La noche de este martes, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, comunicó su renuncia irrevocable al cargo, anuncio que ocurre en el contexto de una fuerte crisis política provocada por cuatro mociones de censura en su contra, además de la reciente masacre en un socavón de Minera Poderosa, en la localidad de Pataz, donde trece trabajadores fueron asesinados.

El –ahora- expresidente del Consejo de Ministros de la nación vecina, que fue nombrado en marzo del año pasado, dio a conocer su decisión mediante una declaración que no se extendió por más de cuatro minutos en Palacio de Gobierno, a pocas horas de la juramentación de nuevos ministros en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte.

Cabe señalar que las mociones de censura fueron impulsadas por diversas bancadas políticas debido a la falta de respuesta del Ejecutivo ante la crisis de seguridad que se vive en el país.

Al respecto, Adrianzén manifestó que “pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros. (...) Durante el tiempo que ejercí el cargo lo hice con gran sentido de responsabilidad y de compromiso (...) sin cometer actos de corrupción”, expresó, según consigna el Diario El Comercio.

A la postre, remarcó que “mi vocación de servir al país se mantiene y estaré siempre presto de acudir a su llamado”, siendo aplaudido por otros ministros.

Precisamente, para este miércoles a las 10.00 horas, estaba agendado en el Congreso peruano el debate de la censura, donde bancadas transversales como Perú Libre, Podemos, Fuerza Popular y Acción Popular ya habían adelantado que respaldarían en bloque la medida.

Durante la tarde, la otrora autoridad había participado en la ceremonia de juramentación de los ministros Raúl Pérez (Economía y Finanzas), Carlos Alberto Malaver (Interior) y César Sandoval (Transportes y Comunicaciones).

Mociones de censura

Según consigna el medio Diario Correo, en las cuatro mociones que habían sido presentadas se cuestiona la gestión y la capacidad de Adrianzén al frente del Gabinete Ministerial.

Una de ellas sostiene que “la masacre de los 13 trabajadores mineros en Pataz (región La Libertad), confirma una vez más el fracaso de las políticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana pese al apoyo y respaldo que el Congreso le ha brindado al señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya”.

En otra se denuncia que Adrianzén tuvo “responsabilidad política por su manifiesta incapacidad para garantizar y seguir ejerciendo la máxima autoridad política a fin de enfrentar la grave crisis de seguridad ciudadana que viene afectando la vida de la nación”.

Bajo este tenor, el texto indica que la exautoridad tuvo una “absoluta falta de reacción, control y estrategia oportuna, liderazgo y articulación con las demás entidades del Estado para contrarrestar la grave situación de crisis que venimos atravesando”.