Junto con las investigaciones penales y administrativas que se han dispuesto a raíz del caso del sicario de Meiggs, Alberto Mejía (18) -excarcelado el pasado 10 de julio a pesar de que debía permanecer en prisión preventiva en Santiago 1-, autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia han activado una serie de medidas para evitar que este tipo de situaciones se repliquen.

Con fecha 17 de julio, el pleno de la Corte Suprema determinó elaborar un protocolo para fijar un sistema único de tramitación penal “que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales”. Y este lunes 21, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que harán una revisión de las causas donde haya imputados extranjeros, para validar si efectivamente han sido correctamente identificados. Para ello, según dijo, harán un cruce de antecedentes con datos solicitados a Gendarmería.

Desde Justicia, en tanto, se solicitó a Gendarmería analizar medidas para fortalecer ciertos procesos, un trabajo que ha desarrollado durante la última semana el director nacional (s), Rubén Pérez, bajo total sigilo.

Y si bien dichas evaluaciones siguen en proceso, ya se dictaron las primeras órdenes por parte del mando, de acuerdo con antecedentes conocidos por La Tercera.

Entre ellas, según fuentes consultadas por este medio, se dispuso que efectivos del Departamento de Inteligencia Penitenciaria refuercen las gestiones de registro y perfilamiento de los reos que ingresen a prisión preventiva. Particularmente, cuando se trate de imputados extranjeros en situación migratoria irregular, ligados al crimen organizado o causas complejas.

Junto con ello, según explican funcionarios penitenciarios, se dispuso la reactivación de la Unidad de Análisis Penitenciario -a quienes apoyarán los funcionarios antes mencionados-, pues era justamente esa repartición la que se abocaba al primer análisis de los imputados que día a día pasan a control de detención y su posterior formalización. Es la instancia que se denominaba como “el primer eslabón” en el perfilamiento de los imputados.

Dado que a Gendarmería no se le entregan mayores antecedentes respecto de los imputados que ingresan a prisión preventiva, más que datos de identificación y el delito por el que se le imputa, la idea -según fuentes conocedoras del proceso- es reforzar el “enrolamiento” que hace la institución sobre ellos.

Esto permitirá, dicen las mismas fuentes, una mejor clasificación del interno -lo que realiza otra unidad- y un mejor seguimiento de los distintos procesos que le afecten.

Por lo mismo, y en atención a que el caso del sicario de Meiggs se dio en dependencias de Santiago 1, esa fue la primera unidad que se visitó por parte de autoridades ministeriales y penitenciarias. Esto ocurrió, como pudo conocer este medio, durante la jornada de ayer lunes.

Adicionalmente, y en el marco de la seguidilla de acciones que se han dispuesto en torno al caso, el titular de Justicia confirmó que determinó convocar a una sesión extraordinaria del Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, la cual tendrá lugar la jornada de este viernes 25 de julio.

En dicha ocasión, como adelantó el secretario de Estado en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se planteará la idea de que tanto el Ministerio Público como los tribunales puedan hacer una suerte de “señalamiento” de las causas que se consideren de mayor riesgo, para así hacer un seguimiento más específico, y eventualmente hacer dobles chequeos de antecedentes.

A la espera de antecedentes

Durante la jornada, además, el fiscal nacional se refirió nuevamente a los antecedentes solicitados a Gendarmería para identificar con precisión a los extranjeros que hoy se encuentran en los distintos penales, momento en que detalló que la idea busca tener más y mejor información.

“La Fiscalía Nacional cuenta con una división de Contraloría Interna, y esa división va a tomar esta lista, que ojalá que efectivamente se remita tal como se manifestó, y va a iniciar un trabajo de revisión de las carpetas, en coordinación con los fiscales regionales y los fiscales adjuntos”, sostuvo.

“Desde 2023 y en adelante, en virtud de instrucciones de la Fiscalía Nacional, estamos solicitando la prisión preventiva de todos los imputados cuya identidad no puede establecerse, y hay una serie de medidas que se han adoptado. Pero de 2023 hacia atrás, esas medidas no se adoptaban, no con la frecuencia con la que se hace ahora, y queremos asegurarnos que no haya en las cárceles personas que tengan, en realidad, una identidad distinta de la que nos proporcionaron en su momento”, agregó Valencia

Las reclamaciones de Gendarmería

Desde Gendarmería han insistido en que tienen total disponibilidad de colaborar durante los procesos que se requieran, aunque en medio de la Comisión de Constitución de la Cámara, el director nacional (S) expuso cierta molestia.

“La cárcel no puede ser vista solo como un lugar de encierro, de privación de libertad, sino como también una rica e inagotable fuente de información que está siempre a disposición de las tareas investigativas del Ministerio Público, en otro ámbito, en otros casos, en otro foco investigativo", dijo Pérez.

Por lo mismo, destacó que es fundamental plantear la interrogante de qué institución debe encender las alarmas sobre los imputados. “¿Por qué la alerta necesariamente tiene que provenir de Gendarmería respecto a este caso? ¿Y qué pasa con el papel anterior de otras instituciones?", precisó.

El director (S) también insistió en que se requiere que las instituciones, como el Ministerio Público o el tribunal, hagan una suerte de marcaje de ciertas indagaciones.