Un informe elaborado por peritos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Coyhaique estableció que era materialmente imposible que Carla Graf, exasesora del hoy senador Miguel Ángel Calisto (Independiente), elaborara los informes que ella aportó en el marco de su defensa en la investigación por fraude al Fisco que se sigue en su contra y de otros imputados.

Fue el abogado de la imputada -en ese entonces representada por Matías Canales- quien aportó los documentos en septiembre de 2025, cuatro años después del inicio de las pesquisas. La Fiscalía pidió a la PDI periciar esos documentos y esos hallazgos han sido utilizados por el Ministerio Público como piezas clave para formular las imputaciones en contra del parlamentario.

A juicio de la Fiscalía, Calisto junto al marido de Graf, Roland Cárcamo, simularon que el Congreso contratara a la profesional por labores que en realidad nunca realizó. El objetivo, según la imputación del Ministerio Público, era quedarse con esos dineros para beneficio personal.

Pese a ello, para la defensa del senador las conclusiones del peritaje de la PDI a los informes de Graf no hacen más que refrendar que tanto ella como Cárcamo no han tenido escrúpulos y han falseado una serie de antecedentes sólo para salvarse.

Por lo mismo estiman que ellos cambiaron sus declaraciones y terminaron arremetiendo contra el congresista. En sus últimas declaraciones, ambos manifestaron que Calisto estaba detrás del plan de las asesorías fantasmas.

Según sostuvo en conversación con La Tercera el abogado que representa a Calisto, César Ramos, los otros imputados del caso habrían generado pruebas falsas.

“El senador Miguel Ángel Calisto nunca ha sostenido que la asesoría de la señora Graf se tradujera en la elaboración de informes mensuales, trimestrales o periódicos. Su versión ha sido siempre la misma. Se trataba de una asesoría desarrollada principalmente mediante reuniones, de orientación estratégica y definición de objetivos vinculados con su agenda parlamentaria y política", manifestó el penalista.

“Que la señora Graf haya acompañado decenas de informes escritos, con análisis estadísticos y antecedentes de distinta naturaleza, constituye derechamente una maniobra ejecutada por ella y por el señor Cárcamo, cuya falsedad repercute únicamente en su situación procesal", añadió Ramos.

“Ambos destinaron tiempo a elaborar y presentar ante la Fiscalía documentos que contienen datos que ni siquiera estaban disponibles en la fecha en que supuestamente fueron elaborados. Luego los exhibieron como si hubieran sido impresos y archivados oportunamente, incluso incorporándoles marcas de perforación en sus costados”, agregó Ramos.

El abogado recalcó que “esta situación comprueba que el señor Cárcamo y la señora Graf no tienen reparos en falsificar evidencia. Cuando pretendían demostrar que la asesoría era real, no tuvieron problemas en presentar documentos falsos. Ahora, en cambio, cuando el señor Cárcamo necesitaba salir de la cárcel por una causa que lo compromete exclusivamente a él y a su familia, cambió radicalmente su versión y declaró junto a la señora Graf falsamente contra el senador Calisto, en manifiesta contradicción con esas minutas falsas que elaboraron. Esa conducta demuestra que carecen de todo compromiso con la verdad y con la buena fe procesal".

“Lo preocupante de esta situación, es que la Fiscalía Regional de Aysén, pese a encontrarse frente a un delito flagrante y consumado de obstrucción a la investigación, cometido mediante la presentación de documentos falsificados, haya decidido no perseguirlo. La Fiscalía cuenta hace meses con el informe de la PDI que da cuenta de la falsedad de tales informes, pero omite perjudicar la posición de Cárcamo y Graf, imputando la falsificación de evidencia. Esa forma de proceder es incompatible con el principio de objetividad y pareciera confirmar que no existe un interés real en investigar imparcialmente los hechos atribuidos al senador”, enfatizó el defensor.

Adicionalmente, Ramos planteó que resulta criticable que la misma Fiscalía pretenda investigar los hechos denunciados por el señor Cárcamo, cuando es esa misma institución la que ha sido cuestionada por él al sostener que habrían sobornado al exfiscal regional Carlos Palma.

“La situación que tenemos hoy es que el equipo que pretende investigar los hechos denunciados por el señor Cárcamo, es el mismo que realizaba las diligencias investigativas bajo la dirección del exfiscal regional. Esta situación es evidentemente un problema. La transparencia y la objetividad exigen que la Fiscalía Regional de Aysén no pueda investigarse a sí misma respecto de los hechos denunciados por el señor Cárcamo“, puntualizó el abogado.

Formularios validados

En paralelo, desde la defensa de Calisto insisten en que las labores de Graf en tanto asesora del exdiputado, entre 2018 y 2022, fueron validadas por el Congreso cuando se visaron los reportes que ella misma remitía.

De hecho, exponen que un documento firmado por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, que da cuenta de que el Comité de Auditoría Parlamentaria no registra observaciones respecto de sus contrataciones.

“En nuestros registros de los informes anuales que el Comité de Auditoría Parlamentaria nos remite no tenemos constancia de observaciones efectuadas a sus contrataciones”, se lee en dicho documento que data del 25 de julio de 2025. Ahí mismo, eso sí, se hace presente que la revisión que la unidad realiza es meramente formal, no de mérito.

En el mismo reporte, además, se hizo presente que “en lo que respecta a la evaluación de los informes, comprobantes de pago efectuados a doña Carla Graf, como se indica en el número anterior, y del punto de vista formal, la administración no efectuó reparos porque ellos cumplieron con la norma vigente a la fecha de la prestación de los servicios”.