En septiembre de 2020 el oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) Sebastián Ortega (41) se enfrentó por primera vez a una situación que no supo resolver con el idioma que había marcado su carrera: no logró traducir con precisión las escuchas telefónicas de una causa por tráfico de drogas en la que le habían pedido colaborar.

Llevaba 17 años como detective y era uno de los dos funcionarios de la institución capacitados en chino mandarín. Por esa especialización lo habían integrado al equipo de investigación de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur (Briant Metro Sur), donde su rol era claro: traducir y transcribir interceptaciones telefónicas de presuntos miembros de la organización criminal china Bang de Fujian —agrupación transnacional que opera en barrio Meiggs y aún mantiene presencia en el país, según el informe Crimen Organizado en Chile del Ministerio Público— que actuaban en Recoleta, San Joaquín, Macul, San Miguel y La Pintana.

El llamado lo hizo Eduardo Gatica, entonces prefecto de la brigada, quien ya conocía su trabajo como traductor. La misión era apoyar la desarticulación de la banda. Pero la organización tenía una ventaja: sus integrantes no se comunicaban en mandarín, sino en un dialecto de la provincia de Fujian, al sur de China.

—La fonética y la pronunciación eran totalmente distintas. Es como decirte castellano y mapudungún —explica Ortega.

Para enfrentar esa barrera, Gatica también convocó a la subcomisaria Makarena Rodríguez (39), la otra detective de la PDI que maneja el chino mandarín. Rodríguez se integró al trabajo de traducción de documentos y, luego, participó en los allanamientos a los galpones donde se cultivaba la droga. Allí leyó los derechos a los detenidos y tomó contacto con personas que podrían estar en situación de trata, funciones en las que el idioma resultaba clave.

No suelen trabajar juntos, pero en esta investigación sus trayectorias coincidieron. Era la primera vez que ambos participaban en una causa de narcotráfico vinculada a ciudadanos chinos.

—Era la primera vez que me tocaba un caso así, no lo había visto antes. Desde ese momento entendí que en Chile había personas dedicándose a esto como actividad criminal, aunque hasta entonces no se había detectado —relata Rodríguez.

El equipo que se armó para la investigación también era nuevo. Rodríguez recuerda que, aunque no conocía a todos, su fama como intérprete ya circulaba entre sus colegas. “Algunas personas me conocían de antes, ya sabían que yo hablaba chino de muchos años. Como que se había ido pasando la voz”, cuenta.

Ortega recopiló las llamadas y mensajes de los ocho detenidos que luego serían parte de las pruebas en el juicio. Fue entonces cuando apareció el problema. En su escritorio dentro de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur abría los audios desde el programa de interceptaciones al que accedía por la red interna. Algunas conversaciones avanzaban con normalidad: esas podían traducirse y convertirse en informes. Pero otras quedaban suspendidas. Reconocía que no era mandarín. Volvía a escuchar. No encajaban. “No era mucho lo que se podía hacer”, relata Ortega.

“En toda causa de criminalidad transnacional, con imputados extranjeros, la diversidad de idiomas representa un desafío para la persecución penal”, explica el fiscal de crimen organizado de la Fiscalía Sur que llevó el caso, Yans Escobar, quien agrega que “los traductores son claves en las causas con imputados de idioma extranjero”.

Ante esa dificultad, las traducciones fueron enviadas a Europa vía Interpol. Rodríguez recuerda que el proceso pasó por distintas instancias internacionales y que no se hizo con la prolijidad esperada. En el juicio, los jueces decidieron descartarlas.

Finalmente, tras cuatro años de proceso, el 16 de diciembre de 2024, el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a todos los imputados del delito de asociación ilícita. Los chinos detenidos solo fueron condenados por tráfico de drogas y tenencia de arma de fuego. La barrera idiomática, esta vez, funcionó como escudo. Recibieron penas de siete años de cárcel, salvo el encargado de la logística, quien fue sentenciado a 10. La absolución evitó que sumaran, al menos, otros 10 años de prisión.

Por ese entonces, Sebastián Ortega cursaba la Academia Superior. Entre sus proyecciones estaba canalizar su inquietud por los asuntos internacionales, y esa etapa lo preparaba para seguir ascendiendo en la carrera institucional. Fue allí donde se enteró de la sentencia. La resolución, cree, fue un golpe para su trabajo como traductor.

La amenaza de Fujian

El interés del oficial Sebastián Ortega por los idiomas surgió tras su ingreso a la PDI. Su inclinación por los asuntos internacionales lo llevó, con los años, a postular a una beca institucional para estudiar en Beijing. Tras meses de evaluación, obtuvo el cupo para cursar chino mandarín en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Viajó en 2010 y permaneció en China hasta 2012.

Así comenzaba a perfilarse una línea de trabajo policial con proyección transnacional.

En su primera semana de regreso al país fue destinado al área de llegadas internacionales del aeropuerto. Lejos de verlo como un desprecio, lo entendió como una oportunidad. Su intención era llegar a cualquier lugar donde pudiera usar el idioma, por lo que pensaba que el aeropuerto no era una mala opción, mientras se mantenía a disposición de otras unidades que requirieran intervención en chino mandarín.

En ese mismo periodo, Makarena Rodríguez también postuló a la beca: entendía que el chino mandarín ofrecía mayores proyecciones profesionales. “Me quería ir al extranjero y necesitaba aprenderlo rápido. En Chile sentía que me estaba estancando”, recuerda.

Cuando Ortega y Rodríguez viajaron a Beijing, el escenario que más tarde enfrentarían en Chile aún no era evidente. En esos años, los delitos más frecuentes asociados a ciudadanos chinos en el país eran infracciones a la propiedad intelectual o casos incipientes de trata de personas. Esa comunidad migrante, en paralelo, crecía de forma sostenida. Según el Servicio de Migraciones (Sermig), entre 2017 y 2018 se produjo el mayor salto: de poco más de nueve mil a más de 13 mil personas.

Rodríguez recuerda ese boom con claridad: “Empezó a llegar gente por tráfico de personas, la mayoría era de la provincia de Fujian”.

Ahí el fenómeno comenzó a aparecer con mayor nitidez. Las estructuras criminales de origen chino ampliaron su alcance. En 2020 se abrió la causa vinculada a la agrupación Bang de Fujian. Más tarde, en 2025, la Fiscalía Sur desarticuló otra célula asociada a estas redes: una organización liderada por Weimin Xiao —detenido ya en la misma causa de 2020—, dedicada al tráfico de drogas, la operación de casinos ilegales y a impulsar un mercado de comercio sexual, con presencia en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Pablo Zeballos, especialista en crimen organizado transnacional, asegura que estas estructuras “estarían interesadas en utilizar a Chile como una plataforma logística financiera, por las condiciones que ofrece el país: facilidad para constituir sociedades, acceso al sistema bancario y una política pública de bancarización casi inmediata. Por lo tanto, Chile resulta atractivo para ocultar actividades criminales o blanquear dinero de origen ilícito”.

Ortega lo observa desde la práctica policial. A diferencia de otras organizaciones, dice, se trata de estructuras “muy cerradas, con núcleos concéntricos de información”, lo que dificulta las investigaciones. Rodríguez coincide y describe otro rasgo que ha visto en terreno: “Son austeros, guardan mucho dinero en efectivo. Sus lujos no son visibles; a veces están en el oro, el jade, las piedras preciosas. En general, son de bajo perfil”.

Para las instituciones, el aprendizaje ha sido reciente. “En Chile no tenemos todas las herramientas, porque no conocemos mucho del funcionamiento de las mafias chinas”, advierte Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Tras dos años en el aeropuerto, Ortega fue destinado, en 2014, a la Brigada de Trata de Personas. Su rutina cambió de inmediato. Ya no conducía entrevistas breves para despejar dudas sobre un viaje o revisar documentación, sino que era parte de investigaciones prolongadas, con interceptaciones telefónicas, seguimientos y declaraciones extensas a víctimas, testigos e imputados.

La unidad, además, era nueva. La ley de trata de personas llevaba poco tiempo vigente en Chile y el equipo tenía que “conocer el delito, conocer las implicancias, tener relacionamiento con el Ministerio Público, porque era un delito que recién se había tipificado en Chile, entonces era todo un aprendizaje continuo”, explica Ortega. El foco también se ampliaba. No bastaba con saber por qué alguien había llegado al país; había que reconstruir su historia, su vida en China, qué lo había motivado a migrar y en qué condiciones se encontraba ahora.

El trabajo exigía otro tipo de presencia. Horas de vigilancia, seguimientos y coordinación constante con el equipo. La integración fue natural, dice, porque aunque había funcionarios nuevos, también había colegas con los que se había cruzado antes en otras unidades. “Pasábamos muchas horas juntos”, explica. La dinámica era distinta a la del aeropuerto, más exigente y más cercana al terreno, pero su experiencia anterior le dio herramientas para moverse en ese nuevo escenario.

“Paulatinamente nos fuimos dando cuenta de que la barrera idiomática se estaba debilitando, porque podíamos hacer buenas investigaciones”, explica. Esas habilidades comenzaron a ser clave para perseguir delitos que, de manera menos visible, se estaban volviendo cada vez más complejos dentro del país.

Llenar el vacío

La madrugada del 4 de diciembre de 2025, equipos de la PDI ingresaron de forma simultánea a decenas de domicilios en el barrio Meiggs. En uno de ellos, un hotel, participaba la subcomisaria Makarena Rodríguez. En otro punto del operativo, el oficial Sebastián Ortega se encontraba en locales de karaoke que funcionaban como fachada. Ambos habían sido llamados nuevamente por Eduardo Gatica, ahora prefecto de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, para una causa donde el idioma era clave. Era el momento de redimirse. La operación fue bautizada Muralla Oriental.

Rodríguez se movía entre distintos lugares como apoyo móvil. “Necesitamos traductor aquí”, le decían por teléfono, y partía. Esa noche los domicilios eran tantos, cerca de 60 inmuebles, que no alcanzó a cubrirlos todos. A algunos sitios llegó recién al día siguiente, cuando los equipos ya llevaban horas intentando comunicarse sin éxito.

En uno de esos procedimientos, mientras los funcionarios irrumpían en un edificio, tres hombres saltaron desde un cuarto piso e intentaron huir. La escena le resultó familiar. “En 2020 me pasó algo parecido: uno salió corriendo descalzo por un techo con vidrios”, recuerda.

Esta vez, sin embargo, el idioma no fue una barrera.

La operación permitió desarticular en Meiggs una red de origen chino investigada por asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos, secuestros, extorsión y contrabando. La policía detuvo a 30 personas —27 ciudadanos chinos, dos chilenos y un boliviano— e incautó cerca de $ 600 millones vinculados a la organización.

—Fue clave, porque dio cuenta de antecedentes que sin él no hubiésemos podido tener —dice Gatica sobre Ortega.

Una semana antes, mientras se afinaban los preparativos de la operación en Meiggs, Ortega había sido notificado de que sería destinado como oficial agregado a la embajada de Chile en China.

Había postulado en abril, pero con el paso de los meses asumió que no había quedado seleccionado. La notificación llegó cuando ya no la esperaba. De los cerca de 30 funcionarios que la PDI destina cada año a misiones diplomáticas, fue asignado precisamente al país que ayudó a moldear su carrera profesional. Había cumplido su sueño, dice hoy, conectado desde China.

Las llamadas que llegan desde distintas regiones del país para solicitar apoyo de traductores de chino mandarín ahora solo las contestaría Rodríguez.

Y eso era un asunto que tenían que resolver.

Entre 2022 y 2025, la PDI envió a 3.655 funcionarios a distintos cursos de idiomas, pero solo un 4,3 % de ellos se especializó en chino mandarín. Además, se trata de formación básica. De ese grupo, uno será capacitado para asumir parte de las labores que dejó Ortega y apoyar a Rodríguez. El problema es que aún no está listo.

Desde Arica, la subcomisaria contesta el teléfono recién llegada de un operativo contra una banda criminal integrada, en parte, por ciudadanos chinos. La investigación —desarrollada junto al FBI— apunta a millonarias estafas en la Zofri: más de 400 víctimas y un perjuicio que supera los 200 millones de dólares. Hay 49 formalizados, varios de ellos vinculados al clan Bang de Fujian.

A pesar de que Rodríguez sueña con volver a China, sabe que ese no es su presente. “Me encantaría que más colegas estudiaran el idioma (…), sería un apoyo”.

Su deseo hoy es simple: no ser la única en la PDI que sepa descifrar a las bandas de Fujian.