Durante la jornada de este jueves 3 de julio, afectados por el megaincendio de Valparaíso, se refirieron a la oferta de 1.862 viviendas que realizó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y que el Serviu no tomó “por razones técnicas”, entre estas debido a que algunas viviendas estaban en otros lugares.

En el marco de la Comisión Especial Investigadora por la Reconstrucción es que integrantes de la ONG Sobrevivientes del megaincendio de Villa Independencia, apuntaron que “¿Si alguna vez se presentó la oferta de una casa en la cual tú pudieras retirarte del lugar? Jamás se presentó“.

De acuerdo a lo que apuntó el vicepresidente de la organización, Jaime Mella, “muchas personas se fueron del lugar. Solo en mi propia calle hay dos casas vacías de personas que no han vuelto, siguen las casas ahí demolidas, no han vuelto a su hogar, no van a reconstruir”.

“Si alguien le hubiera ofrecido a esa persona, tenga por seguro de que esas personas se habrían ido a un lugar porque no quisieron volver al lugar donde fue este incendio”, detalló, enfatizando que “eso jamás se planteó y obviamente hay personas, de nuestra organización más de 36, estuvimos haciendo la consulta, que se habrían ido del lugar. Esas personas se hubieran ido si le hubieran consultado. No hubo consulta”.

Según detalló el Serviu las viviendas no fueron tomadas ya que que una parte importante de las viviendas superaba el tope de valor permitido por el subsidio estatal(2.000 UF), que algunas no cumplían con los estándares de superficie y calidad establecidos, y que su ubicación no era compatible con la voluntad de las familias, muchas de las cuales desean reconstruir en sus barrios originales.

Ante esto, es que la comisión acordó oficiar al ministro con el fin de que se vea la posibilidad que se retome este ofrecimiento.

Según señaló el diputado Andrés Longton, “el ministro de Vivienda dio una respuesta en la comisión que va a iniciar una investigación respecto a este tema, pero sería bueno tenerlo por escrito a propósito de un oficio para que nos formalice la posibilidad de reanudar esa acción en atención al ofrecimiento de la Cámara Chilena de la Construcción”.

La presidenta de la ONG, Amanda Guerra, cuestionó a la figura del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señalando que “yo saco la conclusión de que hoy día la burocracia del ministro Montes, del señor Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, le ganó a la reconstrucción. Lamentablemente le ganó, porque hoy día podemos ver que las platas han estado, la ley 21.681 dice que los dineros estaban. Esto fue el 1 de julio del 2024. Hoy día ustedes pueden contrastar que también habían soluciones de casa. O sea, soluciones nos podían haber dado hace mucho tiempo, pero nos han tenido viviendo indignamente” .

Dificultades para postular a ayudas

En la ocasión, los afectados por el incendio también cuestionaron las dificultades para postular ayudas, señalando que incluso se les ha ofrecido separarse de sus parejas para ayudar en la postulación.

“Muchas familias fueron declaradas inhábiles por haber recibido subsidios años atrás, pese a ya no tener esa propiedad. Incluso se han dado casos en que se sugiere a matrimonios separarse formalmente para que uno de los cónyuges pueda postular, lo que implica que el propio Estado estaría fomentando la desintegración familiar, algo totalmente inaceptable y contrario a la dignidad y al respeto que merecen las familias afectadas“, apuntó el vicepresidente de la ONG.

En la ocasión, el diputado Luis Sánchez también cuestionó que los afectados sean tratados como un comité de vivienda y no como reparación, señalando que “esto no es un comité de vivienda, no es un subsidio habitacional, no puede estar afecto a inhabilidades por haber recibido un subsidio antes”.

Por su parte el diputado Longton apuntó que la demora en la construcción llevó a que las familias decidieran construir por su propia cuenta.

“La demora, la negligencia, inoperancia, o como lo quieran llamar, en el proceso de reconstrucción, hizo inevitable que las familias se pusieran a reconstruir ellos mismos. Y ocupando muchas veces el mismo bono acogida, porque no tenían de dónde sacar recursos. Entonces, eso obliga también a la autoridad a ser más flexible respecto a los requisitos para finalmente recepcionar esas obras, o si no, habilitar legalmente una solución”, mencionó.