Cinco páginas tenía en total el oficio nº287 de los jueces presidentes de los juzgados de garantía de las cortes de Santiago y San Miguel en que acordaron, el pasado 3 de octubre, suspender el denominado bloque PM en el Centro de Justicia.

La decisión tenía repercusiones inmediatas, ya que impedía agendar audiencias de control de detención y formalización durante la tarde en los tribunales de dichas jurisdicciones.

La medida generó cuestionamientos de parte del gobierno y fue dejada sin efecto por parte del Poder Judicial tres días después de la resolución inicial.

La determinación de los tribunales de primera instancia, según lo expusieron en su oficio, se debía a varios motivos, aunque principalmente porque “el Centro de Justicia de Santiago y su entorno no cuentan actualmente con las medidas de seguridad requeridas para mantener el orden al atardecer, momento en que terminan las audiencias de control de detención que se inician a las 16.00 horas”.

El primero en cuestionar el acuerdo ahora suspendido, fue el ministro de Seguridad Luis Cordero, quien sostuvo que “para efectos del funcionamiento del sistema de seguridad pública es un problema, porque al eliminar el bloque de la tarde, probablemente va a generar un atochamiento de flujo de detenidos en los lugares donde se concentran esas personas antes del control de detención”.

Después fue el turno del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien señaló que “era muy inconveniente haber tomado esa decisión sin considerar el resto de los organismos que forman parte del sistema de justicia, y que esa decisión tiene impacto sobre Carabineros, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, y, por lo tanto, es una decisión de las típicas decisiones que hay que coordinar con el resto de los poderes que forman parte del sistema de justicia”.

¿Una medida a analizar?

La suspensión de la medida se resolvió el 6 de octubre, durante el pleno de la Corte Suprema en el que se acordó suspender la resolución de los jueces.

Junto con eso, el máximo tribunal también acordó pedir informes tanto a nivel interno del Poder Judicial, como a una serie de instituciones como al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, a las cortes de San Miguel y Santiago y al coordinador del Centro de Justicia, para que se refirieran “respecto de la pertinencia de implementar los acuerdos adoptados”.

En esa misma línea, el ministro Gajardo también informó que tras conversar con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco y el fiscal nacional, Ángel Valencia, “quedamos de abordar esta materia en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que es una instancia que le toca presidir al Ministerio de Justicia, está además el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, la defensora nacional pública, las policías y gendarmería de Chile, es decir, todos los actores del sistema de justicia penal".

“Vimos la necesidad de incorporar esto en la próxima tabla de la próxima comisión para ver eventualmente si es que es necesario hacer algún tipo de adecuación o modificación al funcionamiento que tiene actualmente el Centro de Justicia”, agregó Gajardo quien destacó que “nos vamos a coordinar para tomar la mejor decisión para el sistema de justicia que por cierto considerará eventualmente lo que planteen los jueces en el marco de su asociación gremial”.

Precisamente dicho requerimiento también viene de las asociaciones gremiales del Poder Judicial. La presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas, Mariela Hernández afirma que eliminar o modificar el bloque PM “es indispensable teniendo en consideración la situación de seguridad que alberga a estos tribunales. Como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, los tribunales no tienen resguardo de Gendarmería de Chile. Solamente tienen gendarmes en aquellas causas cuyos imputados se encuentran privados de libertad”.

Además de eso, plantea Hernández, “el día de hoy no se justifica la mantención del bloque PM. Lo que se solicita es un bloque único que se vean todas las audiencias de los delitos que se cometieron el día anterior y las órdenes de detención que han sido emanadas de los tribunales”.

Los fiscales levantan la voz

Para la Asociación de Fiscales, la determinación de los magistrados también tuvo repercusiones. La presidenta de dicha agrupación gremial, Patricia Ibarra cuestiona “que se haya llegado a este acuerdo sin consultar a los fiscales o a los demás intervinientes. Nos parece que se debiera de haber hecho antes de mandar el oficio cambiando el sistema de trabajo”.

Ibarra, afirma que -pese a que comparten la preocupación por la seguridad- haber aplicado una medida de este tipo habría tenido implicancias en el trabajo de los persecutores.

Según explica la representante de los fiscales, cerca del 35% de las audiencias son en la tarde, y se utiliza para los imputados fueron detenidos a primeras horas del día y que no pueden ser formalizados inmediatamente, ya que se deben recabar los antecedentes para imputarlos. “Cuando pasan al bloque PM, que comienzan las audiencias a las 16 horas, durante la mañana se realizan todas las diligencias”, explica.

En ese sentido, agrega la fiscal, de tener que formalizar a todos en la mañana sin haber realizado las diligencias correspondientes, las audiencias “es muy probable que no se puedan llevar a cabo y haya que pedir ampliación de la detención para el día siguiente. Con eso se aumenta el tiempo en que las personas estarían privadas de libertad”.

Por lo mismo, concluye Ibarra, “lo que hay que hacer acá es conversar y buscar alternativas que sean eficientes y que permitan cumplir con las normas de la justicia. Para nosotros sí es fundamental la seguridad, y como alternativa, lo mejor sería que las audiencias de la tarde se hicieran en una hora un poco más temprano, pero de manera remota, como se hacían en la época de pandemia, pero esta vez por un tema de eficiencia y seguridad”.