Pesimismo y críticas internas se toman días previos a la resolución de La Haya por el río Silala

Indígenas aimarás caminan junto a los manantiales del Silala, en el departamento de Potosí, en marzo de 2016. Foto: AFP.

Cuestionando el mal manejo político y jurídico que la administración del expresidente Evo Morales llevó adelante, agrupaciones sociales y algunos políticos criticaron las decisiones que se adoptaron en el caso del río Silala y su judicialización internacional en La Haya, a días de que se entregue el fallo.


Mientras una comitiva viajaba hacia La Haya bajo el liderazgo del canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, en su país se levantaban duras críticas contra Evo Morales, actor central dentro de la trama que empujó a Chile y al país altiplánico en una demanda internacional sobre el río Silala. Trama que verá cerrado un capítulo con la lectura de la sentencia este jueves 1 de diciembre en Países Bajos.

Los principales cuestionamientos llegaron desde la propia comunidad aledaña al curso fluvial. Ricardo Ramos, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), apuntó directamente a Morales por haber forzado el litigio en junio de 2016, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet interpuso una demanda contra Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para declarar a las aguas del Silala como río internacional del que tenía derecho a uso.

Según Ramos, durante la administración de Morales “no hubo una política de Estado por parte de la Cancillería Nacional, la misma hizo que a esta altura fracase una situación de soberanía respecto a la posición de las aguas del Silala. Lo más preocupante es que la irresponsabilidad del expresidente, el señor Evo Morales, ha hecho que el Estado chileno nos demande y estemos en una situación muy complicada”, dijo según el medio local Opinión.

El expresidente Evo Morales en los manantiales del Silala, en marzo de 2016. Foto: AFP.

“Fue mal planteada la contrademanda, la aceptación de la demanda y sobre todo la puesta en juicio de nuestra soberanía (…) El único responsable es el señor Evo Morales por su incapacidad y su traición a la patria por haber otra vez entregado nuestros recursos estratégicos”, continuó el líder local, agregando que la Cancillería debió haber advertido al expresidente de no contrademandar a Chile, ya que no estaba “respondiendo a la altura de la demanda interpuesta por Chile”.

Desde el gabinete de Luis Arce, actual mandatario boliviano, aseguraron que el canciller Mayta escuchará el fallo, pero cualquier resolución oficial de la nación altiplánica será anunciada por el gobierno. Así lo confirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien dijo que iría una “delegación de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer seguimiento”, explicó a la prensa local.

En el medio Página Siete, Ricardo Ramos también resaltó que han presenciado “una irresponsabilidad plena por parte del gobierno, sobre todo respecto a no facilitarnos la información del seguimiento de los procesos y de la complicidad del fracaso que existiría en las resoluciones que se emitirán en La Haya”.

Vale recordar que tras la demanda chilena y la posterior contrademanda boliviana, el propio expresidente Evo Morales reconoció en 2018 que las aguas del río Silala son de curso internacional, sorprendiendo a la comunidad internacional y a su propio país, dándole la razón a uno de los principales argumentos chilenos.

Dando un paso más allá, el líder local aseguró que la comunidad potosina no acatará el resultado del fallo. “Estamos muy preocupados, pero de todas formas el Consejo Consultivo ha determinado rechazar cualquier determinación que emita La Haya en contra del Estado boliviano y en contra del territorio potosino y el Silala”, dijo en representación del Comité Cívico Potosinista.

El exdiplomático Gustavo Aliaga deslizó la posibilidad de llevar a cabo un juicio de responsabilidades en contra de Morales y el equipo técnico que llevó adelante el proceso, detalló Página Siete.

También desde el Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz dijo al medio boliviano que en la localidad son pesimistas sobre el resultado, ya que un “80% de la población potosina” prevé un resultado desfavorable a sus intereses. Entre las razones de la fallida incursión en la Corte Internacional, dijo Graz, estaría el desestimar la ayuda de los estudios que centros académicos como la Universidad Tomás Frías o los realizados por especialistas en la región ofrecieron a la defensa boliviana.

“Estamos esperando el fallo, veremos una salida con juristas. En caso de que salga una sentencia en contra, interpondremos juicios por traición a la patria e incumplimiento de deberes en contra las autoridades que no han hecho nada. La gente ha visto lo deficiente que fue la defensa boliviana”, aseguró.

Calificando de “absurda” la contrademanda interpuesta por su país, Graz afirmó que “el gobierno nunca ha tenido políticas de resguardar la soberanía, hay una política entreguista, ya lo hemos visto con el fracaso de la demanda marítima”, detalló Página Siete.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, recibiendo en julio de 2017 la Memoria del caso Silala. Archivo. Foto: Agencia Uno.

Los cuestionamientos no solo llegaron desde la sociedad civil. La diputada Lissa Claros, quien representa al sector de Potosí, aseguró que si la sentencia de La Haya es adversa para Bolivia, llevará adelante procesos legales contra Morales, el exagente ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el equipo judicial a cargo.

“Nos han pedido acciones en contra los responsables, en caso de que la demanda salga negativa, estamos trabajando eso. Si la sentencia es negativa, corresponde un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y quienes fueron parte de encarar este proceso”, destacó el mismo medio.

La respuesta de Rodríguez Veltzé llegó en una entrevista, quien se defendió asegurando que las alegaciones bolivianas se sustentaban en estudios científicos y agregando que los gobiernos pudieron haber hecho más antes de llegar a una instancia judicial internacional de esta naturaleza.

“Prefiero seguir sosteniendo que esta controversia no debía tratarse judicialmente. No se agotaron los intercambios diplomáticos que, con sobrados antecedentes, intentaron concretar la realización de estudios conjuntos y concluir acuerdos de uso más favorables para el Silala y toda la cuenca fronteriza. Posiblemente, las tensiones políticas derivadas de la causa marítima fueron las que precipitaron a Chile a presentar su demanda”, dijo a Página Siete.

Félix Apji, senador del Movimiento Al Socialismo, pidió mesura en las expectativas negativas. “Ahora no podemos adelantar criterios de que si nos va a ir bien o mal. Chile nos demandó y hay que ver cuál fue la respuesta, la contrademanda, cómo se lo ha manejado en el anterior gobierno y el gobierno, también, de (la expresidenta interina, Jeanine) Áñez. (...) Nuestro gobierno anterior ha dicho que el agua es un derecho humano. Esas cosas nos puede influir de forma negativa, pero tenemos que esperar la sentencia con optimismo”, dijo el político.

En Chile, la canciller Antonia Urrejola dijo este lunes que esperaba que el fallo se transformara en “una oportunidad para seguir trabajando con el país vecino”, y que “esperamos que con posterioridad al fallo podamos seguir trabajando en la hoja de ruta y podamos trabajar en una agenda positiva. Nos parece fundamental en materia de negociación y diálogo con un país vecino y hermano”.

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