Desde que el Ministerio Público informó que había presentado la acusación en contra del senador Miguel Ángel Calisto (independiente) y de otros imputados por fraude al Fisco, los roces entre su defensa, encabezada por Jorge Bofill y César Ramos, y el fiscal regional que lleva la causa, Hernán Libedinsky, se hicieron evidente.

Ramos no tardó en advertir que el persecutor estaría vulnerando el debido proceso, por cuanto habría cerrado de manera “intempestiva” las pesquisas.

“El Ministerio Público procedió a cerrar la investigación y acusar a nuestro representado estando vigente el plazo de investigación. Esta decisión del Ministerio Público se ha adoptado con explícita vulneración del derecho a defensa”, expresó Ramos en su momento.

Por lo mismo activaron una serie de acciones. Pidieron la reapertura de la indagatoria, solicitaron nuevas diligencias, presentaron un recurso de amparo del que luego se desistieron, ingresaron un recurso de inaplicabilidad ante el TC e incluso pidieron al fiscal nacional que Libedinsky fuera removido de la dirección de la causa.

Desde la otra vereda, el fiscal se mantuvo inamovible respecto de su decisión y en cada comparecencia insistió en que es determinación exclusiva de la Fiscalía cuándo cierra una indagatoria. En entrevista con La Tercera, además, Libedinsky planteó que la defensa desplegó maniobras dilatorias y negó que existiera sesgo a la hora de indagar.

Así las cosas, desde el entorno de Calisto estimaron que la relación entre las partes iba a ser algo difícil de reparar, lo que llevó al congresista -según sus cercanos- a evaluar un cambio en su defensa.

Fue así como tras semanas de análisis -y aunque actualmente la causa se mantiene paralizada a la espera de que el TC se pronuncie sobre el recurso del senador-, se zanjó la salida de Bofill y Ramos y el ingreso del estudio que encabeza el penalista Nelson Salas, quien en su momento representó al dueño de la ex Clínica Sierra Bella y quien actualmente defiende al exdiputado Juan Manuel Fuenzalida.

La determinación, como pudo recabar este medio, se oficializó la tarde de este lunes ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

Bofill y Ramos comunicaron su renuncia al patrocinio y poder que les confirió en julio de 2025 el parlamentario, y comunicaron la designación respecto de Salas, José Pablo Gómez, Ernesto Muñoz, Milencka Altamirano y Camila Olivares.

“Miguel Ángel Calisto declara estar en conocimiento del estado procesal de la causa y aceptar las renuncias indicadas, firmando este escrito en señal de aceptación”, se lee en el documento presentado ante el tribunal.

Según había comentado el fiscal Libedinsky, la defensa de Calisto había buscado en el pasado llegar a una salida alternativa para evitar ir a juicio oral, por lo que ahora el nuevo equipo podría insistir en ese camino. Aunque lo principal, como insisten cercanos al congresista, es “generar una mejor comunicación” con la entidad persecutora.

Las mismas fuentes, igualmente, descartan que existieran diferencias entre el senador y sus exabogados.