Luego de que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentara hacia fines de junio la acusación en contra del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) y de otros imputados por delito reiterado de fraude al Fisco, la defensa del congresista activó una serie de acciones.

Así fue como pidieron la reapertura de la indagatoria, solicitaron nuevas diligencias, presentaron un recurso de amparo del que luego se desistieron e ingresaron un recurso de inaplicabilidad ante al Tribunal Constitucional (TC) para detener las pesquisas.

Todas esas acciones salieron a la luz con rapidez, aunque hubo una adicional que el equipo del senador mantuvo en reserva.

Según pudo conocer La Tercera, en medio de la serie de arremetidas que activó el equipo de penalistas que representa a Calisto, y que encabezan los abogados Jorge Bofill y César Ramos, también requirieron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que la indagatoria pase a otro persecutor.

La defensa pidió que la causa respecto del fraude al Fisco y la que se abrió a partir de ella -producto del contenido de declaraciones de los imputados Carla Graf y Roland Cárcamo- dejen de estar lideradas por el fiscal regional de Aysén y se designe a otro persecutor para llevar a cabo las pesquisas.

La solicitud, como indican conocedores del proceso, dice relación -entre otros aspectos- con lo mencionado por Ramos en conversación con este medio, ya que la defensa estima que se estaría ante una investigación sesgada.

“La Fiscalía Regional de Aysén, pese a encontrarse frente a un delito flagrante y consumado de obstrucción a la investigación, cometido mediante la presentación de documentos falsificados, haya decidido no perseguirlo. La Fiscalía cuenta hace meses con el informe de la PDI que da cuenta de la falsedad de tales informes, pero omite perjudicar la posición de Cárcamo y Graf, imputando la falsificación de evidencia. Esa forma de proceder es incompatible con el principio de objetividad y pareciera confirmar que no existe un interés real en investigar imparcialmente los hechos atribuidos al senador”, sostuvo el abogado a este medio el martes.

Adicionalmente, el penalista planteó que resulta criticable que la misma Fiscalía pretenda investigar los hechos denunciados por Cárcamo, cuando es esa misma institución la que ha sido cuestionada por él al sostener que habrían sobornado al exfiscal regional Carlos Palma para que cerrara la investigación contra Calisto.

“La situación que tenemos hoy es que el equipo que pretende investigar los hechos denunciados por el señor Cárcamo, es el mismo que realizaba las diligencias investigativas bajo la dirección del exfiscal regional. Esta situación es evidentemente un problema. La transparencia y la objetividad exigen que la Fiscalía Regional de Aysén no pueda investigarse a sí misma respecto de los hechos denunciados por el señor Cárcamo“, añadió el abogado.

Pese a que la solicitud de la defensa fue ingresada hace varios días, hasta ahora no ha existido pronunciamiento de parte de la Fiscalía Nacional.

La insistencia en TC

Hace una semana, el 15 de julio pasado, el TC admitió a trámite el requerimiento de la defensa de Calisto, aunque no dio lugar a la suspensión del procedimiento que solicitaron en el marco del mismo.

Por lo mismo, este lunes 20 de julio los abogados del senador insistieron con urgencia, evidenciando que de no suspenderse la causa, “el requerimiento de inaplicabilidad deducido quedará privado de cualquier efecto, perdiendo su oportunidad".

Lo anterior, como detallaron, dice relación con que el próximo 27 de julio el Juzgado de Garantía de Coyhaique revisará la solicitud que presentaron para que se ordene al Ministerio Público a realizar una serie de diligencias que estiman pertinentes.

Considerando que ahí podrían no tener éxito, esperan que de manera preventiva el TC congele todo. Así, no corren riesgos.

Ante ello, ciertamente el Ministerio Público y el CDE mostraron su rechazo y expusieron sus argumentos a la sala para que no acoja lo planteado por los abogados del congresista.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal nacional (S) Carmen Gloria Wittwer, no procede que se suspenda el proceso ya que la investigación ya se reabrió y los persecutores accedieron a parte de las pesquisas.

“Con ello queda en evidencia que la audiencia prevista para el lunes 27 de julio en curso, no es para discutir la reapertura de la investigación respecto del senador, sino que es para volver a discutir sobre aquellas diligencias precisas que le fueron denegadas, todo ello en el marco de una investigación que se encuentra abierta para todos los intervinientes. Tanto así que la Fiscalía ha seguido llevando a la práctica las diligencias que fueron pedidas por su defensa”, se lee en el documento presentado por la fiscal.

Asimismo, la persecutora hizo presente que incluso la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia en que revisaría el desafuero del parlamentario, justamente a raíz de la reapertura.

“En ese escenario, reiterar la solicitud de suspensión del procedimiento cuando precisamente la investigación se encuentra abierta y se han decretado gran parte de las diligencias solicitadas por la defensa, parece más bien un contrasentido, ya que será esa audiencia en la que incluso podrá seguir instando por el resto de las diligencias que había pedido y en cambio pretende ahora que no se lleve a cabo“, sumó Wittwer.

Por su parte, en representación del CDE, el procurador fiscal Marcelo Chandía, manifestó que al estar la causa abierta, “no existe riesgo de avance intempestivo hacia el juicio oral ni de aplicación inmediata de la norma impugnada para perjudicar al requirente".

Por lo demás, el profesional recalcó que es contradictorio que la defensa busque la suspensión cuando en el marco del desistimiento del amparo que habían ingresado mostraron otra postura.

“Resulta contradictorio y violatorio de la doctrina de los actos propios que la defensa alegue una ‘urgencia dramática’, cuando ellos mismos han admitido formalmente que la suspensión ya no es requerida tras la reapertura de la investigación. Consta en los antecedentes que con fecha 9 de julio de 2026, los abogados del requirente presentaron un escrito ante Corte de Apelaciones de Coyhaique por el cual desistieron de la acción constitucional de amparo que habían interpuesto", sostuvo.

De la misma forma, el CDE agregó que “suspender el procedimiento en este estado provocaría un absurdo jurídico y procesal: impediría la realización de la propia audiencia fijada para debatir el mérito de las diligencias del senador, paralizando la causa en perjuicio de la celeridad y de la propia actividad investigativa que la defensa pretende tutelar".

Acto seguido, Chandía sostuvo que la solicitud de los penalistas constituiría una “maniobra dilatoria evidente y un abuso de los derechos procesales”.

“El examen de las actuaciones de la contraparte devela un patrón procesal abusivo que busca paralizar la acción de la justicia ordinaria por el delito de fraude al Fisco (...) La reiteración de la solicitud de suspensión no es más que otra pieza de esta estrategia de desgaste institucional para evitar que el parlamentario enfrente las fases posteriores del enjuiciamiento criminal", remarcó.