La Contraloría Regional del Biobío ordenó un sumario en la Universidad del Bío-Bío (UBB) al detectar en una auditoría falencias en la gestión financiera y administrativa de la casa de estudios entre 2020 y 2023.

La universidad debe remitir el acto administrativo que así lo disponga, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del informe.

El organismo también requirió la intervención de la Superintendencia de Educación, a fin de que efectúe las fiscalizaciones al plantel.

Además, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

Los hallazgos de Contraloría

Un informe de la Contraloría detectó una deuda de $6.883 millones por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), que fueron depositados en una cuenta destinada a sueldos.

Además, la universidad no transfirió al mismo FSCU $191 millones recaudados de exalumnos en 2023, lo que constituye una grave omisión de deberes contables, advirtió la Contraloría en un comunicado.

Por ese hecho, el organismo instruyó a la universidad a regularizar la situación en un plazo de 90 días.

También se constató que la casa de estudios efectuó tres transferencias de $3.000 millones cada una, desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario a la cuenta de sueldos, lo que vulneró los convenios de ejecución de esos fondos.

Por otro lado, el informe detectó que durante 2023, la UBB realizó compras por $33 millones fuera del portal Mercado Público, sin justificación documentada, infringiendo la Ley de Compras Públicas.

Además, la auditoría señala que la casa de estudios contrató a empresas cuyos socios tienen vínculos de parentesco con directivos e incluso uno de esos directivos figura como socio de la empresa contratada.

También se detectó la contratación de una persona supervisada por un directivo con el que compartía sociedad en una empresa inmobiliaria.

Asimismo, se verificó la contratación de nueve personas a honorarios con lazos familiares con directivos de la UBB.

Los servidores a honorarios cuestionados presentaron una declaración jurada en la que indicaron no encontrarse afectos a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas, debiendo esa autoridad, en lo sucesivo, adoptar todas las medidas necesarias tendientes a observar estrictamente lo prescrito.