Cómo afecta la detención del excanciller del Arzobispado los cambios del Papa

El fiscal jefe de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias, encabezó las diligencias en terreno.

El sacerdote Óscar Muñoz será formalizado por abuso sexual reiterado y estupro. Algunos antecedentes se obtuvieron en la incautación de archivos que la fiscalía hizo en la Iglesia de Santiago, cuyos obispos auxiliares, por orden del Vaticano, están actualmente reordenando otras diócesis.


“Todo esto me impacta mucho, me deja realmente en shock, porque se trata de posibles delitos extremadamente graves ”, sostuvo ayer Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile y actual administrador apostólico de Rancagua, en reemplazo del renunciado Alejandro Goic.

La de ayer fue una jornada compleja para la Iglesia Católica de Chile. Una más, en el último tiempo. Esta vez, no producto de algún nuevo nombramiento en una diócesis por parte del Papa Francisco, ni debido a la aceptación de más renuncias de obispos. El tema fue netamente policial, y a eso se refería específicamente el obispo Ramos: la detención del sacerdote Óscar Muñoz Toledo (56), excanciller del Arzobispado de Santiago, y un nuevo ingreso a la sede eclesial por parte de Carabineros, para incautar diversa documentación de 2007 en adelante, relacionada con el presbítero, como adelantó La Tercera PM.

Los cargos son graves. A las 9 horas de hoy, Muñoz será formalizado en el Juzgado de Garantía de Rancagua por el eventual delito de abuso sexual reiterado contra menores, incluido un estupro.

“Hay delitos ocurridos en Rancagua y otros en Santiago. Son más de cinco víctimas en investigación y los casos están fuera del período de prescripción”, destacó Emiliano Arias, el persecutor jefe de la Región de O’Higgins, quien encabezó las diligencias en terreno.

El caso tiene una historia reciente y, aparentemente, otra de más larga data. Óscar Muñoz se autodenunció el pasado 2 de enero en la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado (Opade), aduciendo que había denuncias en su contra. En ese momento fue suspendido de sus funciones pastorales y el caso partió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano.

Ayer, sin embargo, trascendieron varios detalles de la investigación. Uno es que los antecedentes de los supuestos abusos datan de 2002 y habrían durado incluso hasta marzo pasado, pese a que el sacerdote había sido separado de su trabajo pastoral en enero. Es decir, la fiscalía tiene información respecto de que los presuntos abusos habrían ocurrido durante una década y media.

Otro ya es sabido: que entre las presuntas víctimas aparecen cinco sobrinos del religioso, hijos de primos hermanos del religioso. Pero también habría un acólito. Inclsuo se especula de un total de siete víctimas, por ahora.

Y un tercer detalle importante, y que a la larga puede complicar a toda la Iglesia de Santiago, es que la base de los antecedentes que permitieron a la fiscalía obtener la orden de detención contra Muñoz se logró a través de la incautación de documentos de la propia Iglesia. Es decir, con el decomiso de archivos y carpetas efectuado el pasado 13 de junio, en dependencias del Tribunal Eclesiástico y del mismo arzobispado. De hecho, la indagatoria penal en torno a Muñoz fue abierta de oficio por la fiscalía. Nunca hubo una denuncia de la Iglesia al Ministerio Público.

“Es encubridor aquel que, con conocimiento de la comisión de un delito, en definitiva, con posterioridad, facilita que este no sea descubierto. Esa hipótesis está presente en toda causa”, señaló el propio fiscal Arias, como parte de una de las líneas de investigación.

Desde 2000

Óscar Muñoz fue ordenado sacerdote en 2000. Fue vicario parroquial de la Transfiguración del Señor y en junio de 2003 se le designó párroco de la Inmaculada Concepción, en Maipú. También se desempeñó como vicecanciller del Arzobispado de Santiago desde agosto de 2003, ascendiendo a canciller en junio de 2011. La pregunta que surge es si durante esta década y media en que trabajó en la Iglesia capitalina no hubo algún tipo de denuncia, dato o información sobre su conducta.

La interrogante, además, cobra relevancia debido a que desde 2011, en su calidad de canciller, el sacerdote imputado tuvo acceso a material confidencial de la curia, a documentación importante -en su calidad de ministro de fe interno- y a denuncias, algunas de las cuales tomó él mismo, como ciertas declaraciones de víctimas en el caso Karadima.

Esta incógnita no solo apunta a los prelados que lo designaron en sus funciones (primero el cardenal Francisco Javier Errázuriz y después el cardenal y actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati). También a cuatro obispos auxiliares, quienes trabajaron con él y ahora están en otras diócesis, en calidad de administradores apostólicos, designados en esa función de “limpieza” por el propio Papa Francisco.

Se trata de los obispos Fernando Ramos (Rancagua), Galo Fernández (Talca), Jorge Concha (Osorno) y Pedro Ossandón (Valparaíso).

Ramos ayer aseguró a La Tercera que “nunca supe nada de esto ni escuché ninguna denuncia. Solo me enteré del caso de Óscar Muñoz en enero pasado, después de su autodenuncia”.
De igual forma, Pedro Ossandón indicó que “yo llegué a Santiago desde Concepción el año 2012 y nunca tuve noticias sobre el caso que preguntan”. En Talca, Galo Fernández sostuvo que “yo no he tenido ningún conocimiento respecto de cualquier denuncia con antelación a la autodenuncia que se hizo él mismo, en enero de este año. No recibí ni personalmente ni tuve conocimiento”.

Y en Osorno, Jorge Concha Cayuqueo, franciscano, manifestó que él fue nombrado obispo auxiliar en 2015, por lo cual no tuvo conocimiento de ningún hecho como los denunciados.
El cardenal Ezzati, en tanto, ayer leyó un breve comunicado de prensa respecto de lo sucedido, sin profundizar en los antecedentes que podrían haber alertado sobre la situación de Óscar Muñoz.

En las dos parroquias donde trabajó el sacerdote indagado -Inmaculada Concepción, en Maipú, y Jesús de Nazareth, en Estación Central- sí hay feligreses que aseguraron que sabían de los antecedentes de Muñoz, que era “un secreto a voces” que una familia de Rancagua que lo había denunciado.

Respecto de si esta detención puede alterar el plan desarrollado por el Papa Francisco para “ordenar” otras diócesis de la Iglesia chilena, Alejandro Álvarez, abogado canonista de la Fundación Voces Católicas, toma distancia. “No creo que influya en el proceso mismo, porque lo que ocurre es que están saliendo cosas a la luz. Y respecto de si hubo encubrimientos, el fiscal Arias fue claro. Dijo que la Iglesia ha colaborado en la entrega de información”.

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