con numerosas comunidades en Estados Unidos, Suecia, Alemania y Turquía.

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En la región de Xinjiang, rica en recursos naturales y que ha presenciado una masiva llegada de chinos de la mayoritaria etnia Han, muchos uigures han denunciado discriminación en sus actividades religiosas, culturales y comerciales, y marginación por parte de las autoridades chinas. De hecho, se considera que hoy la etnia uigur es una minoría dentro de su propia región y conforma el 45% de la población total.

Y es que Beijing considera a la región como una "incubadora de terrorismo", y ha reforzado la seguridad local, ampliando la red de estaciones de policía y puestos de control, y sobrecargando su red de vigilancia electrónica. La vigilancia incluye reconocimiento de rostro y voz, escaneo de iris, muestreo de ADN e imágenes de identificación 3D de los uigures. Según el gobierno chino, los uigures promueven un Estado independiente con métodos violentos como los atentados con bombas.

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En marzo, Bachelet manifestó estar esperando el "visto bueno" de Beijing para tener un "acceso total" a Xinjiang, y a mediados de junio, el nuevo embajador chino ante la ONU, Chen Xu, señaló que Bachelet puede visitar la región de Xinjiang cuando sea el momento que "convenga a las dos partes".

La presión internacional contra el gobierno de Xi Jinping iría en aumento con la carta de estos 22 países y una posible visita de Michelle Bachelet a Xinjiang. "La declaración conjunta demuestra que Beijing está equivocada al pensar que puede escapar al escrutinio internacional por sus abusos en Xinjiang, y la presión solo aumentará hasta que estos abusos atroces terminen", dijo a CNN John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra.

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