Ministro de seguridad argentino fue ratificado en el puesto tras fallido intento de asesinato contra Cristina Kirchner

En su primera declaración pública tras el atentado a la vicepresidente de Argentina, Aníbal Fernández afirmó haber puesto su cargo a disposición del presidente Alberto Fernández, quien decidió mantenerlo en el cargo. Ratificación que se da en medio de la detención de la pareja del presunto autor del ataque y cuestionamientos por el formateo del celular que estaba en manos de las autoridades.


Horas después de que una pistola apuntara a centímetros de la cara de Cristina Kirchner durante el jueves 1 de septiembre, los dardos y cuestionamientos apuntaron directamente a una persona: el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández. Este lunes, a cuatro días del hecho, el líder de la cartera encargada de las fuerzas federales del país trasandino aseguró que puso su cargo a disposición de inmediato ante el presidente Alberto Fernández, renuncia que fue desestimada por el mandatario trasandino.

“Yo soy un caballero y cuando esta cosa sucedió lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto (a renunciar) cuando él lo decidiera a correrme”, dijo el ministro de Seguridad a medios argentinos. Tanto voces de la oposición como dentro del propio oficialismo criticaban su labor en el resguardo de la seguridad de la vicepresidenta, en un panorama político que analistas ven cada vez más centrado en la figura de Cristina Kirchner.

Una de esas críticas surgió desde el interior de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, donde su presidenta, Hebe de Bonafini, afirmó que “con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández”.

Momento en el que apuntan con un arma a centímetros de la cara de Cristina Kirchner, durante la noche del jueves 1 de septiembre. Foto: TV Pública Argentina vía Reuters.

En su primer contacto con la prensa durante este lunes, el titular de Seguridad se defendió al asegurar que le “duele en el alma” las palabras de la líder social, pues “no sabe lo que pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho. Hablar es muy fácil, hay que estar mirando las cosas cómo son, hicimos mucho esfuerzo. Lo he hablado con la vicepresidenta el jueves y el sábado y es la visión que tenemos y estamos trabajando con sobre el tema”, replicó.

Pero no era la única crítica. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y a través del dirigente social Juan Grabois, afirmaron que a la vicepresidenta “la protegió Dios. La policía no. Ahora nos toca a nosotros cuidarla”.

El espaldarazo presidencial llegó en medio de dos aristas claves de la investigación sobre el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, donde Fernando Sabag Montiel aparece como el principal sospechoso. En primer lugar está la detención de la pareja del presunto autor, Brenda Uliarte, y en segundo el formateo del celular de Sabag cuando este ya se encontraba requisado.

Sobre este último punto se refirió el ministro de Seguridad, quien afirmó que la Policía Federal “no manipuló” ni tuvo relación alguna con lo ocurrido en el teléfono de Sabag. Según la información de medios argentinos, el organismo policial intentó forzar el desbloqueo del móvil dos veces de forma infructuosa. Cuando fue entregado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien contaba con una mejor versión del software para destrabar el celular, el equipo móvil habría aparecido formateado de fábrica.

Una partidaria de Cristina Kirchner sostiene un póster que muestra a Fernández abrazada por su difunto marido Néstor Kirchner, durante una manifestación en apoyo de la vicepresidenta argentina. Foto: AP.

Aníbal Fernández afirmó que todo lo que hizo la Policía Federal fue “recogerlo, ponerlo en una bolsa de Faraday y enviarlo al Juzgado”. Bolsa que tiene como finalidad el blindar al teléfono de posibles ataques electrónicos. “El juez nos da un recibo que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea. Después no sé qué pasa. La jueza y el fiscal tienen atribuciones para tomar decisiones per se que no las conozco”, se defendió el ministro de Seguridad.

La Nación detalló que ni la jueza María Eugenia Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo tienen contemplado abrir una investigación contra los miembros de la policía que hayan manipulado el teléfono Samsung A50, propiedad de Fernando Sabag Montiel.

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