Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional: “El actuar del Estado en las manifestaciones apunta muy claramente a evitar que se proteste, a atacar a los manifestantes”

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer

El reporte, enfocado principalmente en la violencia policial ocurrida durante las protestas sociales, realiza una fuerte crítica a los protocolos de uso de la fuerza. "Lo que se vio es realmente muy grave, muy generalizado y lamentablemente no vemos que vaya a mejorar", advierte Piquer.


Han pasado 132 días desde el 18 de octubre, momento en que empezaron a proliferar las manifestaciones masivas a nivel nacional. De forma paralela, durante esas jornadas, se produjeron hechos de violencia que motivaron el actuar de fuerzas del orden, las que han estado en cuestionamiento por parte de organismos de derechos humanos.

Una de las primeras instituciones que encendió las alarmas por esta conducta fue Amnistía Internacional, que en noviembre pasado entregó una serie de antecedentes preliminares sobre el actuar de agentes del Estado. Durante este jueves 27 de octubre, la organización presentará el informe latinoamericano, en el que el capítulo referido a Chile es lapidario: "Chile cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos, desde el régimen del general Augusto Pinochet”.

Respecto a los antecedentes que serán dados a conocer hoy, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, conversó con La Tercera.

¿Qué balance realiza respecto al informe sobre la situación de Chile durante el último año?

-No es un buen balance. El informe anual este año lo que hace es un balance de toda la región de las Américas. Y vemos que hay una tendencia que apunta a gobiernos cada vez más intolerantes, cada vez más restrictivos de derechos y, en particular, la preocupación a lo que refiere al derecho a la protesta y al derecho a requerir asilo. Y, lamentablemente, en ambos temas vemos que Chile también se ha sumado a esa lista de gobiernos intolerantes en que el actuar represivo de las protestas desde el estallido social de octubre, e incluso antes también, era algo que se ha venido viendo y que nos hace sumarnos a esta triste tendencia en la región.

¿Este “mal año” de Chile ha sido en relación a otros países de la región o en relación a Chile en años anteriores?

-Más bien en lo relativo a Chile en años anteriores. Nosotros ya no hacemos mucho esto de comparar si este país está peor que el otro porque finalmente violaciones de derechos humanos siempre van a ser relevantes de reportar. Pero sí hemos visto es que Chile ha venido en una suerte de retroceso en materia de derechos humanos desde hace algunos años. De alguna manera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el actuar policial excesivo, el uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de medios disuasivos, etc, son preocupaciones que venían de antes, pero a partir de octubre se aumentó en cantidad, se generalizó y se transformó en una crisis, no en un problema permanente, sino una crisis propiamente tal.

Ustedes advierten esas preocupaciones previas en el informe con la legislación sobre el control de identidad a menores, por ejemplo. ¿Este mal año ha estado ligado al actual gobierno?

-De alguna manera sí. No quiero con esto decir que solo el gobierno de Piñera ha violado derechos humanos. El tema, por ejemplo de la violencia policial o de la criminalización de la protesta en general lamentablemente ha sido transversal a todos los gobiernos. Pero sí vemos que desde que asumió el gobierno del Presidente Piñera ha habido una profundización de ese tipo de medidas. Y desde que se inició el estallido social en octubre, un empeoramiento aún más grave. De hecho, tanto así que la Oficina para las Américas de Amnistía Internacional toma la decisión de enviar una misión de respuesta a crisis para poder documentar lo que estaba pasando en terreno. Y lo que se vio es realmente muy grave, muy generalizado y lamentablemente no vemos que vaya a mejorar.

Durante los últimos meses ha existido un debate respecto a la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. ¿Ustedes todavía sostienen que aún no se puede hablar de sistematicidad?

-No es que digamos que no son sistemáticas. Nunca hemos negado que puedan ser sistemáticas. El que no sean sistemáticas, o el que lo sean, no hace mayor diferencia en términos de la gravedad de lo que está pasando. Son generalizadas y lo que sí a nosotros nos preocupa, y que lo afirmamos cuando presentamos los hallazgos preliminares en noviembre, y que lo hemos seguido viendo, es que el actuar policial y el actuar del Estado en lo que se refiere a las manifestaciones, y sobre todo desde octubre, apunta muy claramente a evitar que se proteste, a atacar a los manifestantes. Incluso hemos hablado de una intención de dañar a los manifestantes. Y lamentablemente lo que ha sucedido después de noviembre nos ha empezado a dar la razón cada vez más, en el sentido de ver ataques a personas que están manifestándose pacíficamente, que están mirando las manifestaciones, que están documentando las manifestaciones. Eso habla de un actuar desde agentes del Estado que apunta a impedir la protesta y no a detener la violencia que puede estarse cometiendo dentro de esa protesta. Y eso es extremadamente grave y de cualquier forma va a significar una responsabilidad del Estado internacional de cara al derecho internacional de los derechos humanos.

¿Chile queda peor parado en relación a los otros países de Latinoamérica luego del aumento en la cantidad de denuncias desde octubre?

-Lamentablemente sí. Vemos que Chile de alguna manera se sumó a los gobiernos de tendencia intolerante, de tendencia autoritaria que están impidiendo la protesta. Y hoy día está en la lista de países en que identificamos ese problema en la región. De hecho si uno ve las cifras de personas que han muerto en el contexto de protestas, estamos hablando hoy día de más de 30 personas, en un contexto en que en toda la región murieron alrededor de 200. Entonces lamentablemente Chile está en una tendencia que se está sumando a gobiernos de tendencia contraria a los derechos humanos, en lugar de ponerse del lado correcto de la historia.

Otros organismos, como el INDH, HRW, y la Alta Comisión para los derechos humanos de la ONU también presentaron sus observaciones en las semanas posteriores al 18 de octubre, pero el gobierno solo calificó de “irresponsables” los antecedentes que ustedes entregaron en noviembre. ¿Cree que hay un sesgo y que eso pueda cambiar durante los próximos meses?

-Lamentablemente así fue. Tal vez influyó que fuimos los primeros en sacar conclusiones y las conclusiones fueron bastante contundentes. Efectivamente la reacción inicial fue más bien de criticar en vez de acoger las recomendaciones y ver qué de eso podía servir para hacer algo distinto. Lo interesante es que los informes posteriores en su mayoría tenemos grandes coincidencias, en el sentido que sí ha habido graves violaciones a los derechos humanos, que en ningún caso son hechos aislados, que no se puede decir que esto no sea algo generalizado o masivo. Todos los han dicho de alguna forma, tal vez fraseándolo diferente. Pero la tesis que estos son hechos aislados que tienen que llevarse ante la justicia y que esa sea la única respuesta, es absolutamente insuficiente y así lo demostraron los informes. Entonces espero que al tener esta batería completa de informes mostrando esto, de alguna manera el gobierno pueda tomar la bandera de tomar medidas reales para impedir que siga sucediendo.

¿Qué recomendación le realiza al gobierno para resguardar los derechos humanos durante los meses que vienen y que se auguran como críticos?

-Primero, el poder tomar medidas reales para asegurar que Carabineros cumpla con los protocolos y que cumpla con los estándares de derechos humanos de uso de la fuerza. El gobierno ha explicado muchas de las medidas que ha ido adoptando, órdenes que ha dado, la existencia de protocolos, pero lo que uno ve en terreno es que se siguen no cumpliendo incluso con los mismos protocolos que Carabineros tiene, y menos aún con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces lo que urge es un control real de parte del gobierno en términos de asegurar que el actuar policial esté a la altura de los estándares de derechos humanos. Y eso es lo que no hemos visto. Y tampoco hemos visto por parte del gobierno una condena efectiva de la violencia policial. Siempre se ha, de alguna manera, intentado justificar, siempre se ha intentado minimizar por la vía de decir que son casos particulares, que hay que dejar que la justicia actúe, que por supuesto hay que dejar que la justicia actúe, pero esa no puede ser la única respuesta. Porque al nivel de gravedad de lo que estamos viendo, es una respuesta absolutamente insuficiente, y eso es lo que esperamos ver. Queremos ver que ese mismo escándalo que nos producen los hechos de violencia, uno lo vea cuando son agentes del Estado los que están atacando a personas que se están manifestando en forma pacífica.

El gobierno y la propia institución han anunciado una serie de reformas a Carabineros, tanto en la estructura de fuerzas especiales, como en la etapa formativa con mayor presencia de cursos de derechos humanos. ¿Esos anuncios son insuficientes?

-Una de las recomendaciones fuertes que sacamos, incluso desde antes, cuando presentamos los hallazgos preliminares en noviembre, era la necesidad de reformar Carabineros. De hacer una reforma profunda a Carabineros para asegurar que tenga un adecuado control civil, que responda a los estándares de derechos humanos efectivamente, y que además tenga una mayor transparencia y una mayor apertura a que se investiguen situaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros. Hoy día vemos que hay mucha reacción que tiene que ver con autoprotegerse más que con abordar en serio la necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido estamos a la espera de ver el contenido de esas reformas que está prometiendo el gobierno, porque pueden ser reformas cosméticas, que en terreno y en la práctica no tengan mayores diferencias. Un ejemplo de ello es la creación de la Unidad y luego Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, que uno lo puede ver como algo que es positivo, que es interesante, pero que en la práctica del actuar de fuerzas especiales en terreno no ha tenido ninguna diferencia. Y en ese sentido es que nos preocupa. Que ojalá estas sean reformas que efectivamente generen una diferencia en el actuar policial en terreno, y que las personas que se manifiestan pacíficamente lo puedan hacer de forma segura y sin que su principal temor sea el actuar de agentes del Estado.

¿Cuál es panorama de las otras violaciones a los derechos humanos que ustedes han consignado en el informe?

-Creo que es importante también no perder de vista que en Chile hay otras vulneraciones de derechos humanos que se vienen cometiendo de mucho antes de octubre y que no debiéramos perder el foco que eso también sigue pasando. Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, la implementación de la ley de aborto, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, todo lo vinculado a los derechos del pueblo mapuche y la criminalización de la que ha sido objeto por décadas. Son temas que de alguna manera empiezan a perder visibilidad porque tenemos esta crisis, que es comprensible por una parte, pero es importante no olvidar que eso venía de antes y que sigue existiendo.


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