Maduro y un informe lapidario

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una mascarilla.



En Venezuela se violan los derechos humanos. A esa conclusión, informe tras informe, han llegado diversos organismos internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. dirigido por Michelle Bachelet. Sin embargo, ninguna otra investigación ha sido tan lapidaria y concluyente como el informe presentado el miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acusó al propio Presidente Nicolás Maduro y a varios de sus ministros de posibles “crímenes de lesa humanidad”, con maniobras sistemáticas y coordinadas al más alto nivel para reprimir, torturar y ejecutar.

A diferencia de las indagaciones lideradas por Bachelet, este informe no pudo ser elaborado en terreno, ante la negativa del régimen de Maduro, que además ignoró todos los intentos de comunicación según explicó a La Tercera Francisco Cox, abogado chileno que participó en esta misión de la ONU, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2019.

La misión de la ONU estableció por primera vez responsabilidades individuales sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno que encabeza Maduro, incuidas ejecuciones arbitrarias. Así, implicó al Presidente y a los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, mayor general Néstor Reverol y el general en jefe Vladimir Padrino López, por tener conocimiento de los crímenes, incluidas torturas con descargas eléctricas y asfixias.

Este informe se hizo a partir de 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios el Estado, abogados, representantes de ONGs y funcionarios internacionales. También se consideraron documentos confidenciales y expedientes judicialesy se investigaron “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”.

También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado (desde 2014). Al mismo tiempo, se estableció que el SEBIN, el temido servicio de inteligencia de Maduro, tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos.

En respuesta al informe, el gobierno venezolano respondió con su habitual retórica. Así, culpó a Washington y señaló que Caracas sí se entiende y coopera con el Alto Comisionado dirigido por Bachelet. Sin embargo, el año pasado el informe de Bachelet concluyó que “al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1.437 habían sido liberadas incondicionalmente y 8.598 habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales”.

Al mismo tiempo, en agosto pasado HRW acusó al gobierno de Maduro de usar el estado de excepción -aplicado por el Covid-19- como una forma de reprimir con mayor fuerza a la oposición. Días antes de que se conociera este informe, Maduro indultó a poco más de 100 opositores, mientras el país se prepara para las elecciones legislativas de fin de año, aunque parte de la oposición ha llamado a no acudir a las urnas para no validar un nuevo “fraude electoral” del chavismo.

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