Hasta este 18 de diciembre, la marihuana estaba incluida en Estados Unidos en la Lista I de sustancias psicotrópicas, junto a otras drogas altamente adictivas como la heroína, el LSD, el éxtasis y el peyote. La firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump cambia el enfoque científico, legal y hasta social hacia esta sustancia.

Aun con la oposición de algunos republicanos, que hasta último momento le pidieron no hacerlo, Trump tomó un camino que el mundo entero (e incluso su propio país) tiene décadas transitando: la relajación de la posición gubernamental sobre la marihuana, que ahora iría a la Lista III, junto a la ketamina, analgésicos comunes y algunos esteroides anabolizantes.

Es una de las pocas medidas avanzadas por el gobierno de Joe Biden -que la sugirió, pero no la materializó- con las que Trump ha decidido seguir adelante, y probablemente la única en la que ha corrido el riesgo de alejarse de su base de apoyo más conservadora.

Lo hizo, por supuesto, dejando sentada una distancia prudencial. “Tenemos gente suplicando que haga esto, personas que llevan décadas sufriendo mucho”, admitió, para luego aclarar que “no la quiero, ¿vale? No voy a aceptarla. Pero mucha gente sí la quiere. Mucha gente la necesita".

Decenas de legisladores de su propio partido, encabezados por el senador por Carolina del Norte Ted Budd, le habían advertido en un mensaje escrito que “reclasificar la marihuana como droga de la Lista III enviará un mensaje equivocado a los niños de Estados Unidos, permitirá los cárteles de la droga y hará que nuestras carreteras sean más peligrosas”.

La flexibilización podría atraer millones de dólares en financiación para la investigación, pero también en inversión en las empresas que ya operan con productos derivados del cannabis, e incluso podría cambiar el abordaje legal de delitos relacionados con su cultivo y tenencia.

¿Pasa a ser legal la marihuana?

La orden ejecutiva no cambia la posición sobre el uso de la marihuana como droga recreativa, que sigue estando prohibido a nivel federal, pero sí da indicaciones a la fiscalía general para avanzar en la reclasificación para incluirla en una lista de sustancias menos peligrosas.

Tampoco unifica el abanico de leyes estatales al respecto. Cuarenta estados han aprobado legislaciones que permiten la venta de productos medicinales derivados del cannabis, con California como pionero en 1996, y de ellos 24 también admiten el consumo recreativo entre adultos.

Pero una persona que traslada dos onzas obtenidas en Nuevo México aún podría enfrentar pena de prisión de 180 días una vez que cruce la frontera hacia Texas, donde sigue estando prohibida.

Sin embargo, la medida podría animar a fiscales, policías y jueces a adoptar una postura menos rigurosa en torno a los delitos relacionados con el cultivo, tenencia y consumo, que actualmente van desde faltas menores hasta crímenes que acarrean cadena perpetua, dependiendo de la cantidad traficada, poseída o almacenada.

Expertos creen que para que la flexibilización prevalezca sobre todas las legislaciones locales es necesaria una votación en el Congreso y, de hecho, la recomendación de Trump aún debe ser revisada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

¿Cómo reaccionó la industria?

Empresas que elaboran y comercializan productos derivados del cannabis, como Tilray TLRY. O, Aurora Cannabis ACB. TO, SNDL SNDL. O y WEED, habían visto sus acciones cotizarse al alza, con ganancias que iban del 6% al 12%, ante la expectativa en torno a la orden ejecutiva.

Sin embargo, perdieron entre 3% y 12% luego de que se conoció que la medida de Trump no incluía indicaciones sobre el acceso a la banca.

Los productores de marihuana y productos derivados deben recurrir a créditos costosos o prestamistas alternativos, pues no pueden apelar a la banca ni a inversionistas institucionales fuera del sector.

Esta circunstancia, que empuja hacia una economía de mercado negro a muchos de los que participan del negocio, no cambió con el nuevo enfoque, y eso se vio reflejado en la decepción de los mercados de valores.

Pero las ventajas operativas que la decisión da a las empresas relacionadas con esta sustancia no son en absoluto despreciables. Al dejar de estar sujetas a la Sección 280E de la ley fiscal (una disposición que prohíbe comercializar sustancias de las listas I y II), podrían reclamar créditos fiscales y deducciones por gastos empresariales.

“Este cambio supone un paso importante hacia una mayor claridad regulatoria y una aceptación institucional del cannabis a nivel mundial”, celebró un portavoz de Organigram Global, una empresa de cannabis.

¿Cuál es el potencial farmacéutico?

La investigación científica será la gran beneficiada por esta flexibilización, que elimina los obstáculos burocráticos y financieros que impedían a compañías farmacéuticas realizar ensayos clínicos para la aprobación de nuevos medicamentos derivados del cannabis.

Además, se crea una vía regulatoria clara para la elaboración de productos terapéuticos a partir del cáñamo, una sustancia no controlada, pero que tiene un origen común con la marihuana, pues se obtiene a partir de flores de plantas de la familia del cannabis.

La producción de cáñamo fue legalizada por un instrumento de aplicación agrícola aprobado por el Congreso en 2018, dando pie a investigaciones sobre el uso del cannabidiol o CBD, que puede actuar contra el dolor y la inflamación sin el efecto intoxicante del THC, que es el compuesto psicoactivo de la marihuana.

Solo tres fármacos derivados del cannabis han obtenido aprobación por parte de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA), con aplicaciones que van desde anticonvulsivos hasta alivio de los efectos de la quimioterapia, pero esta orden amplía las posibilidades de uso del CBD.

Los estados que han permitido el uso medicinal de la marihuana han permitido desarrollar métodos para tratar un amplio espectro de dolencias, desde glaucoma a anemia falciforme, pasando por esclerosis múltiple y Parkinson.

El nuevo marco regulatorio facilitaría que fármacos formulados a partir del cannabis sean cubiertos por servicios de salud como Medicare o Medicaid, bien sea para obtenerlos sin costo o por medio de copagos.