Presidente salvadoreño pide al Congreso extender estado de emergencia para combatir pandillas

A pesar de las críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos, el gobierno de aquel país busca que el Legislativo apruebe una nueva prórroga de la medida que ha logrado la captura de 41.346 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas.




El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió este martes al Congreso que apruebe una tercera prórroga del estado de excepción para continuar combatiendo a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.

“Esta guerra si bien es cierto la vamos ganando, hace falta trabajo todavía por realizar”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud para prorrogar por otros 30 días el régimen de excepción.

“La misión que nos están dando los salvadoreños es clara: erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño”, afirmó.

Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros que por décadas han tenido sometido a los salvadoreños logró reducir los índices de homicidios, las extorsiones, tenencia de armas y drogas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso y han pedido al presidente Bukele poner fin al régimen de excepción y revertir reformas al Código Penal que aprobó el Congreso, argumentando que tales medidas atentan contra los derechos humanos de la población.

El ministro de Seguridad resaltó empero el apoyo que según él ha expresado la población a las medidas. De acuerdo con recientes encuestas de dos prestigiosas universidades del país, más del 80% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción.

“Todos los que hablan en pro de los derechos de los criminales y terroristas se equivocaron de país. Aquí se escucha a los salvadoreños”, manifestó Villatoro.

José Heriberto Hernández, un obrero de 51 años, dijo a The Associated Press que está de acuerdo con las medidas antipandillas. Pero “también creo que se deben tomar medidas para liberar rápido a los inocentes” o personas detenidas sin tener que ver con esos grupos, agregó.

La ONG de derechos humanos Cristosal denunció que a pesar de que las fuerzas de seguridad han capturado a miles de pandilleros, continúa reportándose el desplazamiento forzado interno del que responsabilizó a esos grupos criminales.

Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades capturaron a 41.346 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas.

Después de que ocurrieran 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto en el caso que continúan las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas. Las autoridades de seguridad sostienen que aunque las medidas extraordinarias han arrojado resultados, muchos pandilleros continúan en libertad y siguen delinquiendo.

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