Un paso clave para que el gobierno de Gabriel Boric presente el tan prometido proyecto de ley de aborto sin causales era que la Contraloría General de la República (CGR) tomara razón de los cambios en el reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que regula la objeción de conciencia. Eso ya ocurrió.

Con esta confirmación, este viernes y desde La Moneda, acompañada por parlamentarias oficialistas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que durante la próxima semana el gobierno ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de aborto legal.

Los cambios que se estaban tramitando en Contraloría desde el 31 de mayo del año pasado apuntaban a modificar el decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE) -norma 21.030- en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

 Y es que hasta hoy la aplicación de la norma actual ha estado marcada por dos aspectos claves: la garantía de acceso al aborto por parte de la paciente y la objeción de conciencia como prerrogativa del personal de salud para negarse a practicar el procedimiento. En ese contexto, las modificaciones enviadas por la cartera sanitaria apuntaban a favorecer a aquellos que no se oponen al procedimiento y asegurar el acceso al mismo para quienes lo busquen, con distintas medidas para promoverlo.

En ese contexto, desde la cartera aclaran que en ningún caso se elimina la objeción de conciencia, sino que se ordena a la red de salud para que ninguna mujer y niña quede sin acceso a las causales.

“Ahora podremos decir con certeza que todas las mujeres y niñas de nuestro país que se encuentran en situaciones tan difíciles como lo son las tres causales y necesitan acceder a esta ley, podrán hacerlo sin tener que cambiarse de región o deambular por centros de salud”, aseguró la ministra Orellana.

Desde el ministerio explican que los cambios aprobados en el reglamento buscan asegurar el acceso de las mujeres y niñas a un derecho establecido por ley; informar sobre las opciones que tienen para acceder a este derecho; resguardar que la legítima objeción de conciencia personal no sea un obstáculo; garantizar una atención oportuna, y evitar que las mujeres tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones buscando ejercer su derecho. “Por lo tanto, estamos en condiciones de, la próxima semana, cumplir con el compromiso que adquirió el Presidente en su última cuenta pública, que es ingresar y abrir el debate respecto de la interrupción legal del embarazo en determinados plazos, más conocido como aborto legal”, dijo Orellana.

También destacó que el Ejecutivo decidió dar a conocer el anuncio “a propósito de la legítima inquietud que existe”