Caso maristas suma más de 30 denuncias y fiscal accede a fichas de religiosos

"Conversamos con Abel. Nos dijo que estaba tranquilo, que estaba dispuesto a lo que sea. No le preguntamos por los hechos. Lo que sí señaló es que el año 2000 fue la última vez que hizo algo de ese tipo, un abuso con un menor. Yo le pregunté por qué esa fecha y me dijo que cuando salió algo de un cura, puede ser el de (Fernando) Karadima, dice él que dejó de hacerlo".

Esta es parte de la declaración que Patricio Pino Medina, representante legal de la Congregación de los Hermanos Maristas, entregó el 1 de septiembre de 2017 a la Fiscalía Sur, y que forma parte del expediente reservado al que accedió La Tercera.

Esta investigación comenzó en agosto del año pasado, luego de que la propia congregación denunciara a la justicia los presuntos abusos sexuales cometidos por el religioso Abel Pérez Ruiz.

¿Cómo se inició esta indagatoria? Según Pino, una publicación en Facebook habría encendido la alerta sobre los presuntos delitos sexuales que se habrían cometido entre 1970 y 2008 en el Instituto Alonso de Ercilla, ubicado en Santiago, y el colegio Marcelino Champagnat, de La Pintana. Ambos establecimientos pertenecen a la congregación.

A este hecho se sumó la denuncia que realizó Hernán Martínez, quien dijo representar a 14 víctimas de hechos de connotación sexual cometidos por un hermano marista.

Para enfrentar este caso, la congregación religiosa pagó a Martínez $ 75 millones a modo de indemnización, a fin de sellar un acuerdo extrajudicial.

En su declaración ante la fiscalía, Pino argumentó que ese dinero se había entregado para apoyar a "una ONG que se dedicara a la defensa de los niños". Sin embargo, en una entrevista publicada por The Clinic, Martínez admitió que "en realidad yo no representé a nadie", y confesó que una parte del dinero se habría entregado a una ONG y otra se quedó en su poder.

Estos antecedentes, así como la lista de 14 presuntas víctimas que Martínez entregó a la congregación para llegar a un acuerdo extrajudicial, hoy están en la mira del Ministerio Público debido a que podría configurar un nuevo delito: la estafa.

Jesús Pérez Valdajos, rector del Instituto Alonso de Ercilla, también declaró en la indagatoria. En su testimonio aseguró que tras conocer los hechos a través de las redes sociales "salió el nombre del hermano y que era Abel Pérez. Se señala que esta situación venía de años atrás y entonces ahí se acordó estar atento y entablar contacto con un exalumno".

En el expediente que instruye el fiscal Guillermo Adasme figura un oficio enviado al jefe regional de la Zona Sur, Raúl Guzmán, para determinar los pasos a seguir en esta investigación. Según Adasme, una de las complicaciones que afronta el Ministerio Público es la fecha en que se habrían cometido los presuntos delitos sexuales por parte de los religiosos.

"Por la data de comisión de algunos de estos ilícitos, podrían ser sujetos de decisiones respecto de la competencia y algunos imputados mencionados están fallecidos, otros en tanto podrían ser materia de investigación", advierte el persecutor.

En paralelo a la indagatoria de la Fiscalía Sur, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago -que tiene competencia en delitos ocurridos con anterioridad a junio de 2005- acogió a trámite una querella presentada por cinco presuntas víctimas. Es decir, investigará los hechos similares denunciados por la Congregación.

Para conocer estos antecedentes, el pasado 19 de abril el fiscal Adasme envió a ese tribunal un "requerimiento de información" para acceder a los antecedentes de esa causa.

Las pesquisas instruidas por el Ministerio Público han permitido identificar, a la fecha, a cerca de 33 personas que tendrían la calidad de víctimas en el proceso. Para determinar la veracidad de las denuncias, el fiscal Adasme ordenó al jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores, Óscar Romero, interrogar a 26 personas, 15 de las cuales habrían sido afectadas por hechos de connotación sexual.

En este grupo se encuentran las presuntos afectados que representa el abogado de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla: Eneas Espinoza, Jaime Concha, Hernán Salinas, Evelyn Espinoza y Edgardo Soto.

En paralelo está la denuncia de Isaac Givovich, yerno del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, junto a Gonzalo Dezerega y Eladio Valdés, quienes cuentan con la asesoría jurídica del portal www.problemas.cl. El otro denunciante, Jorge Franco, quien ha salido en televisión y se reunió con el enviado del Papa, Charles Scicluna, no ha presentado una querella hasta el momento.

En la lista entregada a la PDI se encontraba Mariano Varona, delegado en Chile de la Congregación Marista para temas de abusos y quien habría sido el primero en conocer las denuncias en contra de Abel Pérez. Fuentes de la causa aseguran que Varona, fallecido el pasado 1 de abril y sindicado como presunto encubridor de estos delitos, alcanzó a entregar su testimonio a la fiscalía.

En la diligencia de la fiscalía también se pide interrogar a los rectores de los colegios vinculados a la congregación, y a los profesionales y laicos vinculados con la prevención de delitos sexuales.

Asimismo, una de las estrategias de la fiscalía es conocer todos los recintos donde trabajaron los religiosos investigados. Para ello se pidió a la congregación entregar los registros históricos de su paso por otros colegios en regiones, así como sus salidas de Chile. Debido a la data de los delitos indagados, la solicitud cobra especial relevancia debido a que podría retrasar el tiempo de prescripción de los ilícitos. En esta línea la fiscalía acotó su indagatoria a las denuncias de casos entre 2006 y 2008.

La investigación que lleva adelante la fiscalía acumula cerca de 10 denuncias presentadas por la Congregación Hermanos Maristas, además de una querella presentada por cinco presuntas víctimas.

De estas presentaciones judiciales la fiscalía acotó la investigación a siete religiosos: los hermanos maristas Abel Pérez Ruiz, Luis Humberto Cornejo Silva, Jesús Castañeda de la Viuda, Armando Alegría Moscoso, Adolfo Fuentes Corral. También se encuentra el sacerdote capuchino Sergio Uribe Gutiérrez, y el ex vicario de la solidaridad Cristián Precht Bañados.

Los casos que implican a los religiosos maristas Luis Castillo Santander y Hernán González Rojas no serán investigados debido a que los denunciados fallecieron (ver fichas contenidas en el expediente).

El expediente, asimismo, contiene una denuncia presentada por el abogado Juan Pablo Donoso. El profesional, reservando la identidad de tres nuevas víctimas, ingresó un escrito a la fiscalía contra quienes resulten responsables de encubrir presuntos delitos de violación y abuso sexual.

El documento, además, pide que se investigue una eventual omisión de denuncia por parte de las autoridades de la Congregación Marista.

Según Donoso, la denuncia busca que la fiscalía indague una "estructura organizada y jerarquizada de poder, la cual notoriamente actuó en desmedro de las víctimas, operó sistemáticamente bajo el modus operandi de movilidad de los agresores y ocultó información a la justicia".

Entre las diligencias solicitadas está la toma de declaración a Saturnino Alonso, provincial de la congregación, así como a profesores y autoridades académicas de la época.

Felipe Moraga, abogado defensor de Adolfo Fuentes, uno de los religiosos investigados por la fiscalía, enfatizó que es "esencial el derecho que tiene cualquier persona de denunciar y pedir que se investiguen los hechos respecto de los cuales se sienten afectados. Pero también es profundamente esencial el derecho de toda persona de alegar su inocencia, a sentirse inocente y ser tratado como tal".

Según Moraga, su representado "se declara absolutamente inocente de los hechos que se le imputan; después de una carrera intachable de más de 52 años se le imputan hechos ocurridos hace 40 años".

Un oficio enviado por el fiscal Guillermo Adasme a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI le ordena realizar una "identificación, entrevista y toma de declaración" a las 14 personas que el exalumno Hernán Martínez incluyó en una lista de supuestas víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos de la Congregación Hermanos Maristas.

Producto de esta denuncia, en que sindicaba como responsable de ilícitos de índole sexual al religioso Abel Pérez, Martínez llegó a un acuerdo extrajudicial con la entidad, la cual, el 11 de agosto de 2017 le pagó $ 75 millones como indemnización.

A siete meses de alcanzar ese acuerdo, la congregación, a través de sus abogados asesores Alejandro Peña y Vinko Fodich, comenzó a realizar una serie de diligencias y contactos con las presuntas víctimas.

El resultado, según consigna el expediente de la Fiscalía Sur, es que los abogados lograron dar con el paradero de cuatro exalumnos presuntamente afectados, quienes "nos han expresado que jamás han sido víctimas de delitos de esas características", detalla el documento que Peña y Fodich entregaron a la fiscalía.

Asimismo, en una carta que tiene fecha 8 de abril, otro de los presuntos denunciantes incluidos en la lista de Martínez hizo llegar una carta al rector del Instituto Alonso de Ercilla, Jesús Pérez.

"Me enteré de esta situación dado que a mi domicilio llegó a mediados del mes de marzo de 2018 el subcomisario Oscar Romero, de la unidad de Delitos Sexuales, Brisexme", relata en la misiva.

Agrega que "le comenté que no era víctima, que no conocía a Hernán Martínez y que en diciembre me llamó por teléfono el hermano Varona, quien me consultó si yo había sido víctima de abusos sexuales en el colegio, a lo que respondí que no. Quiero aclarar por este medio que yo no he sido ni fui víctima de abusos sexuales y tampoco fui víctima de ningún tipo de abusos durante mis años de escolaridad".

Entre las personas a las que la PDI también tomará declaración se encuentra el propio Hernán Martínez. Pese a esta situación, fuentes de la investigación aseguran que en el listado de Martínez existen verdaderos afectados por estos hechos.

Sobre este punto, el abogado Felipe Moraga dijo que "me parece un hecho gravísimo que la investigación arroje que exista una persona que invente la calidad de víctima de terceros con el propósito de cobrar una indemnización, ya que puede poner en tela de juicio el testimonio de eventuales reales víctimas".